El 30 de marzo de 2023, el ingeniero comercial de la Universidad Católica Eduardo Guerrero asumió como vicepresidente ejecutivo de Primus Capital. El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Raimundo Valenzuela, mediante un hecho esencial que marcó un punto de inflexión en la historia del factoring. Fue el inicio de un periodo crítico, en el que la empresa denunció una red que habría provocado un perjuicio superior a los $100.000 millones.

Con el respaldo del penalista Francisco Velozo, el ejecutivo activó un plan para llevar ante la justicia a los principales imputados: Francisco Coeymans, exgerente general; Ignacio Amenábar, gerente comercial; Antonio Guzmán, abogado; y Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina. Según la Fiscalía, todos ellos actuaron coordinadamente para defraudar a la compañía mediante la creación de sociedades de papel, a nombre de personas con visa en tránsito y mujeres que recibían pagos mensuales. Estas entidades accedían a financiamiento presentando facturas falsas.

Pero la batalla más importante aún no comienza formalmente, aunque el factoring hace dos años dio el primer paso y hace poco el asunto escaló a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El pasado martes, Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada e Inversiones Estrella del Norte Limitada —sociedades que controlan Primus Capital— presentaron a la Corte de Apelaciones de Santiago un informe elaborado por el perito contable Leonardo Torres, en el que se formulan críticas a la gestión de auditoría realizada por Deloitte al factoring durante el periodo del fraude. Esto ocurre luego de que, el 5 de octubre de 2023, el abogado José Luis Honorato, en representación de ambas sociedades, presentara una medida prejudicial ante el 27º Juzgado Civil de Santiago para que se ordenara a la auditora exhibir una serie de documentos relacionados con su actuación durante el periodo en que ocurrió el fraude.

En el marco del proceso, Deloitte entregó los papeles de trabajo que respaldan las auditorías realizadas a Primus Capital entre 2020 y 2022. También incluyó informes sobre las filiales de la empresa, tal como exige la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El peritaje concluyó que “no se observa que se haya ejecutado un procedimiento de confirmaciones externas de deudores comerciales, lo cual es recomendado por Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs), y en su ausencia, no se logra evidenciar una conclusión del equipo de trabajo para tomar esta decisión, tal como se indica en las NAGAs”.

“No se observa trabajo sustantivo de validación para auditar la partida más relevante del Estado de Resultado Integral, como lo es los Ingresos por devengo de Diferencia de precio. No se visualiza el por qué esta partida no posee una validación por los periodos auditados por Deloitte (acumulativo)”. También hubo “errores en la identificación del período de los papeles de trabajo con relación al período de auditoría al que corresponde; papeles de trabajo con distinto nombre de archivo, pero que corresponden al mismo papel de trabajo; papel de trabajo en blanco (sin formato ni contenido); papeles de trabajo sin conclusiones; papeles de trabajo con el nombre de otra empresa distinta al grupo auditado; todo lo cual expone de manifiesto un actuar desprolijo y alejado de las normas profesionales que rigen la profesión (NAGAs)”.

¿Inadmisible?

A fines de mayo Inmobiliaria Estrella del Sur e Inversiones Estrella del Norte acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando que Deloitte no cumplió con la orden que le exigía entregar todos los documentos sobre seis auditorías a Primus Capital.

Según ellas, la auditora entregó papeles desordenados, incompletos, con errores y documentos repetidos. Por eso, pidieron que se le ordene volver a entregar todo, pero bien organizado.

Ante esto, Deloitte, representada por el abogado Aldo Molinari, pidió a la Corte que rechace el recurso. La firma dice que este tipo de reclamo no se puede presentar por esa vía, porque la resolución que se cuestiona no genera efectos definitivos ni cambia el curso del proceso.

Además, Molinari sostuvo que, incluso si se considerara que la resolución equivale a una sentencia intermedia, tampoco correspondería este tipo de apelación. Según explicó, las empresas debieron presentar un recurso directo, y no en forma subsidiaria como lo hicieron. Por lo tanto, insiste en que la Corte debe declarar el recurso inadmisible.

Respuesta

A través de una declaración por escrito, Deloitte negó “las afirmaciones contenidas en este informe, que además de ser un documento parcial, elaborado a la medida de la posición de los accionistas de Primus, carece de todo valor probatorio”.

“Esta es una acción más de los accionistas de Primus para tratar de desviar la atención sobre las responsabilidades que como administradores les caben en la gestación de este fraude. Recordemos que la misma CMF sancionó al ex gerente general Francisco Coeymans por entregar de información falsa a terceros y al mercado”, acotó.

“Dicha situación también afectó a Deloitte, y por lo mismo estamos exigiendo la exhibición de documentos en una medida prejudicial. En el proceso se probará cómo su administración no cumplió con la obligación de prevenir y detectar de fraudes durante todos los periodos auditados”, señaló.

Audiencia

Primus Capital continúa realizando gestiones ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La empresa solicitó una reunión mediante la plataforma de Ley de Lobby para conocer el estado de la investigación contra su exgerente general, Francisco Coeymans. Finalmente, la Comisión accedió a la audiencia y el pasado 28 de mayo —dos días después de que el regulador comunicara oficialmente una sanción histórica de 50.000 UF contra el exCEO—, el fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, se reunió con el presidente de la firma, Raimundo Valenzuela.

La audiencia, que se extendió por 30 minutos y se realizó por videoconferencia, contó con la participación de Raimundo Valenzuela, quien estuvo acompañado por el director de la empresa, Benjamín Lasso, y los abogados externos Juan Francisco Asenjo y Tomás Barros, socios del estudio GWJ&A.

A la reunión también asistieron María Luz Schachtebeck, coordinadora Unidad de Investigación CMF, Karen Fernández, analista Senior Unidad de Investigación CMF, y María José Mora, abogada de la Unidad e Investigación CMF.

¿El motivo de la audiencia? “Aportación de antecedentes relativos a presentaciones anteriores”, consignó el acta oficial.