La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía que, el pasado 10 de junio, revocó la prisión preventiva del abogado Antonio Guzmán, quien llevaba ocho meses recluido en el penal Capitán Yáber. La medida se adoptó en el marco de una investigación en la que se le imputan los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos.

Se espera que en las próximas horas el tribunal de alzada publique en el sitio del Poder Judicial la resolución completa, en la que se detallarán los argumentos que tuvo para no ordenar nuevamente su ingreso a prisión.

Guzmán cuenta con la defensa del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien alegó durante esta mañana por un lapso de 20 minutos. En representación del Ministerio Público alegó la abogada María Cristina Bernedo; por el querellante Primus Capital, intervino el penalista Francisco Velozo Alcaide; y por el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo hizo la abogada Catalina Cárcamo.

En el marco de este proceso, la defensa de Guzmán presentó un informe elaborado por el abogado Patricio Silva-Riesco que cuestiona la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la presunta arista tributaria del caso.

El origen del caso Primus se remonta a julio de 2022, cuando el gerente general y el gerente comercial Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente retiraron $1.300 millones desde las cuentas de Primus Capital para pagar deudas privadas vinculadas a su sociedad ACM, sin autorización del directorio. Aunque prometieron devolver el dinero, no lo hicieron a tiempo, lo que llevó a que el socio Brian Moore informara la situación a los controladores de la firma. Esto marcó la primera gran ruptura entre los socios.

Eduardo Guerrero, vicepresidente y uno de los dueños, asumió un rol más activo en la operación diaria. Meses después, en marzo de 2023, se descubrió una factura falsa y un RUT incorrecto en una operación con una minera. El hallazgo dio paso a una investigación interna, la cual reveló cheques falsos, posibles suplantaciones de identidad y empresas creadas un día antes de recibir financiamiento.

Los controladores concluyeron que no se trataba solo de negligencia, sino de un posible esquema fraudulento sistemático. El 30 de marzo de 2023, Primus informó al mercado de operaciones posiblemente no genuinas por más de $5.600 millones y apartó a los ejecutivos. Desde entonces, la empresa y sus dueños han inyectado más de $50 mil millones para evitar su colapso.

En un principio la versión de los exgerentes era distinta: acusaron a los dueños de haberlos desplazado arbitrariamente y negaron haber cometido delitos. Incluso presentaron una demanda laboral reclamando indemnizaciones millonarias y han solicitado acceso al informe forense como accionistas minoritarios.

Sin embargo, posteriormente en sus declaraciones ante la Fiscalía admitieron parte de los delitos.

Francisco Coeymans

Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazó el recurso presentado por Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, confirmando la multa de 50 mil UF (cerca de US$ 2 millones) que le impuso por entregar información falsa al mercado y al regulador.

El castigo también incluye una inhabilitación por cinco años para ejercer como director o alto ejecutivo en empresas del mercado financiero. Se trata de la sanción económica más alta aplicada por la CMF en su historia.

La defensa de Coeymans argumentó que la resolución tenía “deficiencias en su base fáctica” y que el error en la declaración jurada de veracidad no era suficiente para configurar una infracción. Además, sostuvo que el esquema de irregularidades financieras aún está siendo discutido en la justicia penal.