En los últimos meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric las aprobaciones de proyectos de inversión sometidos a evaluación ambiental han mostrado un crecimiento significativo. Los esfuerzos del Ejecutivo por acelerar estos consentimientos se reflejan claramente en las cifras del tercer trimestre. Durante ese periodo, se aprobaron 100 iniciativas, por un total de US$14.133 millones, cifra que casi triplica el monto registrado en julio-septiembre del año pasado (US$5.820 millones) y que representa un aumento de 143%.

En este tercer trimestre de 2025, ocho proyectos aprobados superaron los US$500 millones, siendo los clave para impulsar fuertemente las cifras. La iniciativa de mayor envergadura visada fue la modificación de la Planta Concentradora Laguna Seca y la Nueva Línea Eléctrica de Minera Escondida, con una inversión de US$2.351 millones.

En la nómina también destacan los proyectos Parque Fotovoltaico Solar Oriente, con una inversión de US$990 millones; Modificación de la Pila de Lixiviación Sulfolix de Minera El Abra (US$741 millones); ajuste del Parque Eólico Antofagasta (US$671 millones); Parque Fotovoltaico Llanos del Sol (US$635 millones); Uso de Efluentes de la Planta de Tratamiento de Riles de Criaderos Chile Mink Limitada (US$600 millones); y las Obras Fluviales en el río Copiapó del Ministerio de Obras Públicas (US$522 millones).

A través de un comunicado enviado el pasado 1 de octubre, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dirigido por la abogada Valentina Durán, destacó que septiembre marcó un hito en la historia de la evaluación ambiental en Chile, aprobándose por parte de la entidad el mayor monto registrado en un solo mes: US$8.687 millones. Esta cifra corresponde a 32 proyectos que fueron autorizados por las Comisiones de Evaluación Ambiental de 12 regiones del país, así como por la Dirección Ejecutiva del SEA.

Sin embargo, en las cifras también hay matices. Así, en el tercer trimestre el monto de los proyectos de ingresados a evaluación ambiental experimentó una caída de 43%. En efecto, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre el total de inversión ingresada a evaluación ascendió a US$12.366 millones, mientras que en el mismo lapso del año previo llegó a US$21.527 millones.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó que “la justificación técnica de la correcta calificación ambiental de cada proyecto debe ser impecable y de una máxima rigurosidad, porque queda expuesta a la revisión administrativa y eventualmente, de los tribunales ambientales”, agregando que “tenemos espacio de mejora como cualquier institución, pero también sabemos que cumplimos una responsabilidad muy relevante en la sociedad”.

“El Presidente Boric lo ha dicho muy claro, la protección del medioambiente no es una traba para el desarrollo, sino una condición habilitante del desarrollo sostenible. ¿Podemos acelerar o agilizar la evaluación? Claro, en eso estamos trabajando, pero también es relevante que tengamos proyectos robustos, con participación ciudadana temprana, con una buena descripción de sus partes y obras, y con propuestas de medidas adecuadas, con buenas líneas de base. Esta es una tarea del sector público, pero también del sector privado, y el debate sobre la calidad de los proyectos muchas veces no lo damos y también es relevante para el desarrollo del país”, concluyó.

Mirada de los expertos

Frente a esta tendencia, el abogado Jorge Femenías, socio de Vial, Larraín Femenías, planteó que no le sorprende “que, en el último trimestre previo a un cambio de gobierno, haya un aumento significativo en (la aprobación de) las inversiones; más bien, me genera una gran satisfacción ver que se ha mejorado la capacitación del personal, que la autoridad ha comprendido el rol fundamental y la importancia de desarrollar proyectos y empresas de manera responsable”.

Pero sostuvo que lo realmente valorable sería “que este esfuerzo no se concentre en un trimestre específico, ni en el último antes del cambio de administración. Lo relevante es que sea un proceso sostenido, que se refleje trimestre a trimestre, semestre a semestre, y año tras año, en la voluntad de la autoridad por acompañar la inversión, apoyar los proyectos y ayudar a cumplir con los estándares ambientales y el desarrollo sustentable, sin caer en enfoques restrictivos o excesivamente burocráticos”.

No obstante, para Alfonso Barros, abogado y defensor de comunidades indígenas en el norte de Chile, la aceleración en la tramitación de proyectos bajo el nuevo marco regulatorio que entrará en vigencia podría generar serias preocupaciones. El abogado afirmó que ha estado en procesos de participación ciudadana en las regiones de Atacama y Tarapacá, donde ha “observado prácticas poco transparentes”, como la intervención de consultoras vinculadas a grandes empresas del sector energético.

Y señaló que si bien parece haber una disminución en la cantidad de proyectos sometidos a evaluación ambiental, ello no necesariamente indica una menor inversión, sino más bien una concentración de los proyectos en iniciativas de mayor escala, como los parques fotovoltaicos. “Estos proyectos se están aprobando rápidamente debido a su naturaleza y la prioridad que ha otorgado el gobierno a las energías renovables en su política energética”, acotó.

Por último, alertó que pese a que estos proyectos presentan un menor impacto ambiental directo, su rápida aprobación está generando tensiones con las comunidades locales, especialmente debido a que muchos de estos parques están siendo instalados sobre áreas que forman parte del desierto florido, debido a su “alto valor cultural y turístico”.