Este miércoles, el Ministerio de Hacienda informó que sus proyecciones actuales apuntan a que las cuentas fiscales cerrarán el año con un déficit fiscal de 1,8% del PIB, por sobre el 1,6% esperado en abril pasado y que es la nueva meta oficial para 2025. Esta situación recibió críticas de los expertos, que ven además que el escenario para el próximo año se ve más apretado.

Hace tres meses, el gobierno informó que la meta fiscal prevista en el decreto presentado en enero del 2024, que consideraba un balance fiscal estructural de -1,1%, para este año no se iba a cumplir debido a que el cierre de ese año, de -3,3% del PIB, fue peor de lo esperado. Eso cambiaba la base y por ende hacía poco probable lograr este año un -1,1% del PIB. Dado ese escenario es que se decidió cambiar el decreto de política fiscal pasando del -1,1% a -1,6% del PIB.

Pese a que esa modificación se produjo recién en abril, el escenario base que prevé Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre que presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado, anticipa que tampoco se cumplirá, ya que se proyectó un cierre de año de -1,8% del PIB. De concretarse, sería la segunda vez que la meta autoimpuesta por el propio gobierno no se cumplirá.

Durante la presentación del informe, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “lo que nosotros tratamos de hacer en los informes de finanzas públicas es una proyección, y esa proyección nos indica cuán alejados o próximos estamos de la meta. En este caso nos indica que estamos un poco por debajo, pero con una diferencia relativamente menor y, tal como se explicó en la presentación, es una diferencia subsanable con pequeños ajustes en algunos de los parámetros. El cambio en la trayectoria o las metas para 2025 se encuentran en el decreto que está en la Contraloría, y la meta es -1,6% para 2025, y -1,1 para 2026, lo que para nosotros son compromisos, y por lo tanto tenemos el propósito de cumplirlos”.

A pesar de estos paños fríos del ministro, economistas expertos en temas fiscales ven con preocupación la posibilidad de que nuevamente no se cumpla la regla, a pesar de que esta fue modificada hace pocos meses.

“El no cumplimiento es una muy mala noticia. Cuando se implementó la regla dual, se identificó el proceso por el cual en caso de no lograr el cumplimiento de la meta de BCA (Balance Cíclicamente Ajustado) debería seguirse para lograr configurar un nuevo escenario. Sin embargo, este incumplimiento en 2024 se dio sin mediar una crisis externa o interna en la economía. Ahora para 2025 se incumple la misma meta impuesta por el ejecutivo en el decreto de política fiscal” señala el investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz.

El experto agrega que “estos hechos lo que hacen es que minan la confianza respecto a la viabilidad de las proyecciones fiscales, las cuales lamentablemente en su mayor parte de ajustan hacia un mayor déficit. Parte de la gestión eficiente de la política fiscal, parte de la credibilidad de esta por parte del mercado”.

En la misma línea, Macarena García, economista de LyD, añade que “se sigue socavando la institucionalidad fiscal al no responsabilizarse la propia autoridad de las finanzas públicas. Más aún en un contexto de normalidad económica, donde todavía no hay signos de ninguna crisis o situación excepcional”.

Por esto, la exdirectora de Presupuestos y economista del Centro de Políticas Públicas Facultad de economía, negocios y gobierno, Universidad San Sebastián, Cristina Torres, plantea que “es fundamental recomponer la credibilidad de la regla fiscal. En un contexto económico sin crisis mediante, es importante separar cuanto del incumplimiento de ella emana de una sobrestimación de ingresos que en definitiva ha permitido autorizar un mayor nivel de gasto, sin reaccionar a tiempo al deterioro que se evidencia mensualmente, sin medidas transitorias”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, también critica el escenario contemplado y afirma que “es preocupante, dado que se pospondría alcanzar la meta una vez más, algo que lamentablemente se ha venido transformando en la norma y no en la excepción, lo que le resta credibilidad a la política fiscal, con que podría tener implicancias negativas desde el punto de vista del costo financiero de la deuda, por ejemplo”.

Incluso, algunos plantean dudas de lograr el déficit de 1,8% del PIB este año. En esa línea está Alarcón, quién dice que “es factible logarlo dado que no es una desviación que implique un esfuerzo fiscal adicional significativo, pero se dificulta lograrlo dado que se trata de un año electoral, donde la presión por mayor gasto va a ir en aumento”.

Mientras Torres puntualiza que “la probabilidad que observemos un balance aún más deteriorado es de alta ocurrencia. El déficit de 1,8% del PIB contiene medidas correctivas que no han logrado materializarse”.

Situación para el próximo gobierno

El escenario para el primer año del próximo gobierno también se ve más complejo en el informe entregado este miércoles.

“El nuevo gasto compatible con la meta de Balance Estructural desde el año 2026 al 2029 presenta un nivel menor respecto a lo estimado en el IFP anterior para todo el horizonte de proyección, resultando en una mayor estrechez fiscal, con holguras fiscales más negativas para 2026″.

De esta forma, según el IFP para lograr la nueva trayectoria de la meta, que incluye un déficit fiscal de 1,1% del PIB para 2026 (desde el supuesto 1,6% al que debería cerrar este año según la regla), el gasto compatible es de unos US$1.792 millones menor a lo que ya está comprometido, es decir, si el próximo gobierno quiere seguir el camino planeado, tiene que recortar esa cantidad de gasto adicional.

“Las cuentas fiscales ya se ven bastante estrechas y con signos de deterioro, en especial en un escenario donde no se advierte un cambio importante en el crecimiento de mediano/largo plazo dada la falta de inversión, donde el crecimiento económico es la principal fuente de ingresos fiscales. Todo en un contexto donde es sumamente difícil moderar el gasto dada la gran cantidad de compromisos fiscales contraídos”, señala Alarcón.

“El escenario es complejo no solo porque este si bien es estrecho, está sobrestimado. Las holguras negativas superan los $3.000 millones de dólares para el periodo (2016-2019), refrendando una estrecha situación fiscal. Sin embargo, estas no reflejan adecuadamente los distintos compromisos de gasto. Adicionalmente, la deuda sigue creciendo y poco se habla sobre la recomposición de activos que permiten, por ejemplo, hacer frente a una crisis, o cómo estos contribuyen a mejorar la posición financiera neta, que es en definitiva donde se debe apuntar en años normales”, plantea Torres.

Mientras que García agrega que “esto obliga al próximo gobierno a tener que asumir los costos políticos de un recorte importante de gastos si es que quiere mantener las metas fiscales tal como este mismo gobierno las propuso, o simplemente cambiar las metas tanto de deuda como de balance y poder decir que “cumplió”.

“En la práctica la nueva administración no tendría espacio para implementar políticas, esto debido a que el gasto comprometido, es mayor al gasto compatible con la meta”, indica Ortiz.

Cabe recordar que el primer presupuesto ejecutado por la actual administración (2022) -diseñado por el gobierno anterior- incluyó un alza de 3,7% respecto a la ley de 2021, pero una caída del gasto de 22,5% respecto a la efectivamente ejecutado en ese año, debido a los gastos extraordinarios por pandemia.

Con esto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric comenzó ejecutando un presupuesto “de ajuste”. Aunque actualmente no se anticipa una caída, es probable que el alza del gasto para el próximo año sea más acotada que en los años previos.