Dos son los proyectos de ley que hoy están en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que buscar reformular el actual sistema de indemnización por años se servicio.

En Chile, esta figura se encuentra regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. A partir de 1981, se incorporó un tope máximo al monto de la indemnización legal por años de servicio, limitando su cálculo a no más de 330 días de remuneración (equivalente a 11 meses, es decir, 11 años de servicio).

Precisamente ese límite de años es lo que busca eliminar las mociones presentadas por diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, las que proponen que no exista tope de años.

Sin embargo, desde el mundo técnico también han surgido propuestas que van en sentido contrario a las que se plantea en los proyectos de ley.

Una de ellas es la que presentó un grupo de exministros de Hacienda, exbanqueros centrales y destacados economista a través de un informe al que llamaron “El Puente”, uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile.

En la propuesta afirman que la legislación actual sobre indemnizaciones en Chile “es restrictiva y genera problemas como una alta rotación laboral, menor productividad y mayor informalidad”.

Por ello, proponen reemplazar el actual sistema por una cotización adicional de 1,8% a la cuenta del Seguro de Cesantía para contratos indefinidos, con lo que la cotización del empleador a la cuenta individual del trabajador subiría del actual 1,6% a 3,4%, con un tope de 10 años de cotizaciones, lo que permitiría financiar una indemnización a todo evento, más en línea con las cifras de los países de la OCDE, en torno a 5 meses.

De acuerdo al informe que realizaron “este cambio permitiría reducir los costos laborales esperados, incentivar contrataciones formales y eliminar los incentivos contraproducentes asociados al sistema actual, como la búsqueda de ser despedido con tal de obtener la indemnización correspondiente o la excesiva rotación para eludir el pago de la indemnización”.

En la propuesta se sugiere una implementación gradual y voluntaria de esta propuesta para las relaciones laborales vigentes.