En la madrugada de este miércoles, el gobierno representado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo cerró la negociación del reajuste salarial del sector público. Y si bien el acuerdo final en cuanto al guarismo de incremento, que se estableció en 3,4%, estuvo bastante por debajo de la propuesta de 5,4% que pidieron los representantes de los trabajadores, este fue respaldado por 10 de las 16 organizaciones sindicales.

Así, el protocolo de acuerdo firmado por la tarde, considera un alza salarial a partir del 1° de diciembre de 2025, de un 2% y una adicional desde el 1° de junio de 2026, de 1,4%, constituyendo la secuencia descrita un reajuste total de 3,4%, lo que implica un 0% de aumento real, puesto que la inflación a noviembre alcanzó esa misma variación en doce meses.

También se estableció que los Aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, Bono de Escolaridad y Bonificación Adicional de Escolaridad y Bono de Vacaciones se reajustarán en 3,4% y ascenderán a los valores que se indican en el anexo del protocolo. Por su parte, las remuneraciones mínimas establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.429 se reajustarán en 5%.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo al respecto que “para nosotros como gobierno llegar a este acuerdo es muy significativo por distintas razones. Primero, porque creemos que el acuerdo expresa avances en distintas dimensiones que son de especial relevancia para el trabajo en el sector público. Pero también un acuerdo de esta naturaleza da cuenta de cómo entendemos la democracia. Una democracia donde los avances, donde los proyectos de ley se construyen con los actores sociales organizados, con los dirigentes sindicales. Porque construirlo de esa manera por supuesto que nos lleva a resultados distintos”.

Estabilidad laboral

Sin embargo, junto con lo anterior, el gobierno incluyó en el acuerdo un punto que desde ya se anticipa muy polémico, puesto que incorporó disposiciones que restringirían el despido futuro de funcionarios, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

Una primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

También se incorpora “una norma que regule al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.

Ambas materias generaron el inmediato rechazo de los parlamentarios de la oposición que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Uno de ellos, Felipe Donoso (UDI), sostuvo que “es absolutamente inaceptable las normas de amarre que el gobierno compromete con los funcionarios públicos”.

Para el legislador, “esto supera por mucho lo que ha realizado cualquier gobierno que pierde la elección, y no solo dejaron un Presupuesto desfinanciado y sin glosa republicana, si no que ahora buscan amarrar a sus activistas y operadores políticos para impedir la instalación de un nuevo gobierno”.

Opinión similar entregó el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien manifestó que “es impresentable, porque exige que la no renovación o la renovación en condiciones distintas sea sustentada ‘en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico’. Y contra eso, se señala que se les extiende por este motivo el reclamo de ilegalidad a la Contraloría por vulneración a los derechos del estatuto administrativo o municipal, según corresponda”.

Apuntó que “la intención es limitar la contratación hasta en los cargos de confianza y establecer una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios del gobierno”.

Mientras que el diputado Republicano, Agustín Romero, aseveró que “el acuerdo de reajuste del sector público incorpora normas que exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste. Se introducen reglas sobre no renovación de honorarios y sobre la estructura y funcionamiento de los gabinetes, materias que claramente son abusivas porque intentan condicionar la gestión del próximo gobierno".

Por su parte, Matías Acevedo, exdirector de la Dipres también criticó la norma propuesta: “Esta norma me parece improcedente y de hecho me parece que incluso está fuera de las ideas matrices de lo que permite la ley de reajuste, que es subir los salarios del sector público”. Esto para Acevedo en “un contexto de cambio de gobierno, solo pone más trabas a un futuro gobierno para poder desvincular a funcionarios a contrata sin motivo alguno. Es una discusión que debe darse en una reforma sobre empleo público”.