Por Carlos AlonsoGobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto
Este miércoles por la noche, el Congreso despachó a ley el erario fiscal del próximo año, tres antes de su último plazo que vencía el sábado 29 de noviembre. Los parlamentarios de oposición reconocieron que si bien logaron algunas modificaciones en materias importantes como Seguridad y Cultura, en la estructura global no consiguieron que el gobierno acogiera sus demandas. En última instancia, se cayó una norma que permitía a los gobiernos regionales hacer transferencias a las empresas públicas.

Hubo cambios y ajustes sí, pero la estructura central del Presupuesto de la Nación 2026 se mantuvo intacta.
Así, este miércoles por la noche, el Congreso Nacional despachó a ley el erario fiscal del próximo año, tres días antes del plazo fatal que era el sábado 29 de noviembre.
Pese a un comienzo con fuertes tropiezos y contras, el gobierno, y en particular el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, logró llegar a esta última instancia de tramitación del Presupuesto del próximo año, sin tocar sus proyecciones de ingresos y de gasto público, que eran dos de los temas más cuestionados por la oposición.
De hecho, en una de las primeras minutas que elaboró Chile Vamos para negociar con el Ejecutivo se estableció que el erario fiscal 2026 estaba desfinanciado en torno a los US$1.500 millones, por lo que le solicitó un recorte en torno a esa magnitud. Ese monto se descomponía en una sobreestimación de ingresos por US$1.000 millones y en una subestimación de gastos por cerca de US$500 millones.
Pese a ese cálculo y a las distintas mesas de trabajo que creó el gobierno, las cifras globales del Presupuesto no variaron. La estrategia que aplicaron Hacienda y la Dirección de Presupuestos al respecto fue insistir que esta vez las proyecciones de ingresos estaban más ajustadas y que el gasto crecía poco, por lo que no había espacio para seguir recortando. Y finalmente, impuso su visión.
Esto marca una clara diferencia con lo sucedido el año pasado, cuando al inicio del debate del Presupuesto 2025, Hacienda, con Mario Marcel a la cabeza en ese entonces, recortó el gasto en unos US$600 millones, en un hecho inédito durante la tramitación de un erario público.
Esta vez, el Presupuesto 2026 conservó su expansión del gasto de 1,7% con respecto a 2025, lo que en monto equivale a $86,2 billones, del orden de US$90 mil millones. Se trata del menor incremento del gasto público desde 2023, cuando se elevó en 1,1%. Con ello, además, el aumento promedio durante todo el actual gobierno se ubica en 2,1%.
Por su parte, con estas cifras se espera un déficit fiscal estructural de -1,1% del PIB el próximo año.
Frank Sauerbaum, diputado RN e integrante de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos reconoció lo anterior, señalando que “lamentablemente votamos el Presupuesto 2026 con las mismas dudas que teníamos al comienzo y que tenían que ver con las proyecciones de ingresos, gastos, deuda flotante y las metas fiscales. Nos quedan una serie de dudas que no fueron respondidas”.

En todo caso, pese a ello el legislador valoró que “se lograron mejoras en algunos temas que nos interesaban, como seguridad pública, donde se aumentaron los recurso para la PDI, para Inteligencia y Carabineros; reducir el pase cultural; se redujeron los presupuestos para los sitios de memoria, y se quedó sin recursos el programa de identidad de género. También aumentaron los subsidios del DS49 a 40 mil”.
Felipe Donoso, diputado de la UDI, y también integrante de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, acusó que “el gobierno simuló negociar. Peor, siempre poniendo trabas a los cambios que para nosotros eran transcendentes. El Presupuesto resultará aprobado, pero seguimos sosteniendo que la proyección de ingresos está mal calculada y eso va a tener efectos fiscales el próximo año”.
A nivel de los técnicos de oposición la visión es similar a la de los parlamentarios del sector. Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, comentó que “el punto de partida del próximo gobierno es un déficit de 2 puntos del PIB. Ingresos sobreestimados y gastos subestimados. La oposición hizo todo lo que pudo. Pero en esta ley siempre la última palabra la tiene el Ejecutivo”.
Mientras que Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, apuntó que “la discusión no logró zanjar legítimas dudas que se plantearon respecto del financiamiento de la ley. Esas dudas persisten, por lo tanto, no hago un balance positivo respecto de la discusión”.
Para Torres, “si bien en los próximos días habrá que analizar sus detalles a nivel del texto despachado, no solo habrá que profundizar en las revisiones a glosas o gastos agregados por subtítulo, como, por ejemplo, el gasto en personal, ya ad portas de un nuevo reajuste, si no que a nivel macro será importante concentrarse en el cierre fiscal del presente año y cómo ello impacta en la ejecución del próximo, sobre todo en ingresos”.
Respecto de los gastos, la experta indicó que “se esperaban todos los esfuerzos de contención, sin embargo, ante el comportamiento de los ingresos los últimos años y sucesivos desvíos en el cumplimiento de la meta de balance estructural, se esperaba de cara a un legado fiscal, ser más cauteloso en las expectativas, sumado al componente adicional de que será un Presupuesto que ejecutará otra administración”.
Los cambios
Durante la jornada, la primera en sesionar fue la Comisión Mixta, que zanjó las diferencias entre el Senado y la Cámara, reponiendo con algunos cambios los 14 temas que tenían que analizar. Luego, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta y el Senado hizo lo propio, por lo que el erario fiscal quedó listo para ser promulgado ley.
Entre las principales modificaciones de la Comisión Mixta, estuvo reponer y elevar los recursos para el ministerio de Seguridad Pública -se adicionaron $5 mil mllones a su presupuesto original- y reponer en su totalidad los del Congreso Nacional, incluido el financiamiento para los gastos de los expresidentes de la República.
Además revisó y repuso los recursos para los sitios de memoria Casa José Domingo Cañas; Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua; Fondo Programa Sitios de Memoria; Estadio Nacional. Para todos ellos, se estableció que del gasto total, lo destinado a contratación de personal fuese no superior al 50%.
Sobre el financiamiento para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), este se repuso en su totalidad, pero se estableció como indicación en la glosa de la partida que en junio de 2026 el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos deben realizar un informe de rediseño institucional de su operatividad y de su oferta programática.
También se repusieron recursos para el pase cultural, pero con un monto menor a la propuesta original, que era de $16.000 millones, bajando a $8.000 millones. Y se entregarán recursos por $300 millones para deportistas por un sueño y de $100 millones para scouts.
Pero también hubo rechazos. El primero de ellos se trata del financiamiento para el programa de identidad de género, el cual venía rechazado ya del Senado, y la Cámara refrendó esa decisión. Lo mismo ocurrió con el sitio de memoria Fundación Salvador Allende.
Finalmente, en el penúltimo trámite, la Cámara de Diputados rechazó una norma que permitía a los gobiernos regionales hacer transferencias a las empresas públicas.
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