El próximo 1 de agosto entrará en vigencia en Chile el primer tramo del alza en la cotización previsional: un 1% adicional del salario imponible a cargo del empleador, como parte de la reforma aprobada este año. Este aumento marcará el inicio de una ruta progresiva que, según lo aprobado, llevará a un aporte total del 8,5% por parte del empleador hacia 2033.

De ese 1%, solo un 0,1% irá a las cuentas individuales de los trabajadores, mientras que el 0,9% restante se destinará al nuevo Seguro Social Previsional (SSP), a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Este seguro busca financiar beneficios como la compensación por diferencias en expectativa de vida entre hombres y mujeres, entre otros mecanismos redistributivos.

Aunque valoramos que esta medida contribuya a mejorar las pensiones, es importante estar atentos a los efectos que la distribución de estos recursos puede tener en el mercado laboral. Según datos del INE, la tasa de desempleo nacional escaló a 8,9% en el trimestre marzo–mayo de 2025, mientras que la tasa femenina alcanzó un 10,1%. Estos datos ponen de relieve que el impacto de la reforma previsional sobre el empleo ya se está sintiendo.

Financiar la solidaridad previsional mediante cotizaciones, en lugar de hacerlo con impuestos generales —como muchos expertos sugerimos durante la discusión de la reforma— debilita el vínculo entre la contribución individual y el beneficio esperado, lo que puede disminuir la motivación de los trabajadores para cotizar formalmente.

Es fundamental que las políticas previsionales garanticen la sostenibilidad del sistema sin comprometer la competitividad empresarial ni la generación de empleo. En ese sentido, habría sido deseable que un porcentaje mayor de esta alza inicial en las cotizaciones se hubiese destinado a las cuentas individuales de los trabajadores, fortaleciendo el ahorro previsional y manteniendo el incentivo a la formalidad.

El desafío, ahora, es que la reforma previsional avance con equilibrio: protegiendo a los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo. Por eso, es importante seguir evaluando y ajustando el diseño del sistema para que beneficie a todos los trabajadores, especialmente a quienes están en el inicio de su vida laboral.

En conclusión, el aumento en la cotización es un avance relevante para el sistema previsional chileno. Sin embargo, debemos continuar monitoreando sus efectos en el mercado laboral, para tomar medidas a tiempo. En ese sentido, resulta clave que esta reforma venga acompañada de otras medidas pro-empleo formal que contribuyan a mitigar posibles efectos adversos sobre la contratación, especialmente en sectores más vulnerables como jóvenes, mujeres y pequeñas empresas.

*La autora de la columna es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)