El biministro de Economía y Energía, Alvaro García Hurtado (71), sorprendió este lunes al revelar que existe otro error tarifario dando vueltas en el sector y que podría significar una nueva devolución de más de US$100 millones en las cuentas de la luz de los usuarios.

Esto, a sólo cuatro días de haber asumido la titularidad del Ministerio de Energía en reemplazo de Diego Pardow, quien renunció el jueves luego del escándalo provocado por la detección de un error metodológico de un factor que incide en la fijación de precios nudo, el que pagan las distribuidoras a las generadoras por la energía.

La equivocación estaba vinculada a la doble aplicación del IPC para reajustar los pagos atrasados a las generadoras, a raíz del congelamiento de tarifas, y fue calculada en unos US$115 millones, que deberán devolverse a los clientes a contar del 1 de enero de 2026, cuando empieza a regir el nuevo pliego tarifario.

La anomalía dada a conocer este lunes, referida a un sobrecobro de las tarifas de transmisión de la empresa Transelec, no es nueva, pero se hizo pública ahora, aunque data de octubre del año pasado. Se refiere, como explicó el propio García a "una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital".

“La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver, y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo”, declaró el biministro.

La empresa transmisora, a su vez, explicó en un comunicado que, “en el marco de un proceso interno de revisión y mejora continua de sus registros de instalaciones de transmisión, y tras un trabajo técnico exhaustivo y detallado, detectó inconsistencias (positivas y negativas), en la información de ciertas instalaciones hace más de un año”.

Al valorizar el monto, la compañía no lo hizo, pero el ministro sostuvo que “el monto es similar al que hemos conversado con las empresa generadoras (por el caso de los precios nudo), un poco más de US$ 100 millones", que también podrían ser devueltos en enero.

Fuentes de la industria señalaron que García se habría aventurado al dar una cifra como esta, puesto que no están claros los números aún. En todo caso, el ministerio lleva adelante tratativas con Transelec para suscribir un acuerdo que permita la retribución de estos sobrecargos, pese a que aún no estarían bien definidos.

Sin embargo, otras fuentes aseguraron que es muy poco probable que los montos de los que habla el ministro sean objetados. De hecho, es más, calculan que la cifra de sobrecargo podría ser incluso superior.

Es necesario recordar que las cuentas de la luz de los usuarios finales está estructurada sobre la base del costo de la generación (o precios nudo), que representa cerca del 70%; los costos de distribución (llamado Valor Agregado de Distribución, VAD), que equivalen a cerca del 20%; y un 10% que corresponde a los costos de transmisión.

Fue una autodenuncia

Hace poco más de un año, el 10 de octubre de 2024, a las 16 horas, el jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Danilo Zurita, recibió en reunión por Ley del Lobby a Claudia Carrasco, vicepresidenta de regulación y tarifas de Transelec, y a Ricardo Espinoza, jefe de estudios tarifarios de la compañía.

En el encuentro, Carrasco y Espinoza le propusieron a la CNE conformar “una Mesa de Trabajo que tenga por objetivo subsanar diferencias detectadas entre el inventario de activos informados en el proceso de valorización de la transmisión 2020-2023 y el actual”, según informa la Plataforma de Lobby.

El subtexto de lo que dice oficialmente la materia tratada es que Transelec acudió a la CNE a autodenunciarse por un error detectado en el inventario de activos que había realizado en 2020 para la fijación de sus tarifas de transmisión correspondiente al periodo 2020-2023. De acuerdo a fuentes conocedoras de la situación, el sistema electrónico para inventariar sus activos era engorroso y poco comprensible, por lo que al subir los datos introdujeron información duplicada y otra que incluso no incorporaron, por eso había elementos que hacían subir la tarifa artificialmente y otras que no se cobraron. De allí que en su comunicado la compañía habla de que “detectó inconsistencias positivas y negativas”. El problema fue detectado cuando la empresa comenzó a desarrollar el proceso tarifario de 2024, que lo llevó a autodenunciarse en octubre del año pasado.

Consecuencia de esa reunión, el secretario ejecutivo (S) de la CNE del momento, Mauricio Funes -quien este lunes nuevamente asumió la subrogancia de ese cargo, en reemplazo del destituido Marco Antonio Mancilla-, envió el 30 de octubre de 2024 un oficio al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para que realizara una auditoría técnica a los inventarios de las instalaciones presentados por Transelec para que la CNE pudiera elaborar sus tarifas de transmisión publicadas en el Decreto 7T de 2022, correspondientes al proceso de fijación tarifaria 2020-23.

Un mes y medio después, el 28 de noviembre de 2024, Carrasco, ahora acompañada por Eduardo Tagle, gerente legal, y la abogada experta en regulación eléctrica Loreto Cortés, presentaron a Zurita, de la CNE, una “iniciativa de mejoramiento de inventario de la compañía y temáticas relacionada con auditoría de inventarios”, según dice la plataforma.

El 20 de diciembre, el director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, respondió a la comisión señalando que, dado el volumen de antecedentes e información involucrados en la auditoría solicitada, estimaba que el informe final del auditor estaría disponible durante el primer semestre del 2026 y que si este informe contenía diferencias sustanciales con las instalaciones existentes, finalizaría en septiembre de 2026, y si se planteaban discrepancias, que incluyeran un panel de expertos, preveía que el proceso completo concluiría hacia fines del año 2026. Esta auditoría está recién en licitación.

Ese mismo día, el en ese entonces secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, respondió enviando una carta al gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, que “los plazos propuestos por el Coordinador” para el informe final de la auditoría y el proceso completo “impiden contar con resultados en el corto plazo”, que permitan readecuar los valores pagados en exceso a Transelec. Por ello, Mancilla sostuvo que era “necesario adoptar las medidas correctivas oportunas para subsanar, a la mayor brevedad posible, las diferencias en exceso que han sido declaradas por la empresa Transelec”, diferencia que el jefe de la CNE reconoció que “afecta directamente las tarifas que deben pagar los clientes regulados y libres por el cargo de transmisión”.

De este modo, requirió a Transelec para que enviara la información detallada de sus activos que sirvieron de base para elaborar el decreto 7T, a más tardar el 20 de enero de 2025.

Recibida tal información, la CNE inició la valorización de los activos en controversia, de manera de establecer el monto que debiera devolver Transelec.

Según fuentes conocedoras del tema, después de eso, la gerencia de Transelec inició una serie de conversaciones con el hoy exministro de Energía, Diego Pardow, sobre la manera de resolver este tema, pues la compañía estaba dispuesta a asumir su error y a devolver lo recibido en exceso.

Durante 2025, el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, aparece en cinco reuniones por lobby con el hoy exministro Pardow. Al menos tres podrían relacionarse con este tema: el 5 de marzo, cuya materia a tratar es “base de datos de transmisión”; el 6 de mayo, con un motivo genérico “proyectos de Transelec”; y el 21 de julio, con la causa también genérica “proyectos en desarrollo”.

Los resultados de esos encuentros no se conocen, pero lo señalado por el biministro García da cuenta de que estaría próximo un acuerdo, con miras a que una eventual devolución llegue a las cuentas también en enero próximo.

En el Coordinador Eléctrico explicaron que la auditoría técnica solicitada por la CNE a la totalidad de los activos físicos de Transelec “está en curso, donde se está licitando la consultora que realice el proceso, luego de haber declarado desierto un primer llamado”. Por la magnitud de la revisión, los resultados estarán a partir del segundo semestre de 2026.

“No hay más casos”

El director ejecutivo Transmisoras de Chile, gremio que agrupa a Transelec, Grupo Saesa e Isa Interchile, Javier Tapia, dice que no hay más casos parecidos al de Transelec.

“No se han encontrado otros casos hasta ahora, se han hecho algunas revisiones internas y no ha habido casos. Siempre hay divergencia entre las cosas que tienen que estar valorizadas, o sea, que deberían estar en la tarifa, y cosas que no (...) No hay ninguna empresa tampoco que lo haya descubierto por sí misma, y tampoco la autoridad. No hay más casos”.

Tapia agrega que lo hecho por Transelec “está muy en la línea de lo que siempre hemos tratado de hacer nosotros como segmento, que es ser proactivo y buscar una solución frente a estos problemas”.

En el fondo, dice Tapia, que se “haga público ahora o que se haga público mañana, era una cuestión de tiempo, se estaba trabajando con la autoridad el tema”. Además, el timonel del gremio asegura que la devolución debería estar en enero. “Esto debería devolverse en enero. (...) Pero esto es muy bajo (...) debiera ser alrededor de un 1%, no alcanza a ser un 2% de la cuenta”.