Metro de Santiago presentó el pasado 26 de junio un recurso de reclamación contra una serie de condiciones impuestas por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana al proyecto Línea 9, que contempla una inversión de US$1.946 millones.

En su escrito ante el Comité de Ministros —presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas—, la empresa estatal cuestionó la exigencia de aumentar la frecuencia del monitoreo paleontológico en ciertos tramos del trazado, que unirá las comunas de La Pintana y Recoleta, pasando por San Ramón, La Granja, San Joaquín, San Miguel y Santiago. Esto, luego que recibir una Resolución de Calificación Ambiental favorable en mayo de este año, pero respecto de la cual la estatal quedó disconforme con las condiciones impuestas.

La resolución obliga a reemplazar el monitoreo mensual por uno quincenal en zonas donde el suelo presenta un potencial fosilífero medio o medio-alto. En su presentación, Metro sostuvo que esta exigencia carece de sustento técnico y no considera los antecedentes entregados durante la evaluación ambiental, los que —según argumentó— evidencian una baja probabilidad de hallazgos fósiles en esos sectores, debido a la granulometría gruesa del terreno y a la ausencia de registros en calicatas y sondajes.

Aunque no mencionó explícitamente un eventual sobrecosto por la medida, Metro advirtió que la exigencia resultaba desproporcionada y no se ajustaba a la naturaleza del proyecto. Alegó que no se consideraron variables como el ritmo de avance de las excavaciones —estimado en 1,5 metros diarios y hasta 600 metros cúbicos de material removido por día—, lo que haría innecesario intensificar el monitoreo en zonas de baja susceptibilidad. Además, recalcó que ya cuenta con un protocolo que se activa en caso de hallazgos no previstos, el cual contempla monitoreos diarios durante dos días consecutivos.

Sin embargo, este martes 29 de julio, a través de una declaración enviada a Pulso, Metro de Santiago explicó que “dentro de los plazos que establece la ley, en resguardo de sus atribuciones y del correcto desarrollo del proyecto presentó oportunamente un recurso de reclamación. Esta acción se enmarcó en el uso legítimo de las herramientas administrativas disponibles, en un contexto donde existían aspectos que requerían una mayor precisión”.

“Posteriormente, y tras distintas instancias de conversación, incluyendo reuniones formales a través de la ley de lobby con las autoridades correspondientes, se consideró que el mecanismo más adecuado para resolver las dudas existentes era a través de una aclaración administrativa por parte del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”, añadió.

“En base a lo anterior, y a la espera de dicha aclaración, Metro debiese iniciar, una vez que el documento sea recibido, el proceso de desestimación del recurso del recurso de reclamación interpuesto”, concluyó.

Compromisos

Durante la evaluación ambiental, la empresa aseguró haber realizado más de 70 calicatas, 25 sondajes y seis perfiles estratigráficos, además de 36 pozos arqueológicos adicionales. En las zonas donde proponía monitoreo mensual, no se registraron hallazgos paleontológicos, lo que —según la compañía— refuerza la validez de su propuesta.

El monitoreo paleontológico fue regulado mediante el Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-11), que establece frecuencias diferenciadas según el tipo de sedimento: quincenal en suelos con sedimentos finos y alta probabilidad de fósiles; mensual donde predominan gravas gruesas y hay menor probabilidad; y bimensual en zonas de potencial estéril.

Si bien el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó ajustes en la frecuencia, Metro adaptó su propuesta en distintas etapas del proceso (incluyendo las adendas complementaria y excepcional), eliminando el monitoreo bimensual y manteniendo el mensual solo en los sectores con baja probabilidad de hallazgos.

A juicio de Metro, la autoridad no entregó fundamentos técnicos que refuten esa propuesta y se limitó a imponer el monitoreo quincenal en función del potencial fosilífero del terreno, sin considerar la probabilidad real de hallazgos. También recordó que en la evaluación de proyectos anteriores —como Línea 7— se admitieron monitoreos mensuales en condiciones similares.