La Comisión regional de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó de forma unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso” (TCVAL), que pretende ampliar el puerto de esa ciudad con una nueva zona para la operación de contenedores que eleve su capacidad de transferencia de carga.

La iniciativa, que demandaría una inversión del orden de US$900 millones, había recibido un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) positivo de parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que el pasado 24 de febrero recomendó aprobarla.

Los integrantes de la Coeva, encabezada por el delegado presidencial Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa “cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados”, tal como había señalado el SEA en su informe.

De esta manera, el proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisaje y medio humano.

La iniciativa había sido presentada originalmente a tramitación ambiental en septiembre de 2014. En octubre de 2018, fue aprobada oficialmente al obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte del SEA de Valparaíso. Sin embargo, recibió una fuerte oposición de comunidades vecinas, gremios portuarios e incluso de autoridades como el exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp y el actual gobernador regional Rodrigo Mundaca, explicitada mediante varios recursos judiciales que congelaron el proyecto.

Debido a esto, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), la compañía estatal dueña de los activos portuarios y de las concesiones a los dos privados que hoy operan los dos terminales (los grupos Ultramar y Agunsa), inició un proceso de diálogo, similar a un proceso de participación ciudadana, para recolectar las inquietudes y resolverlas, entre los años 2021 y 2023.

Los cambios

Con las observaciones de los stakeholders, la empresa modificó su proyecto original teniendo en consideración que cualquier solución viable solo podría realizarse en lo que se llama “aguas abrigadas”, es decir, zonas marítimas costeras, tales como bahías, puertos o calas, protegidas naturalmente o artificialmente del oleaje, vientos fuertes y corrientes intensas.

Se definió entonces reducir su proyecto original de frente de atraque, para que en vez de que atraquen dos de los gigantescos buques Post Panamax, se reciba solo uno.

Esto implica la reducción en cerca de un 50% de la iniciativa original de 2018, que incluye la construcción de un nuevo muelle llamado Sitio Costanera, con un frente de atraque de 430 metros de extensión para el acopio de contenedores, y la apertura de un paseo costero de 1,2 kilómetros (superior en extensión a la avenida Perú de Viña del Mar), vecino a la actual avenida Errázuriz, que conectará el Parque Barón con el sector de Bellavista, donde se encuentra la estación del metro regional Merval, en donde habrá un paso soterrado, una plaza, una ciclovía y un mirador en el borde costero.

A esto se suma la construcción de un ascensor en el cerro Arrayán, en pleno barrio Puerto, una iniciativa que retrasó la tramitación por un año debido a las discrepancias de las comunidades vecinas sobre su realización. A eso se agregan medidas de mitigación para los pescadores de la ex caleta Sudamericana.

“Hace casi 100 años, Valparaíso tuvo su último gran desarrollo en infraestructura, con la construcción del molo de abrigo y las obras portuarias que conocemos hoy. Ahora, con una visión renovada y sostenible, estamos avanzando en un nuevo puerto que se sustenta en una integración armónica con su entorno y sus habitantes. En consecuencia, con esta decisión de la Coeva, Valparaíso ganará en empleo de calidad, inversión, turismo y acceso a su borde costero”, dijo la presidenta del directorio de EPV, Nicole Pastene.

De no existir nuevos procesos de judicialización, EPV debiera lanzar una licitación internacional para el desarrollo de este proyecto por un privado, cuyo plazo de construcción se calcula entre 4 y 5 años. Esto, de manera que esté listo antes antes del 31 de diciembre de 2029, pues es la fecha en que terminan las actuales concesiones del puerto.

La siguiente licitación será por la operación completa de todo el puerto por un solo licitante, que reemplazará a sus actuales concesionarios, Ultramar y Agunsa.

Tras la aprobación en la Coeva, EPV deberá seguir adelante con la elaboración de un EIA para los proyectos de la segunda etapa de la ampliación portuaria, que permitirá duplicar la capacidad de transferencia de carga del puerto, el que debería ingresar al sistema de evaluación ambiental durante este año.

Se trata de un muelle preferente para cruceros, la extensión de los sitios 1, 2 y 3 en 122 metros y la renovación del sector San Mateo, que consistirá en la construcción de una explanada de acopio de contenedores, sumado a un balneario con equipamiento de alto estándar que incluirá una playa de mayores dimensiones a la actual y un paseo costero.