Metro de Santiago inició el 3 de febrero de 2025, por segunda vez, una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para ingresar al mercado de las tarjetas de prepago.

El proyecto, llamado MetroPago, contempla una alianza con Visa y, este lunes, recibió la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar como un nuevo medio de pago. La tarjeta no solo podrá usarse en el Metro, sino también en comercios y otros servicios que se irán sumando en el futuro.

Sin embargo, en las últimas semanas, distintas empresas han presentado sus reparos ante el TDLC, cuestionando el impacto que tendría la entrada de MetroPago en la libre competencia.

En concreto, Metro consultó si su Propuesta General de Contratación (PGC) se ajusta a los principios de objetividad, transparencia, generalidad y no discriminación.

Tenpo, la fintech del grupo financiero peruano Credicorp, ingresó un escrito el 9 de junio en el que valoró que exista un mecanismo que permita habilitar el uso de infraestructura pública para facilitar la interoperabilidad entre emisores no bancarios. Sin embargo, advirtió que “tal como ha sido presentada, la PGC incorpora condiciones que podrían traducirse en una exclusión estructural de los principales actores del mercado, afectando con ello no solo el funcionamiento competitivo del sistema, sino también el objetivo de inclusión financiera que inspiró la dictación de la Ley N° 20.950”.

“La propuesta de MetroPago configura una apropiación privada de valor público. A través de la filial MetroPago, Metro S.A. utiliza infraestructura financiada por todos los chilenos para competir en un mercado abierto, imponiendo al mismo tiempo condiciones de acceso que resultan imposibles de cumplir para el resto de los actores, precisamente por no contar con una red de iguales características —ni tener acceso a los mismos recursos, ni posibilidad alguna de replicarla—“.

“De esta forma, la PGC crea una asimetría de origen que no puede ser corregida por vía contractual o comercial. La ventaja competitiva derivada del uso de infraestructura pública se transforma en un factor de exclusión estructural, que opera en contra de la innovación, la eficiencia y la competencia leal”, consignó.

“Infraestructura privilegiada”

Por su parte, Unired, firma coligada de SMU -de propiedad de la familia Saieh, controladora de Copesa, casa editorial de La Tercera y Pulso- sostuvo que “MetroPago propone prestar servicios de recaudación y carga de fondos a otros emisores de MPPF (Medios de Pago con Provisión de Fondos) utilizando la infraestructura física de Metro, una red altamente visible, extendida y difícil de replicar”.

Según Unired, la propuesta de MetroPago podría sentar un precedente que favorezca a empresas con infraestructura pública, como Metro, dejando en desventaja a actores que no cuentan con esas facilidades, como ellos.

La compañía alertó que el ingreso de MetroPago “puede conllevar un cambio estructural en el mercado de servicios de recaudación y carga de fondos, al incorporar un actor con acceso preferencial a infraestructura pública, como es la red de estaciones de Metro”. Existe “un riesgo anticompetitivo por uso de infraestructura privilegiada”.

Otro riesgo que identificó Unired es que Metro propone un sistema donde las tarifas que cobre MetroPago a los emisores estén sujetas a una auditoría que asegure que reflejan sus costos más una ganancia razonable. Aunque eso busca dar transparencia y evitar subsidios cruzados, Unired advierte que podría generar una ventaja para MetroPago. Por un lado, no se exigiría ese mismo nivel de control a otros recaudadores; y por otro, los emisores podrían ver a MetroPago como una opción “certificada” o con respaldo institucional, dándole así más poder frente a competidores como Unired.

A su parecer, la aprobación de la PGC podría darle a MetroPago una ventaja en el mercado, sobre todo al negociar con emisores de prepago. Solo el hecho de tener una propuesta respaldada por el TDLC ya le entrega un apoyo institucional que no se basa en sus condiciones comerciales o tecnológicas, sino en ese aval formal.

Fiscalía Nacional Económica

Los escritos de Tenpo y Unired tienen 11 páginas cada uno, mientras que el de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se extiende por 44. En su informe, la FNE planteó que la propuesta de MetroPago debe cumplir con principios de objetividad, competencia, transparencia y no discriminación, tal como exige la Ley N° 20.950. A su juicio, la propuesta debe ser modificada para respetar esos criterios.

Entre los cambios que sugiere, la FNE propuso establecer reglas claras para tramitar las solicitudes de acceso al servicio, con plazos definidos y mecanismos públicos de información. También recomendó flexibilizar el requisito de reciprocidad, de modo que los emisores puedan usar canales digitales o físicos, aunque no sean propios, y trabajar con terceros que cumplan con los requisitos técnicos. Además, planteó que los emisores puedan certificar sus sistemas tecnológicos con empresas externas reconocidas, que se identifiquen de forma clara los costos que influyen en la tarifa mensual, y que se elimine la Tarifa Recíproca Única, ya que podría no ajustarse a la realidad de cada actor.

La FNE también advirtió que si el TDLC aprueba la propuesta, MetroPago podría quedar con una ventaja competitiva injusta. El aval del tribunal podría interpretarse como una especie de garantía institucional, aunque no refleje necesariamente sus condiciones reales. Eso, advirtió, podría influir en la decisión de los emisores, perjudicando a otros recaudadores sin ese respaldo.

Por último, la Fiscalía recalcó que, si bien la propuesta busca ampliar el acceso a medios de pago, también debe cuidar que no se generen barreras o desequilibrios que afecten la competencia, sobre todo en un mercado donde otros actores, como Unired, no tienen acceso a la misma infraestructura ni operan en igualdad de condiciones.