La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores al proyecto, confirmando la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Dominga, de la empresa Andes Iron.

“Se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Tribunal Ambiental”, señala el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Adnrea Ruiz. Matus fue el ministro redactor.

El tribunal determinó, como ha sido su jurisprudencia, que aún no había una sentencia definitiva, por lo que no corresndía presentar un recurso de casación. En su considerando sexto, el tribunal sostiene que “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.

El fallo se suma al revés que sufrió el gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) en junio, tras alegar una invasión de competencias por parte del Primer Tribunal Ambiental (1TA) en el caso Dominga.

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Andes Iron destacó que “con este dictamen se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga: una oportunidad largamente esperada por la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo”.

Agregó que el fallo ratifica lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024 y “confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento, y solo queda pendiente el cumplimiento de dicha sentencia ante el Tribunal Ambiental”.

Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, afirmó que “este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”.

La empresa añadió que el proyecto superó un proceso de evaluación ambiental exigente, con ICE favorable y aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en 2021, y que actualmente avanza en la obtención de permisos sectoriales para iniciar su construcción.

En el ámbito judicial, dijo Andes Iron, solo queda pendiente una discusión de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental.

El proyecto contempla una inversión de US$ 2.500 millones, la creación de cerca de 30.000 empleos durante la construcción y un plan de mitigación, compensación y monitoreo ambiental. Producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

El golpe del tribunal ambiental

En el largo proceso de 12 años que ha enfrentado el proyecto en diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogiendo una reclamación presentada por la empresa declaró la nulidad de la resolución del Comité de Ministros señalando que era “ilegal” debido a factores como el incumplimiento de una sentencia dictada en 2021 por el mismo tribunal y confirmada por la Corte Suprema, que debía respetarse como cosa juzgada.

Además, acusó al comité de transgredir principios de imparcialidad y confianza legítima ya que secretarios de Estado habían manifestado previamente su parecer- la exministra de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunciaron en el pasado en contra del proyecto- y posteriormente no se inhabilitaron. Además, según el fallo, hubo “pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y el comité actuó fuera del plazo legal. De esta manera, exigió una resolución ajustada a derecho.

De esta manera, el Comité de Ministros volvió a pronunciarse, el 8 de enero de 2025. Sin embargo, volvió a rechazar de manera unánime el proyecto minero Dominga. Ahora integrado por los subrogantes de las carteras de Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura -dada la inhabilitación de los ministros titulares-, el cuerpo colegiado determinó que faltaba información sobre especies endémicas como la pacul y la algarrobilla, y que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos.