Los cambios de gobierno suelen concentrar la atención en las prioridades del nuevo ciclo político. Sin embargo, antes de mirar hacia adelante conviene evaluar el punto de partida. En materia fiscal, esa mirada es especialmente necesaria: las decisiones de un período condicionan el margen de acción del siguiente. El cierre del gobierno y la instalación de una nueva administración invitan a revisar con perspectiva la evolución de las cuentas públicas. Los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) permiten hacerlo con una base objetiva.

Hace cuatro años, se registró un amplio sobrecumplimiento de la meta fiscal. En el contexto de la normalización posterior a la pandemia, el balance estructural alcanzó un superávit de 0,5% del PIB —muy por sobre la meta de déficit de 3,3%— mientras la deuda bruta se ubicó en 37,9%. El CFA destacó el fuerte ajuste del gasto público —que cayó 23% real respecto de 2021— permitiendo iniciar la convergencia fiscal tras el déficit estructural de 10,6% del PIB del año previo. Con todo, advirtió que parte de este resultado respondía a factores transitorios, como el tratamiento de la brecha del producto y los mayores ingresos asociados al litio.

En 2023 este resultado positivo no se pudo mantener, y las cuentas volvieron a tensionarse. El balance estructural pasó a un déficit de 2,8% del PIB, mientras la deuda bruta aumentó hasta 39,4% y los activos del Tesoro Público continuaron reduciéndose. Asimismo, el CFA subrayó que, de haberse aplicado oportunamente un ajuste prudencial a los ingresos del litio, el déficit estructural habría sido mayor, lo que sugería una posición fiscal más debilitada que la reflejada entonces por las cifras oficiales.

El deterioro se profundizó en 2024. El balance estructural alcanzó un déficit de 3,3% del PIB, incumpliendo la meta de -1,9% establecida en el decreto de política fiscal. El resultado respondió principalmente a menores ingresos respecto de lo proyectado, especialmente en la recaudación tributaria no minera y en las rentas del litio. El CFA señaló que la desviación respecto de la meta fue elevada para un año sin crisis y reflejaba una sobreestimación relevante de los ingresos en la formulación presupuestaria. En ese contexto, la deuda bruta alcanzó 41,7% del PIB. Posteriormente, el Ejecutivo modificó nuevamente el decreto de metas fiscales invocando “otras causales extraordinarias”, fundamento que el Consejo no compartió.

Un año después, el incumplimiento fiscal se amplió. El balance estructural preliminar cerró en -3,6% del PIB, con un desvío aún más significativo, tanto respecto de la meta original como de la ajustada a la baja por la autoridad. Una vez más el CFA alertó que la magnitud del incumplimiento fue elevada para un período sin shocks extraordinarios y confirmó que las tensiones fiscales observadas desde 2023 no han sido transitorias. En efecto, este desempeño se explica principalmente por errores reiterados en la proyección de ingresos, cambios en el nivel de los ajustes cíclicos y un gasto superior al comprometido, especialmente en gasto corriente. Aunque la deuda bruta se mantuvo similar al año anterior, ello respondió a factores transitorios más que a una consolidación fiscal.

El balance del período deja una advertencia clara: cuando los desvíos fiscales se vuelven persistentes, lo que comienza a erosionarse no es solo el balance, sino también la credibilidad de la regla fiscal. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá fijar las metas fiscales en un contexto más exigente: menor espacio fiscal, mayor deuda, el Fondo de Estabilización Económica y Social reducido a apenas 1% del PIB y presiones crecientes sobre el gasto. Los anuncios de la nueva administración reflejan la magnitud de este diagnóstico, aunque entre lo deseado y su implementación siempre existe riesgo.

Al mismo tiempo, hay desafíos fiscales que trascienden el ciclo político. El envejecimiento poblacional ejercerá presiones persistentes sobre el gasto en pensiones y salud, mientras el cambio climático demandará mayores recursos para adaptación y gestión de riesgos. En ese contexto, resguardar la sostenibilidad fiscal no es solo un objetivo técnico: es una condición para preservar uno de los activos institucionales más valiosos del país.

*Vicepresidente Consejo Fiscal Autónomo (CFA)