El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional de los ocho ejecutivos de Larrain Vial investigados y formalizados por la Fiscalia en el marco del caso Factop-Audio, en su arista vinculada al Fondo de Inversión Privada Capital Estructurado (FIP).

La suspensión condicional beneficia a los cinco ex directores de la AGF Larrain Vial Activos, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, el ex gerente general de la administradora, Claudio Yáñez, y dos socios de la gestora, Manuel Bulnes y Felipe Porzio.

A raíz del caso, los primeros seis ejecutivos dejaron sus cargos en la AGF, pero preservaron otras funciones en el grupo LarrainVial. Manuel Bulnes, ex gerente general de la corredora, renunció a sus cargos ejecutivos en el grupo por este caso tras 33 años en la compañía. Porzio es el gerente de finanzas corporativos de la gestora.

En la audiencia, la fiscalía anunció que LarrainVial propuso un acuerdo que satisface las condiciones del Ministerio Público. La decisión fue adoptada por la operación de recompra de las cuotas de los inversionistas que LarrainVial ya había anunciado y puesto en marcha. Solo se opuso uno de los aportantes del fondo de inversión, Nanomed, representado por Germán Ovalle, argumentos fueron desestimados por el tribunal.

La recompra activada por LarrainVial en diciembre pasado consideró a una buena parte de los inversionistas de serie B, pero no incluye a las sociedades relacionadas a los imputados Álvaro Jalaff y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

En total el monto desembolsado por Larraín Vial en el acuerdo reparatorio consideró $3.259 millones, correspondiente a 124.555 cuotas Serie B. El fondo había sido formado en 2023 para agrupar las acreencias de Antonio Jalaff, ex socio del grupo Patio que acumuló pasivos por unos $ 27 mil millones. Las cuotas del fondo, sin embargo, perdieron valor tras la venta de la participación de Jalaff en Patio, tras el involucramiento de su familia en el caso Factop y el caso Audios.

Los ejecutivos quedaron obligados a firmar bimensual, salvo Claudio Yáñez, ex gerente general de Larraín Vial Activos, quien debe firma una vez al mes a la comisaría más cercana a su domicilio.

El tribunal también aprobó la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación por 50 días.

La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa al juicio penal que puede ser solicitada por el fiscal, con el acuerdo del imputado, ante el juez de garantía, siempre que el delito tenga una pena baja (no más de tres años de cárcel), si el imputado no posee condenas anteriores y si no hay otra suspensión vigente por hechos similares. En este caso, la suspensión condicional a los ejecutivos de LarrainVial es por un año: transcurrido ese plazo, y si no son acusados de otros delitos, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo.

LarrainVial celebró la decisión adoptada por el tribunal. A través de un comunicado firmado por LarrainVial Activos AGF, empresa que tras el caso es presidida por José Miguel Barros, el grupo afirmó que la “salida alternativa acordada por los intervinientes y autorizada por el Juzgado de Garantía, constituye un reconocimiento de que LarrainVial colaboró permanentemente con el avance de la investigación llevada por el Ministerio Público y que, -sujeto al cumplimiento de sus términos- pone fin al proceso penal para la empresa, sus exdirectores, exgerente general y colaboradores”.

La compañía afirmó que ratificaba su compromiso con la legislación vigente, la ética y la búsqueda permanente del mejor interés de los aportantes de todos los fondos bajo su administración. “Buscaremos seguir demostrando nuestra inocencia en las instancias regulatorias y judiciales que corresponda, con la convicción del correcto actuar de nuestros ejecutivos”, afirmó la compañía, que enfrenta además una investigación de parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En octubre del año pasado, la CMF acusó a la AGF de LarrainVial Activos, los directores y su gerente general, además de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff y el exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa, Luis Flores de formar parte de “actuaciones, mecanismos o prácticas engañosas o fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas” del Fondo de Inversión Capital Estructurado I.

Audiencia

A mediados de enero de 2025, el Ministerio Público había formalizado a ocho personas vinculadas a LarrainVial —entre ellas, directores y ejecutivos— en la arista relacionada con el fondo Capital Estructurado I, administrado por LarrainVial Activos.

Este fondo tenía como objetivo invertir en títulos representativos de capital de Inversiones Santa Teresita SpA y del fondo de inversión privado 180, vehículo a través del cual Antonio Jalaff mantenía indirectamente un 3,87% de Patio. La Fiscalía acusó a los ejecutivos y directores de LarrainVial de gestionar el fondo sin contar con las garantías exigidas ni cumplir con los acuerdos establecidos. La compañía, en tanto, respondió que fue engañada por Factop y que desconocía tanto las irregularidades como la existencia de facturas falsas.

En aquella oportunidad, LarrainVial calificó la formalización como una medida “carente de fundamento” y sostuvo que tanto la administradora, como sus directores y el gerente general “han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del Fondo y sus aportantes”, según expresó en una carta enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).