La Cámara de Diputados aprobó este lunes el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama, el que plantea solicitar al Presidente Gabriel Boric que instruya a la minera estatal a que deje nulo el convenio.

El informe fue aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

La comisión investigadora, presidida por el diputado Cristián Tapia, y que además analizó la compra por parte de Codelco a la australiana Lithium Power de la mina Salar Blanco en Maricunga, había aprobado su informe hace algunas semanas por 10 votos a favor y una abstención.

Los miembros de la comisión acusan falta transparencia en las negociaciones; reparos frente a SQM por las sanciones que se le aplicaron debido a financiamiento ilegal de la política; falta de una licitación; y el real beneficio económico del convenio para el país.

Tapia aseguró en la sesión de este lunes que “este país, si se llega a concretar este acuerdo, va a dejar de percibir a lo menos US$6.700 millones, que nos pueden servir para salud, educación y seguridad”. Y agregó: “es vergonzoso que SQM no quiera pagar el impuesto específico a la minería, le debe más de US$1.000 millones al Estado”.

En la sesión expusieron además los diputados Matías Ramírez (PC), Andrés Célis (RN) y René Alinco (Independiente).

Ramírez argumentó su rechazo criticando a SQM. “Codelco nunca debió hacer un acuerdo con la empresa del financiamiento ilegal de la política y del yerno del dictador”. Enfatizó que “esto no se trata solo de una mala señal, se trata de una oportunidad perdida, el gobierno tenía la posibilidad histórica de crear una empresa pública de litio”.

Por su parte Andrés Celis indicó que “las conclusiones de la comisión investigadora son claras y de una vez por todas alguien debe responder por acuerdos ejecutados entre gallos y medianoche, sin mayores regulaciones. Por lo mismo, el llamado es al gobierno a dar un vuelco en esta relación puramente comercial, ampliando el espectro a la ciencia y la competencia, que puede venir de Europa o Estados Unidos, socios comerciales confiables, que es lo que Chile requiere”.

En la votación, diputados de todas las bancadas votaron en contra de la alianza. Los únicos votos en contra del acuerdo fueron el UDI Jorge Alessandri y el exprecandidato oficialista Jaime Mulet, quien había aporado explícitamente el acuerdo.

En la sesión pasada de la Sala expusieron en contra los diputados Catalina Del Real, Johannes Kaiser, Ana María Gazmuri, Miguel Ángel Calisto, Francisco Undurraga y Alberto Undurraga, quienes también se opusieron al acuerdo.

Informe

Entre sus principales conclusiones, el informe de la instancia fiscalizadora considera que este acuerdo “representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales” del país, al desechar la realización de una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional y optar por un trato directo con SQM.

El informe también indica que existen cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado, así como la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.

Asimismo, se consideró que el argumento del posible “valle productivo” -periodo sin producción entre el fin del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador- esgrimido para justificar el trato directo, sería “una mentira y una mala fe pública de Corfo, SQM y Codelco” que la comisión investigadora “expresamente condena”.

El documento plantea dejar sin efecto el acuerdo y realizar una licitación internacional, pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile.

Además sostiene que el proceso se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía, con omisión de detalles esenciales, ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes. Plantea ampliar y revisar la consulta indígena, considerada parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas.

El informe también propone dejar sin efecto la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga por parte de Codelco a la australiana Lithium Power.

La comisión investigadora estuvo conformada por los diputados Yovanna Ahumada, Catalina del Real, José Miguel Castro, Miguel Ángel Calisto, Juan Fuenzalida, Félix González, Cristian Labbé, Miguel Mellado en representación justamente de José Miguel Castro, Hugo Rey, Cristian Tapia, Sebastián Videla que votaron a favor del informe y Clara Sagardía, quien se abstuvo. No hubo votación en contra.

Inicio de la asociación

En marzo, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que todo apuntaba a que en septiembre se daría inicio a la asociación con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. A tres meses de que se cumpla ese plazo fatal, ese calendario sigue incólume, según fuentes de la corporación.

El 27 de diciembre de 2023, Codelco firmó un memorando de entendimiento con la minera no metálica para conformar una asociación público-privada para desarrollar en conjunto el negocio del litio mediante una nueva sociedad donde Codelco tendrá un 50% más una acción y SQM el resto, y que se preveía que se materializaría a contar del 1 de enero de 2025.

El 31 de mayo de 2024, ambas compañías suscribieron el Acuerdo de Asociación que se hará cargo de la producción de litio entre 2025 y 2060. Bajo este acuerdo, se aspira lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que para el periodo 2031 al 2060 se define una producción de litio de 280 a 300 mil toneladas anuales de LCE.

La idea es que los beneficios de esta asociación, aunque se firme después, comenzarán a hacerse efectivos a contar del 1 de enero de 2025 pasado.

Pero ambas partes quieren hacerlo lo antes posible. Para ello, sin embargo, hay varios pendientes, que se reducen a tres temas: la consulta indígena, la aprobación de China y la autorización oficial de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen).