Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el día de ayer el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de fraccionamiento pesquero, las reacciones no tardaron en llegar.

Esta vez fue el turno de Camanchaca, cuyo gerente general, Ricardo García, no sólo criticó la iniciativa, sino que anunció que darán curso a acciones legales, las que hasta ahora estaban evaluando.

“El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”, dijo el ejecutivo.

Según García, la industria pesquera ha sido golpeada “duramente” por esta iniciativa que introduce los cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), “lo que conlleva un perjuicio económico enorme, que en el caso de las empresas del Biobío es doble porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”.

En esa misma línea, el ejecutivo advirtió que el efecto inmediato de los cambios en la ley se verá en el empleo y en los impuestos a la renta, “que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector”.

García subrayó que esta doble carga —reducción de la fracción de cuotas y arancel— afectará de forma significativa el dinamismo de la industria pesquera regional.

“La combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena. En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen va directo a pérdida de industrialización y empleo regional”, agregó.

Desde Camanchaca explicaron que la situación se agrava aún más para la empresa debido a los contratos suscritos con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, los cuales no contemplaban ningún tipo de gravamen y “que significa poner en riesgo esa producción chilena”.

En este sentido, calificaron como “inaceptable” que se cambie la ley sin que exista “una justa compensación”.