Se trata de un tema que se ha apoderado del debate público nacional y que también ha permeado los discursos de los actuales candidatos presidenciales. El déficit estructural crónico que amenaza la estabilidad de las finanzas públicas en los próximos años ha obligado al mundo económico y político a explorar medidas e ideas sobre cómo, dónde y cuándo realizar un “apriete de cinturón” al presupuesto público. Sin embargo, el debate se ha entrampado, por la dificultad que significa aterrizar una propuesta concreta y con números.

Pero una inédita investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP) entra por primera vez en el engranaje más fino del presupuesto público, e identifica los espacios en que una futura administración podría disminuir la llamada “grasa” del sector público. Sobre la base de análisis técnicos, entrevistas con expertos y la revisión de la oferta programática del Estado, el estudio del centro de pensamiento identificó 20 espacios de ajuste fiscal que podrían permitir contener o reducir el gasto público en un rango que se sitúa, en un escenario conservador, en un 1,03% (US$3.600 millones) y un límite superior de un 1,71% (US$6 mil millones) del Producto Interno Bruto (PIB) por año, en régimen.

Del conjunto de líneas de acción presentadas, 15 pueden impactar en un menor gasto público por hasta un 1,25% del PIB, y otras cinco permiten contener un gasto futuro por hasta un 0,45% del PIB. Asimismo, ocho líneas de acción podrían implementarse en el corto plazo, mientras que las 12 restantes pueden ser ejecutadas en el mediano plazo. A su vez, diez líneas de acción requieren de medidas administrativas y de gestión, mientras que las diez restantes requieren alguna modificación legal para su implementación. Cada línea de acción, añade el estudio, tiene distintos grados de complejidad en su implementación, ya sea de carácter técnico o de economía política.

“Llevamos mucho tiempo con déficit fiscales, aumento de la deuda pública y sin cumplir nuestros propios compromisos en esta materia. Las proyecciones tampoco son alentadoras. Llegó el momento de tomarse en serio la necesidad de generar espacio fiscal y este es un trabajo que va en la dirección de identificar medidas específicas que podrían generar ese espacio”, afirma Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP.

“En las circunstancias actuales, de bajo crecimiento, sería poco razonable generar el espacio fiscal requerido a través de mayores impuestos. Es por eso que las medidas presentadas son, en lo fundamental, referidas a disminución y contención del gasto público”, complementa el también expresidente del Banco Central.

Sintonía fina fiscal

Según el reporte, las líneas de acción contempladas tienen distintos impactos para el Fisco. Algunas implican un impacto directo sobre el gasto presupuestario del Gobierno Central, como los ajustes a los programas mal evaluados o las mejoras a los instrumentos de focalización, las que son clasificadas como medidas de menor gasto. Otras, en cambio, buscan limitar o moderar el crecimiento del gasto futuro mediante ajustes al ritmo de expansión de ciertos beneficios, como el reajuste salarial y de los bonos del sector público, y que son clasificadas como medidas de contención de gasto.

Los principales espacios de ganancia fiscal del estudio apuntan a la reducción del uso del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) -suma de dinero que se paga por el período en que un trabajador haya estado con licencia médica, y cuya finalidad es reemplazar la remuneración o renta que deja de percibir mientras está enfermo- y el ajuste a programas públicos mal evaluados o con alto gasto administrativo, ambos con un 0,19% del PIB cada uno de menor gasto en el escenario más optimista.

Mientras el primero es una medida de mediano plazo y que requiere cambio legislativo, el segundo es más inmediato y es de resorte administrativo. El estudio también propone un ajuste de gasto a los programas públicos clasificados como no sociales y la reducción de la dispersión y atomización de la oferta programática del Estado, entre otros.

El investigador del CEP Tomás de la Maza afirma que la oferta programática del Estado ha crecido de forma sostenida e inorgánica en la última década, pasando de 478 programas públicos en 2012 a más de 700 en 2024. “Este aumento ha generado una creciente dispersión y atomización del gasto público. De nuestra revisión de la oferta, actualmente existen más de 150 programas ‘chicos’ -que ejecutaron menos de $1.000 millones anuales-, muchos de los cuales se mantienen operativos desde hace años sin haber sido escalados. Tener una gran cantidad de programas ‘chicos’ dificulta y encarece su gestión, evaluación y seguimiento, e impide concentrar recursos en iniciativas de mayor escala y con mayor impacto. Junto con evaluar la continuidad de estos programas ‘chicos’, es posible racionalizar la oferta y fusionar programas orientados a una misma necesidad, tales como los enfocados en promover el emprendimiento o la empleabilidad”, afirma uno de los autores del estudio, quien añade que hay espacio para ajustes responsables que permitan mejorar la calidad del gasto.

“Todas estas medidas podrían generar un espacio de más del 0,4% del PIB. Frente a este escenario, es indispensable una revisión integral de la oferta programática del Estado, que permita reducir duplicidades, terminar con iniciativas de bajo rendimiento y ordenar las prioridades de política pública. Esto no significa desatender necesidades sociales, sino liberar los recursos necesarios para que la autoridad pueda usarlos en iniciativas más eficaces para enfrentarlas”, concluye De la Maza.

Otro ítem relevante de ajuste de gasto está concentrado en la reducción de ministerios y subsecretarías, el que requeriría un cambio legislativo. “La cantidad de ministerios y subsecretarías ha crecido fuertemente en los últimos años. Entre 2010 y 2025, pasamos de 18 a 25 ministerios y de 25 a 40 subsecretarías, haciendo la coordinación al interior del gobierno cada vez más compleja y aumentando el gasto administrativo asociado a los mismos”, precisa Tomás de la Maza.

“A la fecha se han hecho muchas propuestas de fusión y reorganización de las carteras, por lo que estimamos el impacto que ellas podrían tener, suponiendo que es posible reducir significativamente los gastos asociados a personal, estructura y operación en general, sin pronunciarnos sobre una configuración específica, lo que arrojó un menor gasto de entre un 0,04% y un 0,09% del PIB, por año, en régimen”, complementa el experto.

Además de la propuesta de seguir bajando el llamado gasto tributario (exenciones), cuyo mejor escenario es del 0,18% del PIB de menor gasto, la investigación apunta a la reducción del ausentismo por licencias médicas en el sector público. “Una parte importante del espacio fiscal identificado en este estudio proviene de la reducción del uso excesivo de licencias médicas en Chile. El gasto por este concepto ha aumentado de manera sostenida en la última década, explicado no solo por un posible deterioro en la salud de la población, sino también por fallas estructurales en el diseño del sistema, con incentivos mal alineados y baja fiscalización. En el sector público, además, se observa que el uso de licencias médicas es mucho más alto que en el sector privado. Por ello, se proponen tres líneas de acción complementarias: reducir el uso general de licencias médicas, equiparar el nivel de uso entre el sector público y privado, y, además, limitar el pago de remuneraciones de los funcionarios públicos al tope imponible cuando estén con licencia médica. Estas medidas representan, en conjunto, cerca del 0,35% del PIB”, concluye otro autor del estudio, el investigador Gabriel Ugarte.

En el think tank explican que las fórmulas posibles para disminuir el uso de las licencias médicas indebidas podrían apuntar a inisistir en los cruces que ya ha hecho la Contraloría, mayor fiscalización de la Compin y la Suseso, y un aumento de exigencias a los jefes de servicio, entre otros.