Marcela Ferrada Culaciati (54), exdirectora comercial de Brink’s Chile entre noviembre de 2012 y principios de 2019, declaró el pasado 3 de julio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en dos audiencias separadas: la primera solicitada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la segunda, por la defensa de Brink’s. Ambas diligencias se enmarcan en el juicio iniciado tras el requerimiento presentado por la FNE contra las principales empresas de transporte de valores del país, a las que acusa de haberse coludido para fijar tarifas.

En su primera comparecencia ante el TDLC, Ferrada reconoció haber participado en conductas contrarias a la libre competencia mientras ocupó su cargo. Según la FNE, Brink’s, Loomis y Prosegur habrían coordinado sus precios en el mercado del transporte de valores, y el testimonio de la exejecutiva ha sido clave para sustentar la acusación.

Ingeniera comercial de profesión, Ferrada ha sido una figura central en la investigación. En septiembre de 2018 declaró por primera vez ante la FNE y, un mes después, regresó voluntariamente para acogerse al mecanismo de delación compensada.

Durante la audiencia en el TDLC, se le consultó si efectivamente había participado en acuerdos con competidores para alterar los resultados de procesos de licitación. “Sí, lo reconozco y fui partícipe a través de la información que le entregaba a Alberto [Bálsamo], exgerente general de Brink’s en Chile. Yo estaba súper clara de lo que estaba pasando”, respondió.

Al ser preguntada si Francisco Balieiro, actual gerente comercial de Brink’s, tenía conocimiento del acuerdo con la competencia, Ferrada respondió: “Definitivamente no. Es más, quiero hacer un punto ahí. Para proteger a mi equipo, se establecieron procesos en los que ninguna tarifa se entregaba sin la aprobación del área de finanzas. Yo siempre les pedía que siguieran ese procedimiento y, al final, yo las ajustaba según lo que había conversado con Alberto. Pero mi equipo jamás, nadie, estuvo al tanto de que algo irregular estuviera ocurriendo”.

En sus dos declaraciones, Marcela Ferrada negó haber sostenido comunicaciones directas con ejecutivos de la competencia, y sostuvo que esas gestiones las realizaba el gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo.

Ante las preguntas del tribunal, reconoció haber entregado información falsa en el Cuestionario Anual de 2018 de la empresa:

—“O sea, yo mentí en ese formulario. No sé si le mentí a Brink’s, pero sí, en ese formulario dije algo que no era correcto”, declaró.

También admitió que intercambió información con Bálsamo a través de correos electrónicos enviados desde cuentas personales:

—“A veces sí, no el 100% de las veces, pero muchas veces sí”, dijo.

Consultada específicamente por el uso del correo importacionesorigenes@xxxx.com, respondió:

—“Algunas veces sí, pero no todas”.

Marcela Ferrada accedió al beneficio de la delación compensada y la FNE no solicitó que sea sancionada por la colusión de las empresas de transporte de valores.

Operación

También admitió que una de las formas en que se ejecutó el acuerdo fue mediante la confección de planillas con información de tarifas intercambiadas entre los gerentes de Brink’s, Prosegur y Loomis. Estos documentos orientaban las ofertas a los clientes y permitían registrar los acuerdos alcanzados entre las compañías.

En ese sentido también detalló que en dichas planillas se incluían información desagregada sobre tarifas actuales y/o futuras de Brink’s, Loomis y Prosegur.

“Lo que hicimos fue un levantamiento de tarifas. Vimos que había una dispersión muy grande entre lo que pagaban los distintos clientes, así que comenzamos a identificar las tarifas objetivo a las que queríamos llegar. Para eso, analizamos los promedios y medias actuales, y determinamos qué clientes estaban más alejados de esos valores. Según eso, definíamos las tarifas meta. Por ejemplo, si un cliente tenía una tarifa muy por debajo del promedio, no podíamos aplicar un alza brusca de inmediato, sino que debíamos ajustarla de forma gradual”, declaró ante el TDLC.

Para detallar el proceso, el ministro Nicolás Rojas, presidente del tribunal, consultó a Ferrada si las tarifas corresponden a las que existían antes de la implementación del sistema Modelo Core, o son posteriores.

“Son anteriores. Cuando hicimos el levantamiento, eran tarifas previas. Más abajo, en los registros, se puede ver que había varias órdenes de servicio sin precios asignados. Entonces, lo que estábamos haciendo era decir: “Ok, aquellas órdenes que hoy no tienen precio —como puedes ver ahí, aparecen en cero— vamos a empezar a tarificarlas”.

“Lo que ocurría es que, si aplicábamos directamente el promedio que tenían algunos bancos, en ciertos casos eso implicaba aumentos del 100% en la facturación. Por eso, las tarifas objetivo eran distintas a las tarifas promedio: se definía una primera etapa con una meta específica, pero sin aplicar el alza completa de una sola vez”, respondió.

Multas

Según la ley que rige las multas desde 2016, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione a las empresas involucradas en la colusión con multas que suman 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a unos US$ 63,4 millones.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile, con 39.325 UTA (unos US$ 30,5 millones), y para Prosegur, con 33.253 UTA (unos US$ 25,8 millones). Estas serían las multas individuales más altas que ha solicitado la FNE en casos de colusión.

En el caso de Loomis, la multa solicitada fue de 8.314 UTA, equivalente a US$ 6,4 millones.

Además, la FNE pidió multar a los gerentes generales de cada empresa en Chile: Alberto Bálsamo (Brink’s) con US$ 115 mil, Marco Malverde (Prosegur) con US$ 104 mil, y Cristián Catalán (Loomis) con US$ 88 mil.

También se acusó a los altos ejecutivos regionales, aunque viven en el extranjero. Para Martín Matos (Prosegur) se pidió una multa de US$ 135 mil, y para Rui Sanches Da Silva (Loomis), de US$ 94 mil.

Brink’s es asesorado por los abogados Claudio Lizana y José Joaquín Ugarte.