La mesa del sector público entregó este miércoles al gobierno su petitorio para el reajuste que debe regir desde el 1 de diciembre. Entre sus principales demandas está la de un ajuste salarial real de 2%, esto es, sobre la inflación en 12 meses a noviembre.

A octubre, la inflación anualizada registra un alza de 3,4%. Dado ello, si se considera que las expectativas de IPC para noviembre se ubican en torno a 0,3%, el registro en 12 meses sería de 3,5%. Si a eso se le suma el 2% real que demanda el sector, el reajuste solicitado ascendería a 5,5% nominal.

Esta cifra es menor a la primera que se analizó al interior de las asociaciones de funcionarios, que era más cercana a 7% nominal.

A su vez, es inferior al 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Luego de varias tratativas, la oferta final del gobierno fue de 4,9% nominal. Dicha alza se aplicó en tres tramos: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% final en junio de 2025.

Los gremios del sector público también piden un bono mensual para todos los funcionarios, indistintamente del marco laboral que los rige, sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, estén regidos por los estatutos sectoriales, Código del Trabajo u honorarios; se desempeñen en el sector público municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados, administración delegada decreto 3.166, funcionarios regidos por la Ley 19.464 cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a $798.015 y que se desempeñen por una jornada completa, y aquellos trabajadores que se desempeñen en jornada parcial recibirán un monto proporcional a su jornada.

El monto mensual del bono solicitado es de $63.502 para quienes tengan una remuneración bruta, en el mes de su pago, igual o inferior a $705.768. En caso de que la remuneración bruta mensual sea superior a $705.768 e inferior a $798.015, el monto del bono será equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte máximo, el valor afecto al bono.

Otra demanda que está en este petitorio es fijar un piso mínimo de ingresos. Así, se señala que para auxiliares el mínimo debe ser de $591.483; administrativos, $658.265, y técnicos, $700.241.

Adicionalmente demandan una mayor estabilidad laboral. “Hemos promovido activamente la necesidad de fortalecer los sistemas de empleo público, para superar la precariedad, la inestabilidad, su uso como botín de las autoridades de turno”, plantea el petitorio.

Por lo mismo, se indica que “requerimos al gobierno que ratifique y eleve al rango de reglamento, los Oficios Circulares del ministro de Hacienda, en materia de Renovación de Contratas. En este marco, la Mesa del Sector Público requiere la pronta instalación de la Mesa de Renovación Contratas”. Y que el gobierno “informe a la Mesa del Sector Público sobre el desarrollo del proceso de Regularización de Honorarios, así como revisar sus formatos y funcionamiento, particularmente respecto de la exclusión de las Asociaciones de su desarrollo, así como de la efectividad de su cumplimiento de objetivos”.

A nivel legislativo, los trabajadores también piden que el gobierno avance en el compromiso de establecer una jornada de 40 horas para el sector público.

Ahora se espera que la próxima semana se inicie formalmente la negociación con el Ejecutivo, encabezada por los ministerios de Hacienda y de Trabajo.