La magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, desestimó la solicitud de la defensa del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, y mantuvo la prisión preventiva que pesa sobre él desde el 30 de noviembre de 2024. No obstante, la jueza fijó una caución de $300 millones; si el imputado paga ese monto, quedará con arraigo nacional y arresto domiciliario total.

Coeymans está imputado por presuntos delitos de falsificación y uso malicioso de instrumentos privados, asociación ilícita, lavado de activos y delitos económicos.

La defensa de Coeymans, liderada por los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, solicitó la revisión de la medida cautelar fundamentando que su defendido había prestado colaboración sustancial en la investigación. En la audiencia la defensa también destacó que el ejecutivo puso a disposición parte de su patrimonio a modo de reparación.

Para sustentar su defensa, Francisco Coeymans presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago un informe en derecho elaborado por el abogado y contador auditor Carlos Moreno Solorza. El documento, de más de 50 páginas, fue encargado por su equipo jurídico y buscó impugnar la validez jurídica y procesal de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que lo acusa de haber participado en la entrega maliciosa de información falsa para obtener autorización de emisión de documentación tributaria.

El informe sostiene que la investigación penal por presuntos delitos tributarios fue iniciada por el Ministerio Público sin contar previamente con la denuncia o querella del SII. Según la defensa, esto constituye una infracción al principio de legalidad procesal, ya que este tipo de delitos solo puede ser investigado penalmente a partir de una instancia particular ejercida exclusivamente por el director del SII. Además, se alega que el propio SII realizó una investigación paralela que excedió sus facultades administrativas, incurriendo en diligencias propias del Ministerio Público.

En cuanto al fondo del asunto, el abogado Moreno Solorza argumenta que no existen pruebas concretas que vinculen directamente a Coeymans con la formulación o presentación de las declaraciones falsas que se denuncian. A juicio del informe, la querella se sustenta en generalizaciones sin respaldo documental suficiente y en imputaciones amplias que no cumplen con los estándares mínimos de tipicidad penal, ya que no se individualizan las declaraciones supuestamente falsas ni se acredita el dolo específico exigido por el tipo penal invocado.

Conocedores del proceso, señalaron a este medio, que Coeymans no cuenta con los recursos suficientes para poder completar la caución, y estaría realizando gestiones con sus familiares para completar el monto o dejar un bien inmueble en garantía.