Tras más de 10 años de juicios y apelaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema falló finalmente a favor de la constructora española Azvi y condenó al Fisco a pagarle más de $1.500.000.000 (alrededor de US$1,5 millón), más de lo sentenciado inicialmente, por incumplimientos de contrato y no pago de algunas obras del cuestionado puente Cau Cau en Valdivia.

El escándalo del puente en la sureña ciudad del país se destapó cuando se conoció que los brazos basculantes de la infraestructura levadiza habían sido instalados al revés, entre otros errores de construcción, lo que impedía su correcto funcionamiento y la navegación. Durante años la constructora Azvi fue señalada como la principal responsable del error.

Símbolo de mala gestión, el puente tuvo que ser reacondicionado y el Estado debió cambiar el diseño de la infraestructura con un costo de más de $12 mil millones. Durante 2024 y este año el puente ya ha estado operando correctamente para el tráfico marítimo.

La acción legal de la constructora española data de 2015, año en que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió poner fin anticipado al contrato de construcción del viaducto, luego de que a inicios de ese mismo año fallara el sistema de levante del puente.

Mientras que en septiembre de 2019 el 28º Juzgado Civil de Santiago acogía la demanda hecha por la empresa Azvi, en agosto de 2023 la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago hacia lo propio con un recurso de apelación fiscal presentado por el CDE, en representación del Ministerio de Obras Públicas, el que resolvió que dicha cartera actuó dentro de sus facultades al poner término anticipado al contrato celebrado con la española.

El costo fiscal

“Se condena al Fisco de Chile a pagar en favor de la demandante $889.277.954 por obras ejecutadas dentro de los alcances del contrato y no pagadas, según lo desarrollado en el considerando noveno de esta sentencia”, afirma la sentencia de la Corte Suprema, quien también condenó al Fisco a pagar otros $273.659.557 por los gastos generales proporcionales a los 202 días de aumento de plazo debidamente formalizados por el mandante.

Asimismo, el texto del máximo tribunal destaca que el Fisco de Chile deberá pagar en favor de la demandante $156.910.140 por obras no previstas, nuevas o extraordinarias, y el empleo de materiales no considerados, junto a otros $27.412.888 por aumentos de obras contratadas.

El fallo de primera instancia condenó al Estado a pagar unos $1.000 millones aproximadamente, pero la Suprema ordenó finalmente al Fisco a indeminizar por $1.500 millones aproximadamente.

“El fallo es satisfactorio para Azvi, ya que acoge su demanda contra el Fisco y restablece el imperio del derecho. La sentencia revela la independencia e imparcialidad del poder judicial”, afirmó el abogado de la firjma hispana, Carlos Cáceres.

La empresa española estuvo asesorada por los estudios jurídico Cáceres y Cáceres, y Rodriguez, Vergara y Cía., los que actuaron juntos en el trámite legal ante la Corte Suprema.