Con nuevos emplazamientos al gobierno reaccionó Andes Iron, firma vinculada a la familia Délano Méndez y que impulsa el polémico proyecto portuario-minero Dominga, luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencia presentada por el Comité de Ministros en contra del Primer Tribunal Ambiental.

En dicho recurso, el órgano acusaba al tribunal de entrometerse en facultades exclusivas del comité, luego que se le ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, en su calidad de secretaría técnica del Comité, emitiera una nueva resolución sobre el proyecto, dando así cumplimiento forzado a la sentencia definitiva del órgano jurisdiccional del 9 de diciembre, y que revivió a la polémica iniciativa.

En esa línea, desde la firma emplazaron al gobierno “a poner fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto Dominga” y advirtieron que “este tipo de actuaciones, que vulneran principios básicos del Estado de Derecho, no pueden seguir condicionando el desarrollo de un proceso que ha sido evaluado y respaldado rigurosamente”.

En su declaración, la firma cuestionó que se destinen “recursos del Estado para intentar bloquear un proyecto de inversión validado por los Tribunales Ambientales”, agregando que ello “contradice el principio de igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas”.

“Persistir en el desacato a sentencias judiciales por parte del Gobierno vulnera flagrantemente mandatos constitucionales”, remarcaron.

Sobre la resolución del TC, la firma indicó que “refuerza la legitimidad y certeza jurídica que permiten avanzar en la tramitación de los permisos sectoriales necesarios” para la construcción del proyecto.

“El fallo del TC reafirma que la acción del SEA carecía de fundamento y forma parte de una estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes, pero también dilatoria, impulsada por el Gobierno para impedir su ejecución”, subrayaron desde Andes Iron, añadiendo que la resolución “refrenda la validez del fallo de ejecución del Primer Tribunal Ambiental, que en febrero de 2025 estableció que el rol político del Comité de Ministros en la evaluación del proyecto se encontraba agotado y que corresponde al SEA cumplir de manera íntegra con la sentencia definitiva de diciembre de 2024, que restableció la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga, hoy plenamente vigente”.

Gobierno analiza fallo

Por su parte, desde el Ministerio de Medio Ambiente emitieron una breve declaración en la que recordaron que aún quedan otros recursos judiciales pendientes de ser resueltos, como el recurso de casación presentado ante la Corte Suprema.

“Respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, organismo que decidió no acoger la solicitud que buscaba resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros como instancia conformada por secretarios de Estado para resolver reclamaciones durante la evaluación ambiental”, indicaron en su comunicación, de sólo tres párrafos.

En el segundo punto, remarcaron su ”respeto por la institucionalidad” y afirmaron que “actuamos conforme al Estado de Derecho al presentar este requerimiento”.

En eso, señalaron que “analizaremos los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales”.

Finalmente, agregaron que “continuaremos trabajando decididamente para proteger la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los chilenos y chilenas, e impulsando un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el medioambiente”.