El viernes se cumplieron cinco meses del peor apagón que ha sufrido el sistema eléctrico en décadas, tomando en cuenta su extensión y duración, ocurrido el 25 de febrero pasado. Y las esquirlas de esa crisis aún rebotan en muchos de los actores que integran la industria: autoridades, empresas y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Este organismo independiente, nacido recién en 2017, ha recibido severas críticas de parte de los reguladores y de las compañías que compiten en el rubro, debido a la supuesta responsabilidad que tuvo tanto en la prevención como en la reacción y reposición del servicio en la emergencia, que en algunos casos llegó a tardar más de 12 horas.

Tras el catastrófico evento, el CEN pasó de ser un ente casi desconocido a estar en el centro de la discusión energética a lo largo del año. Hace un mes, debió salir a desmentir una supuesta “emergencia eléctrica” y, además, su consejo directivo recibió una formulación de cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por un presunto incumplimiento en la entrega de información para calcular compensaciones.

Este lunes, los cinco miembros del consejo del CEN harán sus descargos ante la SEC.

Pero a horas de ello, cuatro consejeros adelantan algunos de sus argumentos y alertan sobre una situación perjudicial para el buen funcionamiento del sistema eléctrico, “una cultura del incumplimiento” que se ha ido instalando en el sector y que pone en riesgo su seguridad. Y es aquí donde explican la principal razón del apagón del 25F.

“La causa del apagón dice relación con que un conjunto de centrales generadoras y algunos puntos de demanda no tenían calibrados los dispositivos de control de propagación de fallas en los niveles que tenían que estar establecidos, tanto normativamente como en los estudios que elabora la dirección ejecutiva del CEN”, explica Juan Carlos Olmedo, presidente del coordinador, acompañado por los directores Bernardita Espinoza, Humberto Espejo y Carlos Finat (de manera telemática) y solo con la ausencia del vicepresidente, Jaime Peralta. Todos tienen más de 30 años de experiencia en el sector, son exejecutivos de empresas eléctricas o de los entes antecesores del CEN, los centros de despacho económico de carga (CDEC).

O sea, ¿la causa del apagón no fue la intervención irregular de la línea de alta tensión de ISA Interchile?

-No, la falla de Interchile es la causa raíz, el evento que inicia toda la secuencia que viene después. Pero no causa la propagación. Se puede producir la falla de un elemento, pero no tiene por qué propagarse a un apagón total -responde el consejero Humberto Espejo.

-O sea, si los mecanismos hubiesen funcionado, la falla hubiese quedado contenida -añade Bernardita Espinoza.

¿Cuáles son las lecciones o el aprendizaje que sacó el CEN de esta crisis?

-Algo que nos dimos cuenta plenamente con el evento del 25F es el nivel de incumplimiento de las empresas coordinadas en el ajuste de sus instalaciones -dispara Carlos Finat.

Esta acusación contra generadoras, transmisoras y distribuidoras del sistema no la había hecho antes el CEN, a la espera de datos que lo respaldaran. “Al pasar el tiempo y al tratar de reproducir el apagón en nuestros modelos matemáticos, nos dimos cuenta que si hubiera estado todo debidamente ajustado, como habíamos instruido nosotros, el apagón no habría sido total”, refuerza Finat.

Ahora, lo grave de este hallazgo es que no se acota a un escenario puntual y excepcional que derivó en el blackout del 25F, sino que, a juicio de todos los consejeros, es una situación anómala que viene de años: la posición de las empresas de incumplir sostenidamente la normativa legal y técnica y las instrucciones del CEN.

“Desde hace tiempo, el Coordinador ha venido detectando e informando falencias de parte de las empresas coordinadas, que son las propietarias de los activos -de la generación, transmisión y distribución- que deben cumplir con determinadas normas, y se observa que se está entrando en una cultura del incumplimiento”, afirma Finat, lo que Olmedo refrenda.

Sólo por dar un ejemplo -dice Olmedo exhibiendo un documento-, el pasado jueves 24 de julio de 2025 se le envió un informe a la superintendenta, Marta Cabeza, donde se advierte de una “eventual infracción” a la Ley Eléctrica por no cumplir con un estándar de disponibilidad de información en tiempo real. Las empresas, según la regulación, deben garantizar que esta información sea mayor o igual al 99,5% mensual. Entre marzo y junio de 2025, 186 compañías -tanto generadores, distribuidores, transmisores y grandes clientes- no cumplieron en al menos un mes con esa obligación.

Luego de explicar este caso, los consejeros exhiben una carpeta con cerca de 30 cartas enviadas a la SEC este año para denunciar eventuales infracciones de diversa índole. “Y tenemos más de 100″, dice uno de ellos.

Ustedes, los cinco consejeros, fueron ejecutivos de empresas eléctricas. ¿Esta cultura del incumplimiento es desde siempre o desde ahora?

-Desde hace bastante tiempo se han dado cosas pequeñas, admite Finat, quien fue director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera) hasta 2021.

El problema, explica, es la acumulación de estos “pequeños” problemas, especialmente en empresas chicas, como los llamados PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), que son generadores de hasta 9 MW que se han multiplicado en el último quinquenio, en un crecimiento más bien inorgánico que ha puesto en entredicho su confiabilidad. “Piensan que, como son pequeños, de 7 u 8 MW, no van a tener un gran impacto en el sistema y van a pasar ‘piola’. Pero resulta que al momento del blackout (25F) teníamos 2.500 megawatts de generación PMGD”, agrega. Y el problema es que aún no se sabe qué pasó con ellos, porque más del 90% de estos PMGD, unos 700, no entregaron la información requerida para saber cómo operaron. Y aunque la SEC los ofició para obligarlos a informar, sólo un 10% respondió.

“Ni siquiera a la SEC, que es el organismo fiscalizador, se le da la respuesta. O sea, ahí es donde nosotros notamos la cultura del incumplimiento que hay que combatir”, dice Espinoza. “Yo creo que casi nadie se libra de tener algún nivel de incumplimiento”, alerta Finat.

“Pero aquí cada ente institucional tiene que cumplir con su rol”, agrega Espejo. “Nuestro rol, cuando detectamos un eventual incumplimiento, es informarlo al fiscalizador. Y el fiscalizador tiene que cumplir su función, recibiendo los antecedentes y ponderarlos”, reclama Olmedo. “Nosotros no vemos consecuencias en el sector eléctrico desde hace mucho tiempo por estos incumplimientos”, agrega.

Los descargos

Pasados cuatro meses del apagón de febrero, la industria se vio removida por una carta de Enel del 17 de junio al CEN, donde advertía que el sistema se encontraba en “condición de emergencia” desde el día anterior, por una falla en una línea de transmisión y a la indisponibilidad de la central Nehuenco, de su competidora Colbún. Los precios spot de la energía se fueron a las nubes, debido a que se debieron encender centrales a diésel, y los fantasmas de un nuevo apagón o un racionamiento eléctrico rondaron el sistema. Pero no ocurrió.

¿Estuvimos en una situación de emergencia el 16 de junio?

-No. Una cosa es un apagón y otra cosa es que llegues a un nivel de riesgo de potencial déficit, que no tiene nada que ver. Y en ese caso, no tuvimos ninguna de las dos. Sí tuvimos una situación ajustada de los márgenes de reserva, que es normal en una condición de operación como la que tiene el sistema. Fue de 15 minutos a la hora punta. Y las reservas están para usarse.

¿Por qué Enel y Acciona hablan de emergencia eléctrica?

-Las opiniones de las empresas son opiniones. El que define las emergencias o las crisis, de acuerdo a la normativa, es el Coordinador, responde Espinoza.

Pero ellas no levantan esta supuesta emergencia por nada. Tienen intereses económicos.

-Son empresas que están en una posición compradora, obviamente. Y a nadie le gusta que los márgenes de reserva se reduzcan. A esas empresas le habría sido más cómodo tener unidades utilizando combustible más barato, dice Espejo.

-O también buscan golpear al Coordinador cuando está en un proceso de cuestionamiento por parte de la autoridad, acusa Espinoza, recordando que diez días después de este impasse, le llegó otro baldazo al CEN.

La SEC le formuló cargos a cada uno de los cinco miembros del consejo directivo por, según dijo, “entregar información incompleta y errónea para el proceso de pago de compensaciones económicas” a los clientes afectados por cortes de suministro de los años 2023 y 2024.

Este lunes 28 de julio vence el plazo para que los consejeros hagan sus descargos ante la superintendencia.

Y en su defensa existe una sola voz. Consideran que la acción del fiscalizador no tiene ninguna base sólida.

“Los cargos que formula la SEC en contra del Coordinador son inéditos y singulares. Sobre todo, porque se nos acusa de no entregar información completa y veraz, (pero) que es información que las empresas nos tienen que entregar, cuyo incumplimiento fue reportado a la SEC y, sin embargo, se nos levantan cargos a nosotros”, responde Espinoza. “No es información del Coordinador o que el Coordinador genere: es información que el Coordinador tiene que recolectar de las empresas”, resalta. “Fue reportado ese incumplimiento y no hubo un efecto sancionatorio alguno contra las empresas, pero sí contra el ente que tiene que monitorear esos incumplimientos”, reclama.

Y la consejera va más allá, pues advierte que esta conducta de la SEC “de responsabilizar a quien trabaja en equipo con ella en promover una cultura de cumplimiento, debilita a la institucionalidad, promueve la desobediencia y alienta la cultura del incumplimiento”, afirma Espinoza.

¿Existe cierta animadversión por parte de esta autoridad frente al Coordinador?

-Nunca la habíamos percibido. Tenemos un trabajo colaborativo y en equipo con la SEC. Por eso nos sorprende, analiza Espinoza.