De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó en general y por 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones un proyecto que elimina las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, la propuesta volvió a su comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.

Actualmente, en la Ley de Tránsito se define que en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, sólo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro.

La iniciativa impulsada por el diputado y excandidato presidencial, Jaime Mulet, apunta a terminar con las sanciones por no usar este dispositivo, ya sea por el vencimiento o el deterioro del mismo. Hoy las sanciones llegan a una UTM, o sea, $68.000 aproximadamente.

Cabe mencionar que, originalmente, la moción que dio origen a esta iniciativa instaba a la eliminación completa del artículo en cuestión. Sin embargo, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se optó por solo restar la multa.

Adicionalmente, en forma consecuente a lo anterior, se elimina la referencia a la multa por día calendario. Ella impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día.

En el debate, se sostuvo que la norma vigente genera deudas excesivas para los conductores. Principalmente, porque las sanciones pueden superar en varias veces el costo original del peaje. Actualmente, se indicó, la multa alcanza hasta $70 mil, incluso cuando el cobro del tránsito por la autopista es menor.

Además, se estimó que las concesionarias podrán seguir cobrando las tarifas adeudadas mediante mecanismos administrativos, sin que esto derive en sanciones económicas adicionales para los conductores. Igualmente, surgieron cuestionamientos a los contratos del Estado con las concesionarias y a la falta de fiscalización.

Por otra parte, hubo voces en contra de la iniciativa. Consideraron la propuesta como populista, pues, una obligación sin sanción, no es obligación, recalcaron. Junto a esto, evaluaron que se fomentaría la evasión del pago. A su vez, expresaron reparos sobre el impacto que esta medida tendría en el financiamiento del sistema de concesiones, que es fundamental para la infraestructura vial del país.

Privados critican

Una vez conocida la noticia del avance del proyecto, la presidenta de Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa), Gloria Hutt, criticó la aprobación de los diputados.

“Esto afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público - privada, más allá de las concesiones viales”, mencionó.

Asimismo, aseveró que “la estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema”.

Hutt afirma que “esperamos que las etapas que faltan en el proyecto: volver a la Comisión, volver a la Sala, hacer indicaciones, e ir al Senado, sean oportunidades para dejar muy claros los argumentos por los cuales esta moción deteriora no solo los proyectos actuales, sino el potencial de proyectos futuros”.