Un pequeño terremoto político generó la decisión del gobierno de incluir en el proyecto de ley de reajuste público que acordó con la mayoría de las agrupaciones del sector, normas que fueron interpretadas como “de amarre” por la oposición, respecto a la posibilidad de desvincular a funcionarios del Estado en el próximo periodo presidencial que encabezará José Antonio Kast.

El Ejecutivo acordó en la madrugada del mércoles los principales temas que contendrá el proyecto de ley de reajuste. Así, el protocolo firmado esa misma jornada por la tarde, considera un alza salarial a partir del 1° de diciembre de 2025 de un 2% y una adicional desde el 1° de junio de 2026, de 1,4%, constituyendo la secuencia descrita un reajuste total de 3,4%, lo que implica un 0% de aumento real, puesto que la inflación a noviembre alcanzó esa misma variación en doce meses.

También se estableció que los Aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, Bono de Escolaridad y Bonificación Adicional de Escolaridad y Bono de Vacaciones se reajustarán en 3,4% y ascenderán a los valores que se indican en el anexo del protocolo. Por su parte, las remuneraciones mínimas establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.429 se reajustarán en 5%.

Pero al final del protocolo se establecieron disposiciones que restringirían el despido futuro de funcionarios, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

Una primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Y se agrega una segunda norma que regula “al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.

Si bien la primera reacción en contra se produjo el mismo miércoles por parte de algunos diputados de oposición, este jueves la polémica escaló al comando del presidente electo José Antonio Kast.

Y la respuesta llegó en la voz del presidente del partido Republicano, Arturo Squella, quien señaló que “ese artículo rompe o pone en riesgo las confianzas que son tan importantes en esta etapa. Hemos hecho todo un esfuerzo por ir generando una muy buena relación, no solo por el presente, sino que por lo que va a venir después del 11 de marzo, y tratar, digamos, de camuflar entremedio del texto del reajuste del sector público, una norma que por ley pretende afectar algo tan sensible como las contrataciones; amarrar a las personas que actualmente están prestando servicios en el sector público, particularmente aquellos que llevan dos años de que fueron contratados, es impresentable”.

Por lo mismo, el futuro senador por Valparaíso, sostuvo que espera que “la sensatez prime en La Moneda, que se den cuenta del daño irreparable que harían en las confianzas si es que perseveran en esta fórmula que han diseñado y que la despejen dentro de las próximas etapas de la tramitación legislativa, porque de (no) ser así, la verdad es que no se podría construir nada en función de lo que va a ser el oficialismo futuro con la oposición futura”.

A este cuestionamiento se sumó el de Agustín Romero, diputado del partido Republicano, quien afirmó que “esas normas exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste. Se introducen reglas sobre la no renovación de honorarios y sobre la estructura y funcionamiento de los gabinetes, materias que claramente son abusivas, porque intentan condicionar la gestión del próximo gobierno”. Para Romero, “esto no es un reajuste salarial, es un fraude que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una ley transitoria, cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con sus operadores políticos”.

Desde Demócratas, la senadora Ximena Rincón, también arremetió contra la medida: “Va contra toda lógica jurídica y democrática”.

En la UDI, los diputados volvieron a criticar la propuesta: “La Contraloría ya había establecido que las demandas debían ser resueltas por los tribunales de justicia y la Corte Suprema definió en cinco años el reconocimiento de la ‘confianza legítima’. Pero resulta que ahora el Ejecutivo pretende rebajar ese plazo a dos años y, además, forzar al organismo a resolver estos casos, pasando por alto los criterios establecidos”.

Para la UDI, “todo ello demuestra una intención evidente por asegurar la permanencia en el Estado de las personas vinculadas políticamente a ellos”, señalaron los legisladores.

Por lo mismo, anunciaron que rechazarán dichas normas durante la tramitación del proyecto, asegurando que “no vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad y utilizar el reajuste al sector público para que transformen al Estado en un refugio para operadores políticos”.

Frente a todo lo anterior, desde el gobierno el Ministerio del Trabajo explicó que “esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales”. De acuerdo al Ejecutivo, “buscamos dar certeza jurídica a todos los intervinientes, estableciendo expresamente en la ley reglas que han sido aplicadas en la práctica”.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, aseveró que “no es una ley de amarre, sino que responde a una demanda histórica que tenemos como Anef, que es entregar certezas y estabilidad del empleo a los trabajadores del Estado, ya que tenemos un empleo precario. Lo que buscamos es evitar el abuso de la discrecionalidad en los despidos”.

El otro foco de tensión

Pero además surgió otro cuestionamiento entre los diputados de la oposición: el financiamiento del reajuste.

Uno de los más críticos es el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien afirmó que “el gobierno solamente provisionó US$600 millones, en cambio, (el reajuste) tiene un costo de US$1.500 millones, por lo tanto, la gran pregunta es justamente de dónde vamos a sacar esta diferencia que no está provisionada en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos". Por ello, aseveró que “si esto no es aclarado, estamos dispuestos a rechazar el reajuste”.

Mientras que el diputado de la bancada republicana, Miguel Mellado, apuntó que “por el lado estrictamente de las finanzas no están provisionados en el Presupuesto, por tanto, lo primero que debe despejar el gobierno es de dónde sacaran los recursos”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, añadió al debate que “el gobierno tiene la obligación de presentar un proyecto demostrando la fuente de financiamiento y esperamos que lo haga. Hasta el momento no conocemos su fuente de financiamiento. Con los fondos que posee la Ley de Presupuestos no alcanza y tendría que, en el mismo proyecto, introducir cambios reduciendo gastos y programas para financiarlo”.

En entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que si bien el costo del reajuste se verá más detalladamente en la presentación del informe financiero, lo calculó en torno a US$ 1.500 millones, una cifra adelantada por Pulso en base a un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD).

Grau aseguró que el reajuste “por supuesto” que estará financiado y que además es responsable desde el punto de vista fiscal, e insistió en que esto quedará refrendado en el informe financiero.