Cambiar el celular. Solicitar un crédito de consumo. Contratar un servicio digital o firmar el arriendo de un departamento. Todas son acciones cotidianas, que ocurren mayoritariamente en un entorno digital y que, además, requieren que un tercero —ya sea un actor del sistema financiero o un proveedor de servicios de la más diversa naturaleza— acceda a los datos personales del interesado para que la operación se concrete.

En ese proceso, recurrente y a veces imperceptible para el común de las personas, se activa una condición habilitante para cualquier interacción económica en el contexto del Chile que viene, marcado por el modelo de Finanzas Abiertas y la normativa de Deuda Consolidada: el consentimiento. Un tema del que vamos a estar oyendo cada vez más en Chile.

¿Por qué? El país opera bajo un modelo conocido como “opt-in”, donde se entiende que los datos son del titular y solo pueden usarse con su autorización explícita. Hay que decir “sí”. Hasta ahora, empresas, usuarios y el mismo regulador han logrado adaptarse a los procesos que implica la gestión y administración de estos permisos. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Deuda Consolidada, en junio de 2026, el volumen de datos crecerá exponencialmente, lo que plantea un tremendo desafío: cómo edificamos un sistema de gestión del consentimiento que sea simple, seguro y eficaz para todos los actores involucrados.

Hoy, dar consentimiento puede ser tan simple como aceptar los términos de una app o llenar una ficha en el gimnasio. Pero en un futuro más bien cercano, trataremos más datos y más sensibles, que se comparten y actualizan constantemente. Por eso, el sistema de consentimiento que se requiere debe ser lo suficientemente robusto.

El diseño de una solución para gestionar estos permisos debe centrarse en cómo construir una experiencia que empodere a las personas y dé certezas a las empresas. El consentimiento debe poder entregarse y modificarse de forma ágil. Lo que hoy se autoriza por teléfono, mañana puede revocarse desde una aplicación. Es un derecho en movimiento.

Administrar bien los consentimientos no es sólo un asunto técnico: estamos hablando de una cuestión de confianza. Cuando una persona entiende qué datos comparte, con quién y para qué, se siente parte del sistema. Y cuando puede cambiar de opinión y revocar ese permiso con la misma facilidad, entonces sabe que tiene el control.

Para gestionarlo bien, se necesita un ecosistema que asegure omnicanalidad, actualizaciones en tiempo real, y una visión única de consentimiento por persona. Es decir, que el usuario pueda saber —en cualquier momento— quién tiene acceso a sus datos, con qué propósito y por cuánto tiempo. Solo así el consentimiento deja de ser una barrera, y se convierte en una herramienta poderosa para la confianza y la inclusión.

En nuestra experiencia en Reino Unido, constatamos que son justamente las personas con menor educación financiera las que más valoran las herramientas relacionadas con la administración del consentimiento. A mi juicio, esto se explica porque son quienes más necesitan acceso y, al mismo tiempo, quienes más requieren confianza.

¿Cómo avanzamos? Con herramientas que tengan a las personas en el centro, entendiendo que el consentimiento y su administración no son una barrera, sino una llave que abre la puerta a una inclusión financiera real y sostenible en el tiempo.