A solo una semana del cambio de mando, el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, volvió a manifestar su rechazo a que la administración saliente del presidente Gabriel Boric concrete la implementación del reglamento para la denominada “Ley Uber” (Ley EAT).

El expresidente de Metro sostiene que la normativa, despachada por el Congreso en 2023, posee “muchas limitaciones” y responde a un contexto político y social superado. Según la futura autoridad, el texto legal fue fruto de una época marcada por las “grandes presiones” del gremio de los taxis.

El diagnóstico: un ecosistema integrado

Para De Grange, la distinción tajante entre taxistas y conductores de aplicaciones es hoy una frontera difusa. “Efectivamente, y hoy en día, tú conversas con cualquier taxista, y tiene dos o tres aplicaciones. Son todos parte ya del ecosistema”, señaló en entrevista con T13 Radio.

El foco de su preocupación reside en el reglamento técnico, cuya entrada en vigencia es indispensable para la operatividad de la ley. De Grange lo califica como “bastante restrictivo”, advirtiendo un impacto “muy fuerte” en los niveles de oferta del servicio.

El impacto en cifras: golpe al 90% de los usuarios

Citando un estudio realizado por la Universidad Diego Portales (UDP), donde era académico, el futuro secretario de Estado planteó un panorama crítico sobre los efectos de la regulación actual.

“La verdad es que es bastante demoledor, porque te deja en el límite; puede dejar sin servicio al 85 o cerca del 90% de los pasajeros, y afectar también en temas de empleo a un porcentaje similar de los conductores”.

Bajo esta premisa, De Grange anticipa que, de no mediar cambios, la experiencia del usuario se degradará drásticamente.

“Además, hay muchos cambios que hay que hacer en pos de mejorar la calidad de servicio. Con el reglamento actual, las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta”, sostuvo, añadiendo que los tiempos de espera dejarán de ser los habituales tres a cinco minutos actuales.

Empleo y transición política

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue el efecto macroeconómico. De Grange alertó que la rigidez de la norma podría golpear directamente las cifras de ocupación nacional: “Si tú aplicas tal como está el reglamento, el nivel de desempleo podría aumentar de 8,3 a 9,3, por decirlo de alguna forma. Es brutal eso”.

Ante la insistencia del actual ministro, Juan Carlos Muñoz, de publicar el reglamento antes de dejar el cargo, De Grange adelantó que la administración de José Antonio Kast podría realizar ajustes preventivos, aunque reconoció que esto “implica retrasar todo”.

Defensa ante críticas por inhabilidad

Finalmente, el futuro ministro salió al paso de los cuestionamientos que apuntaban a presuntos conflictos de interés por asesorías previas a la empresa Uber.

“Eso no es verdad. Lo que hizo la UDP fue firmar un convenio de colaboración en el que yo no recibí un peso jamás de Uber y, por lo tanto, no tengo por qué inhabilitarme. No hay ninguna inhabilidad. Lo mío ha sido netamente un tema académico, un tema disciplinario porque es un tema que es fundamental. Estamos frente a una innovación tecnológica que es enorme”, sentenció.