La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer este viernes el quinto balance sobre el avance de los sumarios instruidos el 20 de mayo por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló viajes fuera del país de más de 25 mil funcionarios públicos mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024, a raíz de lo cual la cartera solicitó a las instituciones públicas del gobierno central iniciar procesos disciplinarios contra estas personas e informar su avance periódicamente.

De acuerdo al último balance al 15 de septiembre, las instituciones del gobierno central han reportado que hay 25.764 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el gobierno central, lo que excluye a municipios, gobiernos regionales, empresas públicas, organismos autónomos e instituciones de educación superior estatales.

Esto contrasta con los 16.435 funcionarios informados en el reporte anterior, al 15 de agosto, lo que se explica principalmente porque la Dipres y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Ausentismo, solicitaron a las instituciones públicas incluir información que responda también a las fiscalizaciones que la Contraloría inició posteriormente a su informe original, de mayo de este año.

Funcionarios con presencia regional

El Ministerio de Hacienda explicó en un comunicado que el aumento de casos se debe principalmente a que, a dicha fecha, las instituciones públicas reportaron que 6.993 funcionarios de servicios públicos con presencia regional viajaron al extranjero estando con licencia médica (CIC Nº16).

A la fecha, un 36% del total de los casos corresponden a salidas del país estando con licencia (CIC N°9), mientras que el 29% corresponde a funcionarios regionales que viajaron con licencia (CIC N°16), identificados al 15 de septiembre a partir de la más reciente circular.

Le siguen las personas que asistieron a casinos de juegos estando con licencias médicas, que representan un 23% de los casos (CIC N°15); luego, un 6% corresponde a funcionarios con licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público (CIC N°13); e igual proporción son salidas del país estando con licencias en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (CIC N°14). Solo un 1% de los casos son funcionarios que atendieron partos estando con licencia (CIC Nº10).

Según lo informado por las instituciones, 21.114 funcionarios continúan en el servicio en el que hicieron mal uso de licencias médicas, mientras que 4.650 de las personas involucradas ya no están trabajando en la misma institución. De estos últimos, 2.251 funcionarios están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir trabajando en las instituciones.

Hasta el momento, 18.986 funcionarios siguen con proceso administrativo en curso y 1.042 ya cuentan con alguna resolución. De esta última cifra, 280 ya están cerrados con alguna resolución y el resto se encuentra a la espera del cierre, pues ya tienen resolución del jefe de servicio, pero su sanción no se ha ejecutoriado.

La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días y se estima preliminarmente que, considerando las remuneraciones promedio reportadas, los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $33.684 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.

Sobre el proceso

Los sumarios administrativos tienen las siguientes etapas y plazos máximos legales de debido proceso: investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); presentación de descargos (5 días hábiles, prorrogables en 5 días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); impugnación (5 días hábiles); otros plazos (se pueden fijar otros plazos para la realización de diligencias).

Esto suma 50 días hábiles sin prórrogas y hasta 95 si los funcionarios utilizan las extensiones a las que pueden optar por derecho. Todas estas etapas son trámites esenciales que no se pueden omitir. El derecho del funcionario a formular descargos, presentar prueba y recurrir son parte del debido proceso.

Adicionalmente, según lo establecido en el Estatuto Administrativo, el funcionario que sea designado fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos, por lo que el avance de los procedimientos también está determinado por la disponibilidad de funcionarios que cumplan con esta condición.