A inicios de este mes, la comisión mixta alcanzó un acuerdo para resolver la distribución de la merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Un debate que estuvo marcado por los cuestionamientos al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Dardos que se dieron contra el subsecretario de Pesca, Julio Salas, por la entrega de datos erróneos durante la tramitación de la cuota de la merluza, un hecho que revivió y modificó la discusión respecto de ella.

Otros cuestionamientos vinieron del sector privado, apelando a temas como la expropiación, cambios de las “reglas del juego” y modificaciones que afectan la operación de la industria.

En medio de este contexto, este martes la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados decidió aprobar el informe de la comisión, con lo que el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero quedó ad portas de convertirse en ley, ya que ahora pasa a la sala del Senado, última instancia donde debe ser refrendada.

En la Cámara la iniciativa fue aprobada con 122 votos a favor, 15 en contra, dos abstenciones y una inhabilitación.

En la argumentación en sala, que duró casi una hora, desde la oposición se criticó la gestión del gobierno en la tramitación del proyecto, apelando a que el Ejecutivo no buscó acuerdos en la materia y los errores que se cometieron en el proceso, como las cifras erróneas presentadas en materia de la merluza, en su momento. La patente aprobada también fue tema de cuestionamiento.

Además, los parlamentarios opositores plantearon que el proyecto sería expropiatorio, lo que permitiría a las empresas acudir a la justicia para pedir compensaciones.

Por otro lado, desde el oficialismo se resaltó el aporte que estiman que generará en el sector artesanal y el efecto de reemplazar la ley de pesca actual, un objetivo que el Ejecutivo planteó al argumentar que es corrupta. “Esto, luego de la intervención indebida e ilegal de agentes interesados de la pesca industrial durante su tramitación", explicó el Ejecutivo en su momento.

Sin embargo, pese al apoyo, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, mostró su descontento con el acuerdo en materia de merluza y pidió al Ejecutivo ingresar un veto para modificar esta materia en beneficio de la pesca artesanal.

En esa misma línea, la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, arremetió contra la empresa Pacific Blu. La parlamentaria atacó a la firma por anunciar su cierre cuando se aprobó la cuota anterior y que ahora revirtió la medida con la cuota designada en la comisión mixta.

La jornada también estuvo marcada por la suspensión de la sesión, de forma momentánea, en dos ocasiones, por falta de quórum.

Tras la votación, el ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la mayoría lograda para aprobar el proyecto. “Esto va a permitir que desde el sector industrial exista un traspaso de cuotas hacia el sector artesanal por un monto que equivale a US$ 160 millones. Esa es la magnitud de lo que hoy estamos pudiendo avanzar”, dijo.

“Nos queda, por supuesto, ahora la votación en el Senado, pero confiamos que un informe de la comisión mixta que ha tenido tanto apoyo, también deberá mantener un apoyo en el Senado. Insisto en que esta es una redistribución muy importante, estamos cambiando el corazón de la ley actual”, agregó.

El contenido

El informe de la comisión mixta, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, planteó una propuesta donde se dictaminó que la cuota de la merluza tendrá una distribución de un 45 % para la pesca artesanal y de un 55 % para la industrial, únicamente si la captura global anual autorizada de la pesquería es inferior a las 35.020 toneladas.

Esto se realizó mediante un informe positivo, donde se abordaron otras materias pendientes de la ley como la cuota del besugo -que es fauna acompañante de la merluza común-, con una distribución de 95% para el sector industrial y un 5% para el sector artesanal en la zona comprendida de Atacama y Los Lagos .

Otro de lo aprobado en el informe fue la gradualidad por ajustes en materia de reineta y la propuesta de fraccionamiento para sardina española y anchoveta del norte, que establece un piso de un 55% para los artesanales (hasta el 85%) y un 45% (hasta el 15%) para los industriales, usando la modalidad de cuota dinámica anual. También se estableció explicitar que no se podrán hacer perforaciones en las cinco millas destinadas a la pesca artesanal.

La instancia aprobó un cobro -patente- sobre la autorización a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva chilena, de cualquier titular que obtenga cuotas de jurel en instancias internacionales, según informó el Ministerio de Economía en su momento.