La ley de reforma previsional que aprobó el Congreso a inicios de este año definió que el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en agosto de 2026 pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años.

Pero desde 2026, “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, puntualiza la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

En la reforma previsional el gobierno había comprometido enviar un nuevo proyecto “para regular los ajustes operativos y regulatorios necesarios para el pleno traspaso del SIS” al FAPP, la entidad a cargo de financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional. Y pese que allí también se esperaba que el Ejecutivo hiciera ajustes de fondo al funcionamiento del SIS, dado que tanto expertos como la industria han dicho que requiere de mejoras, lo cierto es que esto último no ocurrió.

Este miércoles el gobierno salió a anunciar el contenido del proyecto de ley. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que en realidad “es un proyecto relativamente simple y relativamente corto”. Allí se hicieron ajustes de forma, es decir, sobre cómo se va a traspasar el SIS al FAPP, pero no hubo mayores cambios de fondo. También se facultó al FAPP para hacer estudios que evalúen la sostenibilidad del SIS.

Consultado sobre por qué el gobierno optó por no hacer cambios de fondo para dar sostenibilidad al SIS, Marcel respondió que“no hay en estos momentos ningún antecedente que sugiera que hay un problema de sostenibilidad del SIS. Entonces, difícilmente uno tendría que hacer alguna reforma que modifique un sistema que no tiene problemas de sostenibilidad”.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta afirmación. Uno de ellos es el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, quien hizo un análisis sobre este tema en 2019, a partir de un estudio que le encargó la Asociación de Aseguradores de Chile.

En dicho estudio, Bravo recuerda que observó que “a partir de 2016, los datos mostraron una fuerte alza en la siniestralidad del SIS. Este es el término técnico para denotar el aumento de las solicitudes de este beneficio y en las concesiones finalmente realizadas del mismo. Entre 2009 y 2016 las solicitudes del SIS estuvieron relativamente constantes y ya a fines de 2019 los niveles se encontraban en un 70% por sobre los del periodo 2009-2016″.

Asegura que “en el estudio se pudo mostrar que el incremento estuvo concentrado en los beneficios de invalidez y que el aumento difirió de la tendencia estable que se observó, en paralelo, con los casos de invalidez por accidentes del trabajo”.

Bravo recuerda que el estudio lo presentó a fines de 2019 ante las autoridades técnicas del SIS, el superintendente de Pensiones de ese momento, Osvaldo Macías; y el entonces presidente de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez.

“En dicha oportunidad enfaticé la importancia de abordar las explicaciones sobre este fenómeno y mostré que no tenían relación con aspectos objetivos que pudieran explicarlo. Enfaticé también que era necesario realizar cruces de información que debía hacerlos la autoridad y también que había que hacer un trabajo para poder analizar el funcionamiento de las comisiones técnicas, y mirar con detalle un conjunto amplio de indicadores, cuestiones que están bajo la tuición de la Superintendencia”, afirma.

Bravo cuenta que “luego de esa presentación vino la pandemia, y con ello, cayeron las solicitudes del SIS. Pero luego se retomó la tendencia, y si se considera la situación actual (años 2023 y 2024) las solicitudes al SIS ya son un 90% más de lo que fueron en el periodo 2009-2016″.

A raíz de lo anterior, el economista sostiene que “este era un problema conocido que amerita indagar en las causas. Un seguro cuya siniestralidad va continuamente al alza no se hace sostenible. Y eso es lo que ha ocurrido desde inicios de la pandemia, generando una licitación desierta del SIS, y dando lugar a contratos actuales que son de administración financiera, pero no de administración del riesgo. Una mayor siniestralidad se traduce también en un mayor costo del empleador del seguro”.

Pese a todo lo anterior, este miércoles, el superintendente (s) de Pensiones, Mario Valderrama, respaldó los dichos de Marcel en ese mismo punto de prensa donde se presentó el proyecto del SIS, y comentó que el proceso de calificación de invalidez “tiene un carácter evidentemente técnico. Dado eso, yo y el equipo de la Superintendencia, viendo la data existente, no se puede aseverar, como se ha dicho, de que exista algún patrón de fraude o de abuso. No hay ninguna evidencia empírica sólida para afirmar aquello”.