El empleo del sector público es un tema que ha sido materia de permanente preocupación y debate entre expertos. Por lo mismo, se sigue con atención el Informe de Recursos Humanos que publica trimestralmente la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El informe correspondiente al segundo trimestre de este año, muestra que el empleo público de la administración central subió en 33.728 funcionarios, lo que equivale a un alza de 6,9%, llegando a un total de 523.195 cargos compuestos en un 86,3% por personal que cumple funciones permanentes (dotación) y en un 13,7% por personal que desempeña funciones transitorias (fuera de dotación).

Este aumento se descompone en un incremento de 38.914 cargos en los Servicios Locales de Educación (SLE). Según señala la Dipres, esto lo explica el proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos SLE, que incluye el traspaso por orden legal de personas que se desempeñaban en el servicio educativo de los establecimientos educacionales y fueron traspasados desde el nivel municipal al central en 2025.

Por su parte, en los Servicios de Salud hubo 3.416 cargos adicionales, lo que es un avance de 1,5% respecto de junio del año pasado, como consecuencia de la contratación de personal para reforzar la puesta en marcha de nuevos establecimientos y para mejorar las prestaciones sanitarias.

En el resto de los cargos de las instituciones públicas, hubo una disminución de 8.602 personas. De acuerdo a la Dipres, la baja en el resto de las entidades responde principalmente a la caída observada entre junio 2024 y junio 2025 en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por la reducción del personal a honorarios en el Instituto Nacional de Estadísticas, que trabajó implementando el Censo de Población y Vivienda.

También contribuye a las disminuciones el Ministerio del Interior, como consecuencia de los traspasos generados por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

En este último se sumaron cargos por la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y el aumento del personal en Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones. Otros incrementos se registraron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por mayor dotación en Gendarmería de Chile, y en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; y en el Ministerio de Educación, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Respecto de marzo de 2025, el personal del Gobierno Central aumentó en 15.051 cargos (incremento de 3%), resultado que se desagrega en 2.925 puestos en los Servicios Locales de Educación (alza de 3,6%); de 5.727 cargos en los Servicios de Salud (2,6% adicional) y de 6.399 puestos en el resto del Gobierno Central (3,2% más que en marzo de 2025).

Más mujeres que hombres

En cuanto a la distribución por sexo del personal del Gobierno Central, el informe muestra que, a junio de 2025, son 336.958 los cargos desempeñados por mujeres (64,4%, del total). La mayoría (175.876) está bajo la modalidad de contrata, seguido por quienes están de planta, con 61.762, y honorarios con 24.514.

A su vez, según el informe, hay 186.231 hombres (35,6% del total) y 6 cargos desempeñados por personal no binario. En hombres, hay 98.505 personal a contrata; 42.466 de planta y 17.326 a honorario.

Desde el gobierno indicaron que “al comparar por períodos de gobierno, se evidencia que, entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 - lapso correspondiente a la segunda administración de la expresidenta Bachelet-, el aumento del total del personal disponible del Gobierno Central fue del 22%”.

En tanto, entre marzo de 2018 y diciembre de 2021, es decir, bajo el segundo mandato del expresidente Piñera, mencionan que “el alza fue de 34,4%”, mientras que entre marzo de 2022 y junio del 2025, al alero de la actual administración, el incremento de cargos en el Gobierno Central va en “18,5%, hasta el momento”.

El Informe de Recursos Humanos se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso Nacional-excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.