A través de un escrito de cuatro páginas, Banco Itaú informó al 8° Juzgado Civil de Santiago que alcanzó un avenimiento con su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores Vilches, imputado por un millonario fraude en operaciones de divisas que afectó a la institución financiera.

El documento fue presentado en el marco de la demanda que la entidad mantiene contra el propio Flores, la corredora Nevasa S.A. —representada por su gerente general, Ramiro Fernández— y cuatro de sus operadores: Sandra Ardila, Pamela Novoa, Diego Correa y Leonardo Medina.

Se trata del segundo acuerdo que logra Itaú en su ofensiva judicial por este caso, cuyas pérdidas ascienden a unos $14.000 millones. El primero se concretó en abril con los inversionistas Lázaro Ventura Calderón y Yair Ventura Arraztoa, quienes, al igual que Flores, están imputados por los presuntos delitos de fraude informático y administración desleal. Ambos fueron incluidos inicialmente en la querella presentada por el banco, la que luego fue ampliada para incorporar nuevas responsabilidades penales.

Según la demanda, el fraude se materializó a través de 426 operaciones de compraventa de dólares realizadas en la plataforma Datatec, muchas de ellas ejecutadas por Rodrigo Flores. Estas transacciones habrían manipulado los tipos de cambio, aplicando valores distintos a los reales del mercado, lo que generó millonarias pérdidas para el banco.

Este litigio civil se suma a una acción penal presentada por Itaú el 7 de febrero por administración desleal, que fue ampliada el 11 de abril para incluir a los mencionados inversionistas. En paralelo, el proceso penal contra Rodrigo Flores sigue su curso.

En el marco del acuerdo, el exejecutivo pagó $2.851 millones, aunque las partes dejaron constancia de que se trata de un pago parcial que no cubre la totalidad de los daños reclamados en la demanda. “Atendido dicho pago parcial, Itaú renuncia parcialmente, respecto de Rodrigo Flores, a la solidaridad pasiva para perseguir el resarcimiento de los perjuicios causados por los hechos descritos en la demanda”, señaló el escrito al que tuvo acceso Pulso.

En ese sentido, el banco aclaró que la renuncia a la solidaridad pasiva no extingue su derecho a perseguir el saldo insoluto de los daños contra los otros demandados, ni contra eventuales terceros civilmente responsables. “El avenimiento solo pone término a la disputa surgida entre las partes con ocasión de este juicio y de los hechos descritos en la demanda, única y exclusivamente respecto de Rodrigo Flores”, agregó el texto.

Desde Itaú confirmaron que se alcanzó un acuerdo de pago parcial con el exejecutivo, pero precisaron que la causa penal continúa activa.

Medidas

Banco Itaú solicitó al tribunal una medida precautoria para asegurar que, en caso de ganar la demanda, pueda efectivamente recuperar el dinero defraudado. La petición busca evitar que los demandados oculten, transfieran o se deshagan de sus bienes mientras se tramita el juicio, lo que podría dificultar o imposibilitar el cumplimiento de una futura sentencia. Según la entidad financiera, la conducta previa de los involucrados —calificada de fraudulenta y premeditada— hace temer que puedan intentar evadir sus responsabilidades patrimoniales.

Además, Itaú argumentó que el patrimonio conocido de los demandados no alcanza para cubrir la cuantía del daño estimado en más de $11.363 millones. Por ejemplo, Rodrigo Flores tendría solo $269 millones netos disponibles, y Nevasa unos $558 millones, lo que representa apenas un 7,3% del total demandado. A esto se suma que, en enero de 2025, Flores transfirió un inmueble valorizado en $180 millones a una sociedad de su propiedad, lo que para el banco constituye un indicio de intento por distraer bienes y eludir sus obligaciones.

En ese contexto, el escrito presentado por Itaú ante el 8° Juzgado Civil de Santiago consigna que el banco se desistió de la demanda de indemnización de perjuicios exclusivamente respecto de Rodrigo Flores Vilches. Asimismo, renunció a las medidas precautorias dictadas en su contra, entre ellas, la prohibición de enajenar bienes que había sido decretada previamente para asegurar el resultado del juicio.