El lunes 30 de junio, el consejo directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó el aumento de cuota de extracción de mineral de litio en el salar de Atacama a Minera Tarar, filial de Codelco, que permitirá la producción de hasta 330 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a contar del 1 de enero de 2031, por un plazo de 30 años.

Esta era una de la serie de las condiciones que se deben cumplir para que el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el litio del salar pueda materializarse.

Ese mismo lunes, en paralelo, la Cámara de Diputados aprobó, por una aplastante mayoría de 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, el informe de una comisión investigadora sobre este acuerdo, cuya conclusión es que este debe anularse, ante una supuesta falta de transparencia en las negociaciones y la necesidad de una licitación para definir al eventual socio del Estado en la explotación del litio.

Dos noticias contrapuestas que daban cuenta de un camino legal, que parece más pavimentado, y otro político, más barroso, que ha enfrentado el controvertido joint venture.

A la vía legal le faltan varios capítulos por resolver. Y en cuanto a la política, ya está asumido entre las partes que acompañará todo el proceso previo e incluso continuará como un observador crítico en caso de que la asociación se lleve a cabo.

La luz verde de la CChEN era esperable, tomando en cuenta que es un organismo público cuyo presidente y consejeros son nominados por el Presidente de la República. Pese a ello, se tomó ocho meses en analizar el permiso antes de validarlo.

Pero hay otras tres condiciones del acuerdo, firmado el 31 de mayo de 2024, que se estiman más dificultosas. De ellas, hay dos sobre las cuales no tienen control ni las compañías ni el gobierno, pues dependen de entidades extranjeras. En específico, de organismos regulatorios de China y Estados Unidos, las dos mayores potencias globales que han manifestado su especial interés en el litio por considerarlo un mineral crítico para la reconversión energética y la electromovilidad.

En China, Codelco y SQM esperan que el ente antimonopolios del gigante asiático, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés), autorice el acuerdo. Y en el país del norte, aguardan que el regulador de valores, la Securities and Exchange Comission (SEC) zanje una investigación que abrió en 2023 sobre SQM.

En Chile, aún falta que concluya la consulta indígena a la que debió llamar Corfo, en su calidad de titular de las pertenencias mineras del salar de Atacama, para modificar los contratos para la explotación del litio en favor de Minera Tarar, la filial de Codelco que se fusionará con SQM Salar, la empresa que tiene el contrato hasta 2030.

Esto, en lo formal. Y si se tratase de un acuerdo entre dos empresas corrientes, estos procesos correrían sólo por un carril legal. Pero como se trata de la mayor empresa estatal de Chile, por un lado, y de la mayor compañía minera no metálica del país, por el otro, que además fue sancionada en Estados Unidos por el escándalo de financiamiento ilegal de la política en la década pasada, estos procesos se han salido de ese marco y han sido salpicados por la discusión política.

La política: apura, pero no daña

Los tres candidatos presidenciales que llevan la delantera en las encuestas, de manera transversal, han planteado sus reservas e incluso su oposición al acuerdo.

La candidata comunista Jeannette Jara, triunfadora de las elecciones primarias del oficialismo del pasado 29 de junio, dijo, al día siguiente de ser proclamada: “Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, lo voy a respetar, pero si no, voy a buscar otro camino”. Días antes, afirmó: “No me gusta que hagamos negocios con SQM”.

Ya en abril, la postulante del pacto de centro derecha Chile Vamos, Evelyn Matthei, había solicitado a los congresistas de su alianza que pidieran toda la información posible, “con el objeto de revisar la conveniencia para el país” del pacto. Y este lunes, después de que la Cámara aprobara el informe de la comisión investigadora, Matthei celebró la decisión parlamentaria señalando que “el acuerdo Codelco-SQM no debió realizarse entre cuatro paredes (...) Chile merece transparencia y una licitación”.

El republicano José Antonio Kast, a su vez, ha sido menos directo, pero también ha manifestado dudas. Lo hizo, por ejemplo, citando críticas del economista Jorge Quiroz al acuerdo, quien, a solicitud del grupo Errázuriz -ferviente opositor del pacto Codelco-SQM y poseedor de pertenencias mineras en el salar de Atacama- realizó un estudio que objetaba la transferencia de recursos a la minera privada y la falta de una licitación. El pasado 30 de mayo, Kast dijo: “Notable trabajo del economista Jorge Quiroz y su equipo develando más dudas sobre el acuerdo Codelco-SQM. Todavía estamos a tiempo de revertir un error y hacer las cosas bien y de manera transparente”.

Sumando la decisión de los diputados a las críticas de Jara, Matthei y Kast, el acuerdo tiene evidentemente abierto un flanco político. Pero este puede quedar resuelto en caso de que las condiciones se cumplan y el acuerdo se selle antes de que llegue otro gobierno. Al menos en lo que se refiere a la presión gubernamental que tratase de forzar una vuelta atrás.

Porque en términos netamente jurídicos, es muy poco probable que un acuerdo firmado como este se pueda revertir. Más todavía si existe una empresa ya fusionada, con empleados y con activos, con contratos y con producción. Sería como echar abajo un edificio ya construido, algo que nunca ha hecho ni siquiera la Corte Suprema, dice una fuente conocedora del avance del acuerdo.

Lo que sí genera la discusión política es presión de tiempo, admite otra fuente de las empresas. Mientras antes se resuelvan las condiciones que faltan, más rápido se podrá sellar la alianza, lo que imposibilitaría poner en duda el acuerdo.

Pero así y todo, al interior de la cuprífera estatal se sienten bastante blindados por su ley de gobierno corporativo. Por mucho que el poder político presione, el directorio de Codelco, pese a ser una empresa estatal, es autónomo y está alineado unánimemente con la postura del presidente del directorio, Máximo Pacheco, en cuanto a que este es el mejor acuerdo al que puede llegar la corporación para explotar el litio, según altas fuentes consultadas. Y eso que en esa mesa se sientan desde un exministro asociado a la campaña de Matthei, como Alfredo Moreno, hasta un exdirigente sindical comunista, como Ricardo Calderón, quienes no estaban cuando se aprobó por unanimidad el pacto, en diciembre de 2023 y mayo de 2024.

El actual directorio cambiará en mayo del próximo año, cuando terminan los períodos de Pacheco y las directoras Josefina Montenegro y Alejandra Wood. Pero en caso de que el próximo presidente nombrara a sus tres reemplazantes y fuesen contrarios a confirmar el pacto, los seis que se mantienen serían su sostén. Pero las partes no esperan llegar a ese escenario: todos trabajan con la meta del 31 de diciembre de 2025.

Consulta indígena: difícil, pero avanza

El artículo 5, número 2, letra a) del acuerdo firmado en mayo establece que “con anterioridad a la fecha efectiva de la asociación, Corfo deberá haber concluido un proceso de consulta indígena respecto de las medidas administrativas que dicha corporación debe dictar en relación con las actividades de la parte Codelco y la parte SQM en el Salar de Atacama”.

Este proceso de diálogo con las comunidades y asociaciones atacameñas vecinas al salar lleva poco menos de un año y está a dos semanas de acabar. Pese a que todas las partes admiten que ha sido complejo e incluso, para algunos, imposible de sacar adelante, ha avanzado. Es poco probable que se llegue a un acuerdo total en las materias discutidas e incluso es posible que la fecha final, calendarizada para el 19 de julio, pueda prorrogarse algunos días o semanas.

El acuerdo señala textualmente que este proceso “deberá haber concluido”, por tanto no obliga a que las comunidades lo aprueben, sólo que hayan sido consultadas. Corfo debe probar que hizo todos los esfuerzos posibles “de buena fe” para alcanzar el máximo de acuerdo en caso de que no se logre en su totalidad.

Los stakeholders que participan de esta consulta son 27 comunidades indígenas, 18 de las cuales integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), la mayor organización indígena de la región, y 42 asociaciones.

El proceso partió en octubre pasado, con una etapa previa de planificación y luego de discusión sobre el marco metodológico, que finalizó el 31 de enero. “Fue quizás la parte más difícil”, dice un observador. Luego, entre el 12 de marzo y el 16 de abril las empresas dieron a conocer el proyecto y respondieron consultas. Posteriormente se realizó la etapa de deliberación interna de las comunidades.

Y sobre esa base, el 10 de junio se inició la etapa de diálogo entre los representantes de Corfo, encabezados por el subgerente de Contratos Mineros, Leonardo Valenzuela, y las comunidades, que son asesoradas, entre otros, por el sociólogo Darío Quiroga, hoy asesor comunicacional de la candidata Jeannette Jara.

Codelco y SQM actúan en calidad de observadores permanentes, donde son asesorados por un equipo de la consultora Tironi, dirigido por el sicólogo social Miguel Jofré.

Al empezar la fase de diálogo se llevó a cabo un primer plenario, para sistematizar lo discutido en la etapa de deliberación interna. Después, dado que los intereses de las comunidades se manifestaron distintos, para agilizar la conversación se optó por llevar procesos simultáneos en tres grupos: uno integrado por las cinco comunidades del borde sur del salar, las más cercanas a la operación extractiva de litio; otro con 22 comunidades aledañas, 13 de las cuales integran el CPA; y 42 asociaciones indígenas. Con cada grupo se estableció un calendario de tres reuniones para luego realizar un segundo plenario y hasta un tercer plenario.

El pasado miércoles concluyeron los encuentros con el grupo del borde sur, quienes aparecen como los más dispuestos a avanzar. “La consulta ha significado una etapa de entendimiento y de llegar a consensos distinta a las anteriores. Todas las consultas con Corfo antes fueron polémicas. Las comunidades del borde sur en esta consulta han sentido una validación”, admitió Yermin Básquez, presidente de la comunidad de Toconao.

En el segundo grupo ha aparecido una mayor disconformidad con el proceso. Dentro de ellas está Coyo, la comunidad que presentó un recurso de protección en contra del proceso, que fue rechazado por la Corte Suprema en febrero.

Sin embargo, entre los intervinientes se prevé un buen cierre para la consulta. “Va avanzando bien”, dijeron varias fuentes de ambas empresas.

De hecho, prevén varios acuerdos con las comunidades que deberán incorporarse al contrato de Corfo con Codelco y SQM. Entre ellas, las cuatro grandes preocupaciones de las comunidades: una cláusula que asegure provisión de agua para ellas y el ecosistema, que se podría traducir en un nuevo modelo hidrogeológico que lo ratifique; otra que reduzca al máximo el impacto ambiental de las operaciones, tanto en flora como en fauna, así como en el modo de vida de las vecindades; una tercera que responda a una distribución justa de los recursos económicos que surjan de la sociedad; y una cierta participación en la gestión de la operación, creando una instancia de gobernanza regular, como una mesa técnica permanente, que les permita conocer y observar de cerca cómo se desarrolla la actividad extractiva.

Probablemente, algunos de estos acuerdos no se sellen en el contrato de Corfo, pero es muy probable que sí se establezcan en el Estudio de Impacto Ambiental del propio proyecto de extracción, que también incluirá una consulta indígena.

Al menos en lo que se refiere a la distribución de los aportes ya está más o menos claro. Se realizarán aportes en tres niveles: comunidades vecinas, comuna y región, lo que dependiendo del precio del litio, la producción y la venta, representarán un total del orden del 3% al 3,2% de las ventas de litio de la nueva empresa de Codelco-SQM.

El flanco externo: sin plazos

El artículo 7 número 2, letra d) del acuerdo establece como condición que “la investigación seguida por la SEC caratulada ‘In the Matter of Sociedad Quimica y Minera de Chile’ se encuentre sustancialmente terminada”.

Esta investigación “no pública”, de la que sólo se sabe que se refiere al “cumplimiento de ley anticorrupción”, la Foreign Corrupt Practices Act, se encuentra sin movimientos desde hace ocho meses, según contó un conocedor de ese caso.

El problema es que hoy sólo se puede acreditar que “está dormida, no que está muerta” -o “sustancialmente terminada”, como dice el contrato-, debido a una orden del presidente Donald Trump que dejó sin efecto las investigaciones de la SEC. “Es improbable que la investigación- que no ha avanzado nada- tenga algún avance”, comentó una alta fuente de las empresas. En su último reporte anual, el 20F, SQM escribió sobre ese caso: “No tenemos conocimiento de que haya llegado a ninguna conclusión”.

Sin embargo, las partes tienen en claro que este tema no estará cerrado cuando el acuerdo se dé por sellado. “No va a estar terminado porque todas las investigaciones de la SEC están paradas”, dijo una fuente conocedora.

Debido a ello, existen altas probabilidades de que Codelco establezca un denominado “waiver” o exención explícita en el contrato, donde se excluya esta cláusula, y se establezca que, en caso de haber una sanción de la SEC, deba asumirla sólo SQM. Una sanción, sin embargo, podría generar un ruido político adicional, pero tanto en SQM como en Codelco coinciden en que este tema no se incluye como un riesgo para la operación.

El que sí es probablemente el mayor riesgo de esta alianza es la autorización del regulador de libre competencia chino, dado que no se manejan los tiempos que se puede tomar en aprobarlo. El acuerdo ya fue aprobado por siete jurisdicciones: la Unión Europea, Brasil, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Chile.

El proceso de aprobación del SAMR chino ya pasó a Fase 2, donde se ahonda en la investigación. Según fuentes conocedoras, el proceso lleva siete meses, con reuniones semanales con ejecutivos de las empresas chilenas. El nombre de Tianqi, el accionista chino de SQM que ha planteado desacuerdos a la negociación de la alianza, no ha aparecido. Las autoridades chinas han hecho consultas, especialmente sobre lo estratégico del litio, y están negociando medidas de mitigación. Una opción es que China, el mayor comprador de litio del mundo, exija a la nueva empresa un suministro estable o mínimo de su producción.

“Existen precedentes de que autoridades chinas en casos similares han pedido garantías de suministro”, dijo un conocedor legal de estos procesos. Eso sí, no hay plazos previstos, aunque tienen la esperanza de que se tarde un par de meses más, de manera de cumplir con el plazo que el propio presidente de Codelco se autoimpuso: septiembre, aunque el acuerdo establece como fecha máxima el 31 de diciembre de 2025.

Según alguien que participó de la firma de la asociación en mayo, hasta ahora no hay razones legales para que el contrato se caiga antes de fin de año, ni que alguna de las partes, Codelco o SQM, pueda retractarse. Lo que sí puede haber es una prórroga para sellarlo, pues no hay impedimentos para ello. Pero eso es lo que ni Codelco ni SQM quieren.