En medio de las críticas del Frente Amplio y el oficialismo en general por el potencial conflicto de interés que generaría la participación del consejero y vicepresidente del CFA, Hermann González como director de AFP Cuprum, este último dejó la vicepresidencia argumentando que se cumplió su ciclo.

De acuerdo al acta del CFA “habiéndose cumplido su período como vicepresidente del CFA, se propone avanzar en la elección de otro consejero o consejera para ejercer dicho rol”.

Asimismo, González destacó los avances alcanzados por el CFA durante los últimos tres años en que le tocó ejercer cargo y agradeció al equipo y a los consejeros con quienes le tocó compartir durante el período referido.

En reemplazo de González, los consejeros eligieron de forma unánime a Sebastián Izquierdo por el período de un año en el cargo de vicepresidente, debiendo ejercer temporalmente el rol de presidente subrogante del CFA.

Posteriormente, el acta detalla que “el consejero Hermann González indicó que se abstendrá de participar en los análisis y decisiones que pueda evaluar o adoptar el Consejo, en relación con la materia del Oficio N°111.817 del H. Diputado Jaime Sáez dirigido a la Contraloría General de la República (“CGR”), cuyos contenidos son de público conocimiento, sobre una eventual incompatibilidad con el cargo de consejero del CFA, razón por la cual se retiró de la sesión”.

La defensa del CFA a su autonomía

En la sesión el Consejo acordó priorizar, en el corto plazo, el desarrollo una agenda de trabajo para la revisión y el perfeccionamiento de protocolos y normativas internas, con el objeto de precisar lineamientos, mejorar las coordinaciones y directrices internas y, en suma, reforzar el funcionamiento institucional del Consejo en el marco de la normativa vigente.

Luego, el consejo hizo presente que el CFA es “un organismo autónomo, de carácter técnico, que actúa con plena independencia del gobierno central, del sector privado, así como de cualquier contingencia o sensibilidad política”.

De hecho, resalta el hecho de que “a la fecha, todos sus informes y análisis han sido acordados por la unanimidad de sus miembros. Ello exige un importante trabajo de deliberación y de unificación de criterios técnicos, lo que se ha traducido en que cada uno de sus informes han sido, fundados técnicamente y respaldados por la unanimidad de sus miembros”.

Asimismo, el Consejo recalcó que “la forma de adoptar decisiones en organismos colegiados, sobre todo cuando se requiere alcanzar decisiones con apoyos amplios o unánimes, opera como una garantía de imparcialidad, y permite evitar que, por las razones que sea, en un caso determinado, pudiera imponerse una visión parcial de parte de algún consejero en particular. Lo anteriormente señalado es altamente valorado por el Consejo”.

Y por último, el Consejo destacó que “sus esfuerzos se encuentran siempre destinados a dar cumplimiento a su mandato legal consistente en contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central”.