Actualizar la regulación de los sistemas eléctricos con el fin de adaptarlos a su realidad e incorporarlos a la transición energética es una necesidad propia de todo sector regulado. Sin embargo, esta es especialmente perentoria en el caso de las zonas distribuidas por sistemas eléctricos medianos (emplazados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes), los cuales venían enfrentando brechas estructurales derivadas de una regulación que, diseñada hace más de dos décadas, dejó de responder a las exigencias actuales, encontrándose desalineada de los objetivos de la transición energética.

En efecto, con 22 años de vigencia del régimen y cinco procesos de planificación y tarificación, había un diagnóstico bastante claro de las materias que requerían una modificación legal:

La primera brecha decía relación con la disparidad de tarifas que se cobran en los sistemas medianos en comparación con aquellas que se pagan en el sistema eléctrico nacional. Para ello, la ley introduce dos medidas tarifarias: por una parte, incorpora a los sistemas medianos en el mecanismo de ajuste y recargo del precio de nudo promedio (PNP). Esta medida apunta a una mayor equidad entre los Sistemas Medianos y el Sistema Eléctrico Nacional, por la vía de reducir brechas históricas en el costo de la energía de los primeros (sistemas medianos).

Por otro lado, se eximirá a los clientes no residenciales de comunas beneficiadas por el mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial de aportar a dicho mecanismo, lo que beneficiará a los clientes comerciales e industriales de dichas comunas. Ambas medidas aportan especialmente al comercio y actividades productivas de regiones como Aysén, contribuyendo a un desarrollo económico más equilibrado y a la disminución de asimetrías territoriales.

La segunda brecha se refiere a la falta de incentivos para fomentar la incorporación de nuevos actores y tecnologías. Para reducirla, la nueva ley impulsa decididamente la generación de energías renovables, reforzando el principio de acceso abierto y otorgando certezas regulatorias al reconocimiento de inversiones en generación renovable. En el futuro, quienes evalúen invertir en generación eléctrica en regiones como Aysén, Magallanes o Los Lagos encontrarán un marco que favorece el uso de energías limpias, alineado con los objetivos climáticos del país y con una visión de desarrollo sostenible.

La tercera brecha corresponde a ciertas falencias detectadas en el proceso de planificación, que no garantizan una visión de largo plazo para estos sistemas. A partir de ahora, los Sistemas Medianos deberán articularse con la Planificación Energética de Largo Plazo del país, incorporando de manera progresiva energías renovables y almacenamiento. Este cambio no solo fortalece la seguridad y eficiencia del suministro, sino que genera condiciones más favorables para el desarrollo de inversiones en territorios que cuentan con un alto potencial para la generación de energía limpia.

La aprobación transversal de este proyecto en el Congreso refleja el amplio consenso respecto de la necesidad de modernizar la regulación de los Sistemas Medianos. Al mismo tiempo, da cuenta de la capacidad del Estado para avanzar en transformaciones estructurales con base técnica, diálogo político y una clara orientación hacia la equidad territorial.

Esta ley no resuelve de inmediato todos los desafíos energéticos de las zonas aisladas, pero establece bases sólidas para un sistema más justo, moderno y sostenible. Un sistema en el que el acceso a la energía deja de profundizar desigualdades y se consolida como una herramienta efectiva para el desarrollo territorial y la cohesión del país.

*El autor de la columna es subsecretario de Energía.