A siete meses de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Compras Públicas y en lo que significa un primer escalón en el propósito del gobierno de encontrar los responsables finales de las mallas societarias, el mercado público ha podido identificar a mayo pasado a más de 148.000 beneficiarios finales tan solo en el primer nivel de las estructuras societarias de proveedores del Estado. El resultado, que corresponde a personas naturales con el 10% o más del capital o aporte en las sociedades inscritas en el mercado público, fue posible gracias al registro de más de 83.700 declaraciones juradas.

Desde diciembre de 2024 todas las personas jurídicas -chilenas o extranjeras- deben declarar, a través de un formulario electrónico, a sus beneficiarios finales y administradores para poder participar y venderle al Estado en el mercado público. La medida busca fortalecer la probidad, prevenir conflictos de interés y casos de corrupción en las contrataciones públicas, ha argumentado el gobierno.

“Se transparenta así, como nunca antes, los nombres de las personas y las mallas societarias detrás de los proveedores del Estado. Gracias a este avance, estamos analizando esta información y realizando cruces de datos de beneficiarios finales incluso en segundos, terceros y cuartos niveles, y con otras bases de datos estatales, para detectar potenciales conflictos de interés e irregularidades en las compras públicas”, destaca Verónica Valle, directora de ChileCompra.

Según la institución, la implementación de la información de beneficiarios finales en las compras públicas es considerada inédita a nivel latinoamericano y de alto impacto en la prevención de posibles conflictos de interés. “Chile adoptó un enfoque estratégico y pragmático para la implementación. En lugar de basarse exclusivamente en la aplicación normativa, ChileCompra optó por incorporar incentivos en los procesos de gestión para fomentar el cumplimiento de manera efectiva”, señala un estudio reciente de Open Contracting Partnership, una organización internacional que promueve la transparencia y la apertura en la contratación pública a nivel global.

“Gracias a esta información de beneficiarios finales, el Estado está en condiciones de detectar potenciales infracciones y fortalecer la integridad en un mercado que mueve más de US$17.000 millones al año”, afirma la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. La autoridad agrega que esta medida se suma a otras indicaciones normativas contempladas en la ley que moderniza las compras públicas y establece exigencias estrictas en el control de conflictos de interés, además de establecer la prohibición de contratar con todos los funcionarios de una entidad de cualquier calidad jurídica y no solo con sus directivos.

“La nueva ley refuerza los estándares anticorrupción, al prohibir que cualquier funcionario -y no solo los directivos- pueda vender a las propias instituciones en que trabaja. Y la prohibición incluye a sus personas relacionadas, las sociedades vinculadas con cónyuges, convivientes o parientes de los funcionarios. Además, se fortaleció la regulación del deber de abstención y se ha ampliado el catálogo de inhabilidades para contratar con el Estado, así como la exigencia de que más de 60 mil funcionarios, incluidos personas contratadas a honorarios, presenten su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Con el cruce de estos datos y de los beneficiarios finales de las empresas, ChileCompra está efectuando un monitoreo automatizado para mejorar el gasto público y se han ido detectando casos que antes no se podían identificar”, explica Heidi Berner.

Todos los proveedores que quieran participar en Mercado Público deben completar en la plataforma una Declaración Jurada de Registro donde tienen que incluir, entre otros datos, la información de los beneficiarios finales, administradores de la persona jurídica, y sus vínculos con otras empresas, con el objetivo de fortalecer la probidad y confianza en el sistema.

Se considera persona beneficiaria final a aquellas personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que posean, directa o indirectamente, a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte o derecho a utilidades. También a aquellas que puedan elegir o hacer elegir, directa o indirectamente, a la mayoría de los directores o administradores de dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile. Asimismo, son beneficiarios finales los que ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, entre otros.

Ingresado en diciembre de 2023, el gobierno ha buscado durante este último año y medio la aprobación de un proyecto general de beneficiarios finales, el que en un inicio estuvo incluido en el paquete de iniciativas del pacto fiscal del Ministerio de Hacienda.