Hay consenso a nivel de expertos y parlamentarios que el país debe bajar su nivel de gasto público. Y por lo mismo, en mayo de este año, el Ministerio de Hacienda convocó a una comisión de economistas para que revisara el espacio que existía para recortar el gasto y contener las presiones fiscales.

Ese trabajo terminó este jueves. El grupo estuvo integrado por cinco especialistas con trayectoria en el sector público, la academia y organismos internacionales: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. Su trabajo fue acompañado por una Secretaría Ejecutiva conformada por profesionales de Dipres.

La Comisión planteó un total de 34 propuestas, organizadas en siete áreas de trabajo: educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales.

Estas medidas se clasifican según su horizonte temporal, esto es corto, mediano y largo plazo, así como por su naturaleza administrativa o legislativa. Además, se diferencian entre aquellas orientadas a reducir el gasto público y las que buscan contener su crecimiento. Por ello, deben entenderse como acciones complementarias y no necesariamente acumulativas dentro de un mismo período.

De las 34 medidas propuestas, 16 tienen el potencial de generar ahorros en el gasto público. En conjunto, se estima que podrían reducir el gasto en $1.941.888 millones anuales a largo plazo, es decir, en torno a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$2.000 millones.

De estas medidas, la Dipres indicó que solo dos medidas se pueden implementar para que sean efectivas en el 2026, por un total de $25.508 millones lo que equivale US$26,2 millones.

Asimismo, 13 se podrían hacer efectivas entre 2027, 2028 y 2029, por un total de $1.460.878 millones. (US$1.504 millones) y otra medida se podría hacer efectivas con posterioridad al 2030, por un total de $456.502 millones (US$470 millones).

En cuanto a los requisitos para su implementación, un 40% de los ahorros estimados depende de modificaciones administrativas, un 39% de cambios legislativos y un 21% de ajustes que combinan ambos tipos de modificaciones.

Mientras que hay un grupo de 18 propuestas que tienen el potencial de generar contención en el gasto público. De acuerdo a la Dipres, si bien estas medidas no generan reducciones directas del gasto público, de implementarse, tendrían un efecto en evitar o mitigar presiones de gasto que podrían implicar que el gasto crezca sobre su nivel estimado.

En este ítem se ahorrarían US$ 2.481 millones. Así en suma en total se ahorrarían entre ambas medidas de US$4.480 millones.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, agradeció “el trabajo constructivo, técnico y riguroso que esta Comisión Asesora realizó semana a semana por casi cuatro meses. Como Ejecutivo analizaremos las más de 30 recomendaciones y cuando presentemos el proyecto de ley de Presupuestos 2026 daremos a conocer un plan de acción que detallará qué medidas acogeremos”.

En ese sentido añadió que “actualmente son muchos los desafíos que enfrenta el gasto público, por lo que los cambios que el país requiere deben enfrentarse con realismo y mediante un acuerdo político amplio”.

Las propuestas

De las propuestas que permiten un ahorro fiscal, dos concentran la mitad de los recursos. El primero es el revisar la gratuidad en la educación superior y el segundo es fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral, que son principalmente las licencias médicas al sector público.

En la primera se propone mejorar la asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior. “El sistema actual de asignación de beneficios estudiantiles presenta debilidades en sus mecanismos de asignación, lo que facilita el acceso indebido a la gratuidad y genera ineficiencias. Por ello se propone fortalecer la agenda de modernización en la asignación, integrando de mejor manera el Registro Social de Hogares reforzando los controles de la Subsecretaría de Educación Superior, utilizando registros administrativos e incorporando nuevas herramientas tecnológicas para minimizar inconsistencias y asegurar un uso más eficiente de los recursos”.

La segunda propuesta es el evaluar el criterio de la edad en la asignación de la gratuidad. En su análisis mencionan que “el sostenido aumento de estudiantes mayores de 30 años en la matrícula de educación superior plantea un desafío en la asignación de la gratuidad. Por ello, se propone evaluar la incorporación de un límite etario para acceder a este beneficio en carreras profesionales con o sin licenciatura, restringiendo el acceso a este beneficio a quienes inicien sus estudios después de los 30 años, sin afectar el acceso a otras formas de financiamiento ni el acceso a gratuidad en las carreras técnicas”.

Y la tercera propuesta en relación a la educación y gratuidad es que se recomienda fijar un límite a la expansión de la gratuidad. “Actualmente, la gratuidad contempla su expansión automática a deciles superiores de ingreso mediante un “gatillo” macroeconómico. Por esa razón, “se propone eliminar dicho mecanismo y restringir la posibilidad de ampliación únicamente hasta el séptimo decil, condicionada además a la existencia de holgura fiscal. De este modo, se busca resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitar presiones estructurales sobre el gasto y asegurar que cualquier expansión futura sea discutida y aprobada por ley”.

En suma estas tres medidas representan un ahorro fiscal de $591.902 millones, unos US$580 millones.

La segunda medida que involucra más recursos es el mayor control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), que es un mayor control para las licencias médicas. En este caso, “la Comisión propone homogeneizar reglas entre sectores público y privado, reforzar la fiscalización médica y la trazabilidad de licencias, priorizar el control de licencias extendidas y ajustar protocolos para acotar brechas de uso entre aseguradores y empleadores, liberando recursos para otras prioridades sanitarias y conteniendo el gasto en reemplazos”. Esta sola medida le permitiría al fiscal ahorrar $572.627 millones , unos US$556 millones.

Otra de las propuestas que es la tercera con mayor ahorro fiscal es la que apunta a una racionalización de la oferta programática mediante la discontinuidad de programas públicos que presentan un desempeño insatisfactorio en su modalidad actual. Esta representa un ahorro de $388.445 millones (US$400 millones).

Una cuarta medida que involucra una buena suma de recursos es revisión y plan de ajuste de las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en establecimientos educacionales públicos con un ahorro de $169.241 millones.

Otras medidas apuntan a eliminar la provisión y reemplazarla por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, sin aumentar el gasto total. Las reasignaciones se informarían trimestralmente al Congreso, otorgando flexibilidad con control y transparencia. Si bien no se cuantifica en montos, se entregan en general US$700 millones.

También está el congelar el personal de la administración central tanto de dotación y fuera de la dotación durante el 2026, exceptuando traspasos asociados a Servicios de Educación y necesidades sanitarias por nueva infraestructura. Y el mantener las remuneraciones en valores nominales 2025 para el 2026 en niveles nominales de 2025, para moderar incrementos derivados de reajustes, cambios de grado y composición de dotación, preservando la sostenibilidad del gasto en personal.

En cuanto a las medidas para contener el gasto está el fortalecer la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público de salud; mejorar la gobernanza del sistema de salud separando funciones rectoras y operativas, e institucionalizar la gestión hospitalaria; formulación del presupuesto desde los hospitales; traspaso funcional de Cenabast a ChileCompra; fortalecer la atención primaria como puerta de entrada efectiva al sistema y reducir la demanda innecesaria en hospitales y reducir la flexibilidad otorgada en el actual artículo 4° de la Ley de Presupuestos del Sector Público que permite aumentar el nivel del gasto aprobado en la ley. 

Los expertos

Uno de los integrantes de esa comisión fue el exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo.

En su análisis señala que la comisión está destacando dos cosas. Primero: “las licencias médicas es urgente solucionarlo, ya que que el número de días es muy dispar al promedio del sector privado. En el caso de la gratuidad detectamos un crecimiento de tasas de cerca del 8% anual que se explica en parte porque hay gente que está accediendo a la gratuidad que no debería y de alguna manera le está haciendo trampa al sistema”.

Así, como mensaje general Acevedo dice que “no podemos seguir avanzando y comprometiendo la sostenibilidad fiscal en el largo plazo”.

Macarena García, economista de LyD, afirmó que “sería interesante tenerlo como eje de la discusión del gasto tanto en la Ley de Presupuestos del 2026 como en el plan del próximo gobierno”.

En ese sentido, dijo que las medidas de recorte en gratuidad “son difíciles de lograr por la elevada presión política que generan, pero justamente la delicada situación fiscal en la que estamos es porque distintos gobiernos han cedido a distintas presiones políticas sin un análisis técnico que lo avale. Es importante que la autoridad tenga el convencimiento y no ceda ante las presiones de estas o cualquier otra medida que decida implementar”.

En cuanto a los salarios y las contrataciones en el sector público, dijo que “son propuestas distintas. El congelamiento de los salarios del sector público genera efectos por una vez, mientras que la revisión de la gratuidad tendría efectos permanentes. Hacia adelante sería conveniente mejorar el sistema de reajuste del sector, especialmente considerando que en la negociación cerca de la mitad de los recursos que se negocian no corresponden a salarios sino que a una serie de beneficios que se les otorga”.

Para la exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, “existen aspectos que apuntan a temas de complejidad pero que abordarlos va en la dirección correcta y además tienen una línea común respecto a su rol como beneficios o servicios públicos. Pero además, dada la magnitud de los recursos involucrados sin duda merecen ser tratados”.

En ese punto, menciona “la gratuidad en educación. Desde voces oficiales se ha hablado del fraude social. Apuntar a implementar medidas que abordan no solo ineficiencias si no que acceso indebido a prestaciones no solo tributa a una correcta asignación de recursos públicos, si no que al castigo a personas que hacen un mal uso de beneficios del Estado, en desmedro de otros".