Conveyor Belt Technology SpA (CBT Chile), el mayor proveedor de correas transportadoras para la industria minera y con más de 30 años de trayectoria, enfrenta una compleja disputa interna que ha llegado a tribunales. La empresa, controlada por el empresario Patricio González y la sucesión del canadiense Larry James Kuzik —fallecido en 2018—, está siendo cuestionada por Sebastián Vidaurre, ejecutivo clave en la internacionalización del grupo y actualmente socio estratégico en las operaciones del holding en Perú.

Según el escrito, CBT Chile ha participado en proyectos emblemáticos en nuestro país, tales como Chuquicamata y Escondida, y en otros de alcance internacional, tales como Bata Hijau, Cerro Verde, Zisco, Aitik 36, Oyu Tolgoi y Highland Valley Cooper.

La semana pasada, Vidaurre, representado por el abogado Ricardo Reveco, socio del estudio Carey, interpuso una medida prejudicial ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, a través de dos sociedades que controla en Perú: Inmobiliaria Morrison Creek (de la cual posee el 99%) y CBT Transportes (de la que controla el 95%). La acción busca acceder a actas de accionistas, contratos, balances y correos electrónicos de CBT Chile, como paso previo a una eventual demanda por “levantamiento del velo corporativo”.

“CBT Chile ha alcanzado tal nivel de prestigio y valoración que actualmente está negociando con la reconocida compañía del sector automotriz y minero, Empresas Marubeni, la adquisición de un alto porcentaje de participación en su capital, lo cual no viene sino a confirmar la relevancia que esta empresa ha adquirido, tanto a nivel local como internacional, en la industria minera y principalmente como el mayor y mejor proveedor de correas transportadoras para la minería a nivel mundial”, acotó la medida prejudicial.

Vidaurre inició su vínculo con CBT como trabajador, pero en 2014 asumió un rol protagónico al tomar la dirección de las operaciones del grupo en Perú. A partir de esta experiencia, propuso a los socios de CBT Chile la creación de una estructura legal y operativa que permitiera formalizar y expandir las actividades en ese país. Así nació Inmobiliaria Morrison Creek, orientada al desarrollo inmobiliario del grupo en Perú, y posteriormente, en 2022, se constituyó CBT Transportes, enfocada en la gestión de activos operativos.

Actualmente, Morrison Creek es propietaria de los terrenos donde CBT Perú desarrolla toda su actividad comercial, mientras que CBT Transportes es titular de la maquinaria empleada en las faenas peruanas. Esta estructura —según se detalla en la presentación judicial— permite a CBT Perú funcionar a través del arriendo de terrenos y equipos a las sociedades controladas por Vidaurre, quien fue designado gerente general del grupo en Perú y cuya participación en las sociedades fue pactada como parte de su retribución estratégica.

Rentas impagas

Pese a que existieron borradores listos para formalizar los contratos de arriendo entre CBT Perú y las sociedades de Vidaurre, estos nunca fueron firmados, y —según sostiene la acción legal— tampoco se realizaron pagos por el uso de terrenos ni maquinarias, lo que habría generado una deuda significativa a favor de las empresas de Vidaurre.

“Dichas prácticas también incluyeron el intento de marginación de Vidaurre de la administración de CBT Perú, para así poder aprovecharse de la explotación de bienes de otras sociedades ligadas al negocio, de las cuales Vidaurre es accionista mayoritario, y a las cuales, a la fecha, el grupo CBT adeuda ingentes sumas de dinero por concepto de rentas impagas, tanto de maquinarias como de bienes inmuebles”, indica la presentación.

El conflicto se agravó en 2023, tras un grave accidente en motocicleta que dejó a Vidaurre hospitalizado durante ocho meses y con secuelas físicas. Según la demanda, en lugar de recibir apoyo, fue objeto de maniobras para revocar sus poderes en CBT Perú y se le bloquearon los accesos corporativos, impidiéndole ejercer sus funciones.

“A pesar del importante rol que el Sr. Vidaurre desempeñaba en este relevante grupo empresarial en la industria de la minería, quien hoy es accionista mayoritario de CBT Chile, a saber, Patricio González, incurrió en prácticas reprochables, a través de las sociedades del grupo CBT, para intentar marginar a Vidaurre de la empresa a la cual le entregó años de sacrificio, aprovechándose, en parte, de un lamentable accidente automovilístico que Sebastián Vidaurre sufrió y que lo tiene con licencia médica hasta la fecha”, se afirma en el escrito presentado.

La acción también impugna la constitución de CBT Perú en 2022, señalando que no respondió a necesidades comerciales reales, sino que habría sido parte de una estrategia para aislar patrimonialmente a la matriz chilena frente a riesgos legales o financieros. Hasta ese momento, afirman los demandantes, la operación en Arequipa funcionaba correctamente a través de una agencia local con más de 14 años de trayectoria.

Para Vidaurre, la estructura diseñada por la administración de CBT Chile constituye un abuso de la personalidad jurídica, al buscar evadir responsabilidades tributarias, laborales o contractuales a través de la fragmentación societaria entre Chile y Perú.