Es un proyecto de ley que está cerca de cumplir cuatro años desde que se ingresó a su tramitación legislativa. Y si bien durante la actual administración se avanzó en la Cámara de Diputados, no así en el Senado.

De hecho, la última vez que tuvo movimiento este proyecto fue el 13 de agosto de este año. La sala del Senado lo aprobó en general y lo derivó a la Comisión de Hacienda y Economía unidas para su trabajo en particular. Sin embargo, eso no prosperó y se analizará por separado, comenzando en la Comisión de Economía.

Entre los principales ejes del proyecto se establece un régimen tributario para la actividad: esta será gravada con IVA por ser un servicio de entretenimiento digital, lo que permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos, queda sujeta a un impuesto específico (20%) que busca corregir la externalidad del juego.

Y para fomentar el juego responsable, se establece un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los desembolsos realizados por dicho concepto. También las plataformas autorizadas deberán pagar un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre apuestas deportivas a favor del Instituto Nacional del Deporte.

Debido a que todo indica que este proyecto ya no avanzará, las principales casas de apuestas piden al gobierno que asumirá en marzo que le dé prioridad a esta iniciativa.

“Creemos que es primordial que el gobierno electo tome el proyecto y regule la industria. De los principales países latinoamericanos Chile es el único que no cuenta con un marco regulatorio para las apuestas en línea y sin regulación no es posible proteger a los consumidores”, afirma Ricardo Chehade, CEO de EstelarBet.

Carlos Baeza, representante Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, aPAL, sostuvo que “este es un proyecto muy ambicioso y muy completo y sin duda el proceso legislativo requiere de los tiempos necesarios”.

En ese sentido, añade que “estamos muy expectantes y optimistas con el cambio de gobierno. No solo porque sin duda abrirá una nueva mirada sobre esta industria, sino también porque el próximo Ejecutivo enfrentará un escenario fiscal complejo, con un déficit que obliga a priorizar crecimiento, eficiencia y nuevas fuentes de recaudación formal”.

Para Baeza, la expectativa que tiene para el nuevo gobierno es que “aborde este tema desde una lógica de política pública: ordenar un mercado existente, fortalecer la capacidad de control del Estado y canalizar su aporte al crecimiento formal y a la recaudación, en línea con los desafíos fiscales y regulatorios que enfrenta el país y por supuesto proteger a los consumidores”.

Factor impuesto

Dado que el nuevo gobierno eventualmente puede hacer cambios al proyecto, los representantes de las casas de apuestas entregan sus primeras propuestas para que sea consideradas.

Y uno de los temas más debatidos en este proyecto ha sido la carga tributaria que se establece, ya que para las casas de apuestas quedaría en niveles altos en comparación al resto de los países con regulación.

En este punto, Chehade plantea que “el impuesto es por un lado una barrera al consumo, pero por otro puede ser un incentivo al mercado negro si las empresas que contamos con licencias nos desincentivamos a participar. Un ejemplo claro de esto en Chile es el contrabando de cigarrillos”.

Baeza, en tanto, asevera que “durante la tramitación ha existido un consenso transversal en el Congreso respecto de la necesidad de regular una actividad que ya opera en Chile. Sin embargo, en distintas etapas se incorporaron medidas que complejizaron ese objetivo, como un aumento en la carga tributaria y otras modificaciones”. Si bien sostiene que “pese a la reducción parcial de la carga tributaria, se mantiene la figura del bloqueo, una medida jurídicamente improcedente y contraproducente desde el punto de vista regulatorio y económico. De aprobarse esa norma, los actuales operadores no podrían seguir funcionando mientras se implementa el sistema de licencias y al momento de solicitarlas serán pagar impuestos retroactivos”.

Control para menores de edad

Las casas de apuestas online afirman que mientras se logra una ley que las regule ya están aplicando medidas para controlar el acceso de menores de edad.

En este contexto, EstelarBet anunció la implementación de verificación biométrica con prueba de edad para todos sus usuarios. Según explicó Chehade “la medida busca fortalecer los controles de identidad y prevenir el acceso de menores, perfiles falsos o cuentas que no cumplen los requisitos legales. Este tipo de herramientas debería ser parte obligatoria de cualquier marco regulatorio moderno, especialmente en un sector donde la trazabilidad y la autenticación robusta son condiciones mínimas de funcionamiento”.

Y Baeza precisa que “los operadores que integran la Agrupación ya aplican estándares exigentes de control, como verificación de identidad, monitoreo de conductas de riesgo y herramientas de autoexclusión. A ello se suma la adhesión a los principios de juego responsable de EGBA y una alianza estratégica con BGC, orientada a fortalecer y mejorar continuamente los estándares en esta materia”.

La visión legislativa

Uno de los integrantes de la Comisión de Economía, donde está radicado el proyecto es el senador Rojo Edwards ( independiente de derecha)

Para el legislador, “es un proyecto complejo, con múltiples aristas regulatorias, económicas, penales y sociales, por lo que requiere un trabajo serio y detallado”.

Por ello, plantea que “la Comisión de Economía del Senado, al igual que ocurrió con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, se caracteriza por su rigurosidad técnica y por un estudio acabado de los proyectos que analiza”, indicó el parlamentario.

Consultado si debe ser prioridad del próximo gobierno, dijo “sí. Aquí no solo se discute recaudación o regulación económica, sino también la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención de la ludopatía y el resguardo de la fe pública. Contar con un marco claro para las apuestas online es parte de una agenda de responsabilidad del Estado, de protección de los consumidores y de fortalecimiento del cumplimiento de la ley”.