Por Matías VeraCorte Suprema de Canadá falla a favor de accionistas que buscan demandar a Lundin Mining por derrumbe de Candelaria en 2017
Lundin dice que tiene “la intención de defender enérgicamente la acción”. La minera canadiense es impugnada por accionistas tras no informar inmediatamente el derrumbe ocurrido en octubre de 2017.

Portazo para Lundin en tribunal extranjero. La Corte Suprema de Canadá desestimó un recurso interpuesto por la minera canadiense Lundin Mining Corporation contra la decisión de un tribunal inferior, cuyo arbitrio autorizó a accionistas a demandar a la firma tras no informar “inmediatamente” un derrumbe ocurrido en Candelaria en octubre 2017.
Los jueces determinaron que “la prueba indiscutible en el presente caso fue que la inestabilidad del muro del tajo y el desprendimiento de rocas afectaron las operaciones de la compañía en su mina”.
De esta forma, “un análisis plausible de las disposiciones legislativas aplicables y de las pruebas presentadas en la moción mostró una probabilidad razonable o realista de que la acción prosperara; en consecuencia, se debería haber autorizado al inversor para interponer una demanda por el presunto incumplimiento de las obligaciones de divulgación oportuna de la compañía minera”.
El 31 de octubre de 2017, la mina a rajo abierto Candelaria -ubicada en Copiapó en la Región de Atacama y propiedad de Lundin en 80%- sufrió un desprendimiento de rocas en su faena. Esto ocurrió luego de que la minera canadiense detectara con anterioridad inestabilidad en la pared este del tajo. El deslizamiento provocó que Lundin tuviera que cerrar al menos una parte de la mina.
La compañía informó el derrumbe casi al mes después, el 29 de noviembre de 2017, cuando dio a conocer una actualización de sus perspectivas operativas, proyectando la elaboración de cobre a la baja en casi un 20% para el año siguiente. Un día después, las acciones de la firma cayeron 16% en la Bolsa de Toronto (TSX). El desplome representó, en un solo día, una pérdida de más de US$715 millones de capitalización bursátil.
Efectivamente, durante 2018 la producción de Candelaria alcanzó las 101 mil toneladas métricas de cobre fino, de acuerdo a información pública de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), lo que representó una caída del 32% respecto de las 150 mil toneladas de cobre elaboradas en 2017.
Tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Canadá, Lundin señaló que “la demanda colectiva certificada ahora puede proceder ante la Corte Superior de Justicia de Ontario. No se ha tomado una decisión sobre el fondo del caso, y la compañía tiene la intención de defender enérgicamente la acción”.
Anteriormente, el 6 de enero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario había desestimado la moción que solicitaba la autorización para efectuar la demanda. Posteriormente, el 24 de mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Ontario no estuvo de acuerdo con la primera decisión, y concedió el permiso para presentar una demanda. Lundin apeló aquello a la Corte, lo que fue desestimado ahora por la misma.
Un cambio sustancial
Esencialmente, el conflicto se origina porque entre el periodo en que ocurrió el deslizamiento y la divulgación del mismo, Dov Markowich -empresario residente en Toronto- compró 10 mil acciones de la compañía, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2017.
Por ello, y tras el desprendimiento de roca ocurrido, en enero de 2018, Markowich inició una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Ontario contra Lundin y directivos de la compañía por incumplimiento de la divulgación oportuna.
El denunciante alegó que el incidente de Candelaria provocó un cambio sustancial en el negocio, razón por la cual la minera debió haber informado lo acontecido de inmediato. Así, reclamó una “indemnización por daños y perjuicios por tergiversación negligente en derecho consuetudinario”, según menciona el fallo.
También, se plantea un procedimiento colectivo que congrega reclamaciones a nombre de inversores que se hicieron de acciones de Lundin entre el 25 de octubre y el 29 de noviembre de 2017, solicitando $175 millones de dólares canadienses en daños generales y especiales y $10 millones de dólares canadienses en daños punitivos.
La discusión está enfocada principalmente en si lo ocurrido fue un “cambio sustancial” o un “hecho sustancial”. El mismo fallo aclara -basado en la Ley de Valores de Ontario- que “los hechos sustanciales solo deben divulgarse periódicamente, mientras que los cambios sustanciales deben divulgarse de inmediato, o en términos del artículo 75, “inmediatamente”.
“La divulgación adecuada es la base de la normativa de valores en todo Canadá y es fundamental para un régimen de valores eficaz. La divulgación ayuda a mantener la igualdad de condiciones entre inversores y emisores, y prevenir y disuadir la asimetría informativa entre inversores y emisores es esencial para la integridad del sistema de valores y el interés público”, se lee en el documento.
Los jueces determinaron que el derrumbe debió considerarse como un “cambio sustancial”, por lo que debieron informarlo de inmediato.
La resolución del Tribunal de Apelaciones de Ontario efectuada en 2023, que rememora el reciente fallo y que le da la razón a Markowich, plantea que “existía una posibilidad razonable de que la inestabilidad del muro del tajo y el desprendimiento de rocas implicaran cambios en las operaciones de la compañía minera, dada la evidencia indiscutible de que los desarrollos afectaron la fase de la mina y redujeron su pronóstico de producción anual. En consecuencia, el inversor había presentado una interpretación plausible y pruebas suficientes para respaldar la concesión del permiso”.
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