El escándalo de las licencias médicas irregulares que destapó el informe de Contraloría General de la República está obligando a algunas reparticiones del Estado y empresas públicas a aplicar severas sanciones.

Codelco fue la primera empresa estatal en despedir trabajadores por este motivo. Luego vino Metro. Y ahora fue el turno de BancoEstado, que desvinculó a 91 trabajadores, siempre bajo el amparo del artículo 160 del Código del Trabajo, es decir, sin derecho a indemnización (“falta de probidad”).

La empresa recordó que, tal como lo comunicaron el 23 de mayo luego de conocer el informe que emitió la Contraloría sobre las personas que teniendo licencia médica salieron o permanecieron en el extranjero, “BancoEstado tomó conocimiento del informe y activó un proceso interno de revisión”.

En ese momento, lo que se sabía públicamente era que se trataba de 317 casos que encontró Contraloría en la estatal. Pero no se conocía el número de trabajadores involucrados.

Sin embargo, ahora se hizo público: en el proceso interno de revisión que hicieron en el banco, finalmente encontraron que había 195 trabajadores involucrados, señala la institución.

“En cada caso se realizó la respectiva investigación interna, resguardando el debido proceso. Como resultado, BancoEstado resolvió efectuar 91 desvinculaciones, conforme a la normativa vigente”, señalaron desde la estatal.

Asimismo, informaron que “BancoEstado reafirma su compromiso con los más altos estándares de probidad y transparencia, rechazando cualquier conducta que se aparte de estos principios, e impulsando de forma permanente un actuar ético, al servicio de sus clientes y del país”.

En la lista elaborada por la entidad fiscalizadora del país, BancoEstado se situó en el puesto número 15 del listado de instituciones con más casos de uso irregular de licencias médicas, justo por debajo del Servicio de Protección de la Niñez, que tiene 318 casos, y por encima de Gendarmería de Chile, que registra 313.

El reporte cruzó la base de funcionarios públicos, información de las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI) y las licencias médicas que se otorgaron entre el 2023 y 2024.

Otras instituciones expuestas en el informe de Contraloría fueron el Servicio de Protección de la Niñez (con 318 casos), Gendarmería de Chile (con 313), el Ministerio de Obras Públicas (con 312) y diversas municipalidades, entre ellas las de Santiago, Talca y Valparaíso.