Finalizó la semana en Temuco en una serie de actividades. El jueves tuvo una actividad donde feriantes donaron alimentos saludables a familias y personas vulnerables. Y el viernes realizó su cuenta pública participativa. Antes de esa visita a la región de La Araucanía, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, analizó las principales recomendaciones que entregó la comisión asesora para la metodología de la pobreza.

Como primer análisis, rechaza las críticas de la oposición que esbozó razones políticas del gobierno para entregar los resultados de la Casen 2024 en enero próximo, después de las elecciones presidenciales. Sobre las propuestas propiamente tales, afirma que con este nuevo estándar de medición de la pobreza se debe repensar “el paradigma de la hiperfocalización” de las políticas públicas.

¿Cuál es la evaluación del marco general de las propuestas que la comisión recomienda sumar a la metodología?

El informe que trabajó la comisión avanza justamente en lo que nosotros nos habíamos planteado cuando se convocó, que es la convicción de este gobierno de proponer cambios metodológicos que suban el estándar de la medición de la pobreza. Establecer cuál es la línea de la pobreza, habla de qué es lo que un país entiende como un estándar de vida mínimo, del bienestar de nuestra población y en ese sentido, tiene esos componentes que son de cada país y por eso no son estrictamente comparables, porque nos ponemos de acuerdo como sociedad de cuáles son esos estándares.

De las principales recomendaciones, ¿ustedes van a sumar todas o todavía falta analizar lo metodológico, y cuándo va a estar ya informado?

El análisis de las recomendaciones será entre julio y septiembre. En el caso de la pobreza por ingreso, es un trabajo que se hará junto al INE y a la Cepal, y será un análisis técnico. No obstante, en términos generales nuestra visión es que las propuestas están bien orientadas en subir el estándar de la medición. Los ajustes técnicos específicos son los que se están analizando ahora para que los podamos incorporar en cambios metodológicos propiamente tales y lo mismo va a suceder con la pobreza multidimensional, donde vamos a contar con la asesoría del PNUD.

En el tema de la pobreza por ingreso, ¿cuándo van a informar lo que se va a incorporar a la metodología?

Durante octubre se va a decidir cuáles son las recomendaciones que se adoptarán, para entre octubre y diciembre poder implementar esos cambios y en enero de 2026 se presentarán.

Sobre la fecha de publicación, hay algunos expertos, como David Bravo, que plantean que el gobierno podría entregar antes las cifras de pobreza con la metodología actual. ¿Por qué no se hace así?

Es importante dar perspectiva en relación a cómo se han llevado a cabo estos procesos anteriormente. La fase que comienza ahora es la revisión de las recomendaciones. A partir de octubre se actualizará la metodología y se aplicará a los datos que ya fueron recogidos por la Encuesta Casen 2024, para publicar sus resultados en enero de 2026. Todo este trabajo será realizado en seis meses, que es un plazo acotado. La última vez que se hizo un cambio de metodología de esta magnitud, el trabajo de evaluación y análisis tomó un año desde la entrega del informe de propuestas al Presidente, que fue en enero de 2014, y la publicación de resultados de la Casen 2013, que fue en enero de 2015.

Pero los parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Social y Pobreza de la Cámara de Diputados la citarán para que explique las razones de la decisión de postergar la entrega de las cifras de pobreza. ¿Cree que el tema se está politizando?

Por supuesto que estamos disponibles para contestar todas las dudas que surjan respecto de este proceso tan importante para el desarrollo de las políticas públicas, y finalmente para la vida de los chilenos. Confiamos en que el trabajo de la comisión asesora, que es transversal, sea valorado en su mérito, y en que no exista aprovechamiento político que ponga en riesgo la legitimidad del patrimonio estadístico del país.

¿Enero es la fecha inamovible para la entrega de los datos de la Casen 2024?

Estamos trabajando para llegar a esa fecha. Como decía, en 2013, cuando también hubo una comisión, pasó un año entre la recepción de las recomendaciones y la entrega de los resultados. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para reducir ese plazo a seis meses, y por lo tanto, esperamos llegar a enero. Hay un esfuerzo importante de los equipos para hacerlo y esa es la fecha a la que queremos llegar, pero es reducir prácticamente a la mitad lo que sucedió después de la comisión anterior.

Una de las recomendaciones apunta a incorporar una canasta de alimentos más saludables. ¿Cómo se hace para que no se entienda que las personas tienen que comer cierto tipo de alimentos?

La medición de la pobreza por ingreso no supone ni les dice a las personas en qué tienen que gastar sus ingresos, pero sí establece un estándar y señala cuando los hogares tienen ingresos suficientes para realizar tales gastos, independiente de si los realizan o no. Ahí, por supuesto, está la libertad de las personas, pero esa es una manera de fijar el estándar. Nos parece que para hablar de un estándar de bienestar, de superar la pobreza, no es suficiente con superar la meta de las 2.000 calorías diarias, sino que tener la posibilidad de acceder a una alimentación saludable. Esto no es una indicación a las personas de lo que tienen que hacer, pero sí es una definición, como país, de lo que consideramos en materia de alimentación como un mínimo de bienestar.

El otro cambio que es muy relevante, según los mismos expertos, es el tema del alquiler imputado que generó bastante crítica en la medición 2022.

La propuesta específica que hace la comisión para superar el alquiler imputado, que tenía limitaciones que habían sido ampliamente criticadas, es la separación entre la línea de la pobreza de arrendatario y no arrendatario. Nos parece que es una buena forma de superar esta problemática que generaba el alquiler imputado, al tener una evolución de los precios de la vivienda muy distinto al del resto de los bienes que se miden por el IPC. Esto implicaría, según las recomendaciones de la comisión, dos líneas de la pobreza. Pero eso no significa que vaya a haber dos tasas de pobreza, sino que pueda haber dos líneas para hogares de arrendatarios y hogares de no arrendatarios, pero de todas maneras una única tasa, que es lo que uno puede ver en la simulación que hace la comisión.

La comisión entregó una cifra de pobreza considerando los cambios propuestos, y señaló que en 2022 la tasa hubiese sido de 22,3% en lugar de 6,5%, con lo que serían cerca de 3 millones las personas en esa condición. ¿Eso cambia la mirada de las políticas públicas?

Nosotros tenemos una visión muy clara: avanzar hacia una sociedad más justa, mejorando el bienestar de la población, requiere el fortalecimiento de la protección social. Entonces, esperamos que como siempre ha sido, estos instrumentos y estas estadísticas oficiales sirvan para el debate y la toma de decisiones.

Con esta nueva información, ¿se debería replantear la focalización de las políticas públicas?

Esa es una discusión interesante que se puede dar. Como ministra he recorrido el país en los diálogos sociales que hemos realizado, por ejemplo, con cuidadores y cuidadoras, o con las distintas poblaciones objetivas del ministerio, personas mayores, con discapacidad, jóvenes, niños, y en general hay una percepción de que las políticas sociales, en muchos casos, han sido muy fragmentadas e hiperfocalizadas. Nosotros tenemos ese diagnóstico y en políticas como la de protección de la infancia o de cuidado, estamos implementando políticas que avanzan hacia la universalidad. Por lo tanto, sin duda esta es una discusión que se tiene que dar como país. Si subimos el estándar, sin duda que eso tensiona el paradigma de la hiperfocalización.

¿A qué se refiere?

La protección social tiene que avanzar hacia una protección social integral, universal, resiliente y, por lo tanto, esto implica que hay que ir ampliando la protección social. La manera en que la entendemos es que tienen que convivir elementos que sean universales, con instrumentos que focalizan en cierta población con necesidades específicas. Pero la mirada de nuestro gobierno es que la protección social tiene que avanzar hacia mayor universalidad.

Osvaldo Larrañaga, presidente de la comisión asesora, dice que con esta nueva medición la pobreza vuelve a ser un tema de las políticas públicas. ¿Es así?

Ha estado en las preocupaciones de nuestro gobierno y de cualquier proyecto progresista poner el bienestar en el centro, pero sin duda que se reanime este debate es importante, porque cuando el país se desarrolla, cuando tenemos mayores capacidades como país en su conjunto, por supuesto que queremos que suba el estándar de vida de toda la población.

¿Esto también refuerza la noción de que el crecimiento económico es esencial para reducir la pobreza?

Sin duda el crecimiento es muy importante para poder ir mejorando la vida de las personas, pero tiene que ir acompañado de una protección social robusta. Eso ha sido una preocupación de nuestro gobierno, como lo ha señalado varias veces el ministro Marcel. Un ejemplo es la ley que modifica la regulación de los permisos sectoriales, por lo tanto, el crecimiento es fundamental para subir el estándar de la población, porque cuando hablamos de protección social, hablamos sin duda de una mejor redistribución, pero no solo de una redistribución de recursos que se hacen escasos, sino también de cómo mejoramos nuestra capacidad de producir riqueza. Esa discusión ha estado durante nuestro gobierno.