Fue uno de los temas que acompañó desde un principio la tramitación del proyecto del gobierno del Presidente Boric que reformulaba el sistema de financiamiento de la educación superior, pasando del Crédito con Aval del Estado (CAE) al Financiamiento Público Para la Educación Superior (FES).

El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lo alertó en una de sus presentaciones que hizo para analizar el proyecto.

“Pese a que el informe financiero del proyecto de ley asume que el FES es un activo financiero (y como tal sus operaciones asociadas se consideran bajo la línea)”, y debido a que “hay incertidumbre respecto a la naturaleza fiscal del instrumento de financiamiento del FES, se sugiere establecer una instancia de coordinación con organismos pertinentes para determinar con claridad la naturaleza fiscal de este instrumento y las normas apropiadas para su registro”.

Luego, un requerimiento del diputado republicano ex RN ante la Contraloría, Miguel Mellado, apuntó a profundizar lo que el CFA ya había alertado. De hecho, en su escrito citó lo expuesto por el propio CFA: “El Consejo Fiscal Autónomo planteó diversas consideraciones respecto del impacto fiscal del FES. En particular, la incertidumbre de la clasificación contable y la naturaleza fiscal de este instrumento, señalando que podría generar implicancias significativas en su registro y en su efecto sobre el balance fiscal”.

También Mellado expresó en ese escrito las dudas del CFA sobre “si este nuevo instrumento puede ser considerado un activo financiero, conforme al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI y la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), considerando la dificultad de determinar sus flujos futuros y, por ende, su valoración”.

La respuesta de ente contralor

Y este martes trascendió la respuesta de la entidad liderada por Dorothy Pérez, a través de un dictamen, a la solicitud de pronunciamiento de Mellado.

En términos generales y a decir de varios expertos consultados, la Contraloría se suma a los reparos que planteó el CFA, ya que considera que el mecanismo propuesto por Hacienda no es propiamente un activo financiero, sino que un gasto, ya que no hay una contraprestación.

Así en el dictamen “Normativa contable, financiamiento educación superior, crédito con aval del Estado, valorización activos, activo financiero, activo contingente”, señaló que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”.

En otras palabras y como explican especialistas, la Contraloría da cuenta de que tal como está planteado el informe, se debe considerar como gasto público y no como activo. La diferencia es que el primero es considerado como deuda (sobre la línea) y por ende tiene implicancias en el balance fiscal estructural y en la deuda pública, mientras que el segundo se contabiliza bajo la línea, lo que no tiene efectos fiscales en las metas de balance estructural.

Asimismo, el dictamen indica que “solo en el momento en que se determina el monto a cobrar, en base a los ingresos obtenidos por el beneficiario, se podrá contabilizar un activo por la cuenta por cobrar respectiva”.

Adicionalmente, señala que, “tratándose del Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas- ya sea parcial o total-, este supondría una baja en los activos financieros registrados actualmente por la Subsecretaría de Educación Superior, con su respectivo impacto como gasto patrimonial”.

La visión de los especialistas

La investigadora senior del CEP (Centro de Estudios Públicos), Sylvia Eyzaguirre, afirma que “el hecho de que el FES no sea un crédito que se manifiesta en la disociación del costo de financiar los estudios superiores con la contribución futura, hace que el financiamiento de los estudios sea efectivamente un costo (fiscal)”.

En ese sentido, indica que “con el dictamen de la Contraloría queda claro que los recursos que se entregarían son gastos que deben considerarse como deuda. Ello significa que el informe financiero presentado por la Dipres está equivocado. El gasto fiscal aumentaría exponencialmente, afectando el equilibrio fiscal”.

Por su parte, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, puntualiza que “el modo de clasificar el FES afecta la determinación del balance efectivo y estructural, así como el cumplimiento de metas”.

En ese sentido, manifiesta que “la implicancia directa del dictamen es que, de aprobarse el proyecto, la convergencia del balance estructural se vuelve más difícil, ya que habría un mayor gasto. También implica que el Informe Financiero debe revisarse”.

No obstante, Repetto dice que “el dictamen no afecta las necesidades de financiamiento fiscal derivadas de este proyecto en caso de aprobarse. La diferencia entre los recursos que se dediquen y la recuperabilidad que se obtenga debe financiarse de igual forma; no importa cómo se registre”.

En tanto, María Paz Arzola, investigadora de LyD afirma que “este dictamen introduce un cuestionamiento al modo como el gobierno ha definido se deben contabilizar los desembolsos del FES, esto es, los recursos que destinará al pago de los aranceles regulados. Establece que estos no cumplen con los requisitos para ser considerados como un activo, con la consecuencia que no podrá registrarse ‘bajo la línea’, es decir, como una transacción que no afecta el patrimonio fiscal”.

Para Arzola, el proyecto se debe reformular, porque “tiene falencias en varias dimensiones y una de ellas tiene que ver con la incertidumbre sobre su efecto fiscal, que podría estar subestimándose”.

En ese sentido, la experta plantea que “el diseño del FES contempla que el sistema se financie a través del sobrepago por parte de egresados de mayores rentas, pero en caso que estos opten por otro mecanismo de financiamiento, entonces la demanda de gasto público será mayor, pudiendo en definitiva terminar requiriendo de más recursos fiscales, tal como ya ocurrió con el CAE e incluso con la gratuidad, que nos está costando el doble de lo que se presupuestó”.

Por último, el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, segura que el FES no es un activo financiero, porque no hay una contraprestación, sino que se debe convertir en un crédito, ya que mantenerlo así es inviable, porque generará una presión fiscal adicional, afectando la deuda pública y el balance fiscal.