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FNE pide aplicar millonarias multas a productoras de alimentos para salmones por colusión

La Fiscalía Nacional Económica acusa a Biomar, Skretting y Salmofood de coludirse por más de una década y solicitó al TDLC que aplique a cada una de las tres requeridas las máximas multas que contemplaba la Ley vigente: en conjunto, $75.500 millones, casi US$80 millones.

Alejandra De Lucca V.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione a las empresas productoras de alimentos para salmones Biomar, Skretting y Salmofood por haber ejecutado al menos entre 2003 y 2015 un único acuerdo anticompetitivo que afectó el precio de estos insumos en el país.

Debido a la gravedad de la conducta y a la extensión en el tiempo del cartel, la FNE solicitó al TDLC que aplique a cada una de las tres requeridas las máximas multas que contemplaba la Ley vigente al momento de cometerse los hechos, esto es 30 mil UTA, equivalentes a más de $24.800 millones o, en su conjunto, $75.500 millones, casi unos US$80 millones.

En los alegatos realizados este martes en el TDLC, el subjefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, expuso parte de la evidencia reunida por la Fiscalía, que da cuenta del comportamiento colusorio ejecutado por las requeridas.

En particular, dio a conocer cómo, en un inicio, estas empresas coordinaban los valores de los alimentos o sus reajustes, por ejemplo, a través del intercambio de listas de precios, mientras que, al cabo de un par de años, la coordinación se centró en el costo de las materias primas que cada uno reportaba a sus clientes.

Delación compensada

Estos antecedentes fueron obtenidos tanto en el marco de la delación compensada efectuada por Ewos, como en las medidas de entrada y registro que ejecutó la Fiscalía en las oficinas de las compañías durante el proceso de investigación que terminó a fines del año 2019 con la interposición de un requerimiento por parte de la FNE.

Adicionalmente, Aguilera explicó detalladamente en base a correos electrónicos incautados y declaraciones recogidas durante la investigación, la forma en que las productoras de alimentos materializaron el acuerdo durante todo el periodo acusado, y en el que participaron los principales ejecutivos de cada una de las requeridas, entre ellos, gerentes generales, comerciales y de compra.

Todo esto se tradujo en la afectación de los precios informados y cobrados a sus clientes, afirmó la FNE.

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