En 2020 el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibió que las personas puedan contratar seguros que cubran el riesgo de fraudes en medios de pago. Sin embargo, más de la mitad de las personas afirma estar dispuesta a contratar un seguro de este tipo.

Eso es lo que muestra una reciente encuesta de opinión pública de Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, realizada entre el 9 y 16 de junio, que aborda la percepción que tiene la ciudadanía sobre los bancos y las fintechs.

Allí, un 55% de las personas respondió que estaría dispuesto a pagar por un seguro que lo proteja ante fraudes en transacciones digitales, mientras que un 45% dijo que no estaría dispuesto a aquello.

Es que la gran mayoría de la ciudadanía, equivalente a un 69% de los encuestados, cree que el riesgo de ser víctima de un fraude en las transacciones digitales que realiza es “alto” o “muy alto”.

En el detalle, solo un 3% piensa que el riesgo es “muy bajo”, mientras que un 29% estima que el riesgo es “bajo”. Sin embargo, un 46% asegura que el riesgo es “alto”, y un 23% responde que el riesgo es “muy alto”.

Al consultar a las personas si considera que las instituciones financieras están realizando esfuerzos para disminuir el riesgo de fraudes en las transacciones digitales, un 75% piensa que los bancos sí están realizando acciones de este tipo, mientras que un 48% estima que las fintechs lo están haciendo.

Desde abril del año pasado bajó de manera relevante el número y los montos que los clientes de las instituciones financieras reclaman como fraudes en sus medios de pago.

Es que en mayo de 2024 se publicó la ley 21.673, que vino a hacer cambios a la anterior legislación, los que han sido calificados como positivos, dado que ha disminuido el nivel de fraudes; pero a juicio de la banca, de los expertos, y de la autoridad, sigue habiendo espacios de mejora.

Los bancos privados han alertado que el fraude sigue estando en niveles altos, y han advertido que, aunque a menores tasas, el autofraude ha continuado.

Entre otras cosas, también reclaman que ahora la legislación obliga a los bancos a demandar a sus propios clientes cuando hay fraudes. Y desde 2020 se prohibió que existan seguros que cubran este tipo de riesgos en el país