La ley de reforma previsional que aprobó el Congreso a inicios de este año definió que el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en agosto de 2026 pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible en los últimos años.

Desde 2026, “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, puntualiza la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

El gobierno debía enviar un nuevo proyecto, en un plazo máximo de tres meses (90 días) desde publicada la ley de reforma de pensiones, “para regular los ajustes operativos y regulatorios necesarios para el pleno traspaso del SIS (…) la forma en que las administradoras transferirán los recursos actualmente destinados al financiamiento de su operación, las mejoras a su funcionamiento, las normas que aseguren su sostenibilidad dentro del seguro y la licitación pública por medio de la cual se adjudicará, que realizará el administrador del FAPP”; señalaba la reforma.

Y así ocurrió, pues el mes pasado el gobierno ingresó dicho proyecto al Congreso, el que actualmente está en tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado.

Precisamente hasta esa instancia acudió este lunes la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, para dar su opinión sobre esta iniciativa en representación de las seis administradoras que integran el gremio (Provida, Habitat, Modelo, Capital, Planvital, y Cuprum), de un total de siete que hay en el sistema (solo UNO no forma parte).

Allí, la presidenta de las AFP criticó que, si bien la ley que reforma el sistema de pensiones prometía “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social y al FAPP, eso en la práctica no ocurre con el proyecto de ley que ingresó el gobierno.

“¿Cuál es la situación? Que en realidad no hay un pleno traspaso (del SIS). Lo que dice este proyecto de ley es que toda la administración, o gran parte de esta administración, sigue quedando en las AFP. Y la situación acá, es que no solamente hay una licitación que se debe hacer del SIS a las compañías de seguro, sino que hay un cálculo de cobertura, se calculan los beneficios, se otorgan los beneficios, se administran, se pagan las prestaciones, además de todo el procesamiento operativo de la administración de las comisiones médicas”, comentó Yazigi.

La presidenta del gremio aclaró que “los doctores son asignados por la Superintendencia de Pensiones, pero toda la administración del proceso en torno a la calificación de invalidez están bajo las comisiones médicas, y toda la administración del proceso lo hacen las AFP”.

Entonces, añadió: “¿Qué es lo que ocurre acá? No se cumple con el pleno traspaso, y tampoco se cumple con otra parte que debería haber estado incluida en este proyecto de ley, que es mejoras al funcionamiento, y también unas revisiones de la sostenibilidad del FAPP”.

Yazigi sostuvo que ”este traspaso de vuelta con el proyecto de ley a las AFP creemos que genera distorsiones”.

Así las cosas, afirmó: “Lo que nosotros queremos (…) es que se cumpla con lo dispuesto en la ley 21.735, y que se estipule el traspaso pleno al Seguro Social, incluyendo no solamente las licitaciones y recaudación; sino que todo el cálculo de cobertura, administración, otorgamiento de beneficios, pagos, etcétera”.

Y agregó que “ojalá, para evitar un riesgo operativo mayor y confusión en el afiliado, las comisiones médicas y toda su administración también sean traspasadas al Seguro Social y al IPS. Y, por último, que no se aplique retroactividad para poder cubrir de mejor forma y que no haya riesgos financieros cuando se verifiquen solicitudes que vengan años después, que más o menos es un 5% o un 10% de ellas”.

A juicio de Yazigi, este proyecto que ingresó el gobierno deja “un riesgo de cobertura financiera de los casos residuales. ¿Por qué? Porque además este proyecto de ley no solo hace este traspaso al FAPP, sino que además traspasa reservas especiales, que son el fondo que sirve para cubrir cualquier tipo de siniestro, es decir, ya sea una calificación de invalidez que llegue años después, o una solicitud de pensión de sobrevivencia que llegue años después de que terminó de regir la cobertura del seguro por la compañía de seguro, y queda en las AFP. ¿Por qué?Porque se está pidiendo además en este proyecto de ley que se traspasen al FAPP todas las reservas especiales, pero no la cobertura de ello. Por lo tanto, también es un riesgo que se acentúa en el caso de AFP que pueden entrar en el futuro”.

La presidenta de las AFP aseguró que “es muy relevante que esto se tome con más tiempo y que se discuta con más tranquilidad. Y que además también, si pudiera ser posible, pasara por la Comisión de Hacienda del Senado, porque tiene estas aristas de financiamiento y de sostenibilidad de parte del Fisco“.

Yazigi afirmó que “se genera un riesgo para el afiliado, pero también un riesgo operativo. Aquí hay flujos de información y flujos de plata que van y vienen y que hacen mucho más complejo esto”.

Por otro lado, señaló: “No hemos tocado el tema de la sostenibilidad del FAPP, que, con este 2,5% que comentaba antes, podría quedar topado si es que la siniestralidad aumenta y la longevidad en los chilenos sigue aumentando también, por lo tanto, podría estar en riesgo, y es muy importante que también lo vea la Comisiónde Hacienda”.