El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un nuevo informe donde analiza las implicancias y los principales riesgos fiscales asociados al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES).

Uno de esos riesgos apunta a los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que estiman que el proyecto generaría un ahorro fiscal neto a diez años. Ante ello, el CFA alerta que ese resultado depende de medidas distintas al mecanismo del FES, tales como la eliminación de las becas de arancel y la postergación de la extensión de gratuidad.

“Al respecto, el ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez es negativo en $358.500 millones de 2025 (0,09% del PIB proyectado). Al incluir los gastos institucionales el ahorro neto es negativo en $361.563 millones en pesos de 2025 (0,09% del PIB proyectado)”, observa el CFA.

Además, el Consejo advierte que, si bien la situación de desembolsos mayores a las contribuciones fiscales del mecanismo utilizado en el FES se modera en el largo plazo, no se termina de revertir completamente en el periodo proyectado.

“A partir de la información enviada por Dipres que no está contenida en los informes financieros que acompañaron la iniciativa legal, el CFA alerta que el ahorro neto promedio del mecanismo inherente del FES proyectado a 74 años sería negativo en $118.391 millones de pesos de 2025 (0,03% del PIB proyectado)”, indican en el CFA.

En función de lo anterior, tal como lo hizo en su presentación de análisis preliminar de julio, el Consejo considera que diez años no es un plazo suficiente para evaluar íntegramente el impacto fiscal de este proyecto, por lo que sugiere que en la discusión legislativa se amplíe la proyección en los informes financieros más allá de diez años.

Además, el organismo fiscal señala que, considerando que en casi todo el periodo de proyección los desembolsos superan a las contribuciones del FES, “es relevante que se realice un análisis de recuperación promedio por cohorte de estudiantes”.

Y a la vez, sugiere que los informes financieros del proyecto incluyan no solo los montos agregados del mecanismo del FES, sino también las variables y supuestos utilizados en su proyección, como el número total de usuarios por año, las cifras de aranceles regulados y las rentas estimadas para las personas en etapa de pago.

De esta forma, el CFA recomienda que los informes financieros tengan un estándar similar al de los de las reformas de pensiones, en términos de variables, supuestos y plazos.

Gastos y no activos

En otro punto del análisis, el CFA se alinea con el dictamen de la Contraloría que determina que el FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.

Así, el CFA señala que en contraste con lo planteado por el Ejecutivo, los desembolsos del FES debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea en cuanto a su tratamiento contable, es decir, con efecto patrimonial en el resultado fiscal del gobierno.

De esta forma, “el efecto sobre el balance fiscal del mecanismo propio del FES es deficitario”, alerta el Consejo.

Sobre este último punto, el CFA precisa: “El FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del fisco, o un pasivo financiero de los usuarios”. Y remarca que la clasificación contable definitiva del FES —y, por ende, la ubicación de sus flujos sobre o bajo la línea— permanece sujeta a las definiciones que adopte el Ministerio de Hacienda tras el reciente dictamen de la Contraloría sobre la materia.

También el Consejo identifica riesgos fiscales relevantes para el resultado fiscal del proyecto y advierte que las proyecciones incluidas en los informes financieros del proyecto podrían variar si alguno de ellos se materializa.

“En particular, ciertos riesgos podrían reducir las contribuciones esperadas del FES o bien las entradas de recursos asociadas al plan de condonación bajo la línea, mientras que otros podrían implicar un mayor gasto”, alerta.

Algunos de los riesgos son: la mayor composición de estudiantes que no contribuyan, o bien, que contribuyan con montos bajos; y la subestimación de desembolsos por aranceles regulados, entre otros.