El proyecto de fraccionamiento pesquero quedó ad portas de convertirse en ley, luego que lograra sortear su última valla este miércoles. En una extensa sesión, la comisión mixta alcanzó un acuerdo para resolver el punto más polémico: la distribución de la merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Todo, luego de la dura polémica que significó la entrega de información incorrecta por parte del gobierno poco antes de ser aprobada una distribución de un 52% en favor del sector artesanal, lo que desembocó en el anuncio del cierre de operaciones de Pacific Blu, en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

La comisión mixta logró reabrir discusión sobre la pesquería, a través de la votación de una indicación formulada por los senadores Fidel Espinoza (PS), Daniel Núñez (PC) y David Sandoval (UDI), que terminó siendo aprobada con siete votos a favor, uno en contra -del diputado Jorge Brito (FA)- y dos abstenciones.

La propuesta aprobada zanjó que la cuota de la merluza tendrá una distribución de 45% para la pesca artesanal, y de 55% para la industrial, únicamente si la captura global anual autorizada de la pesquería es inferior a las 35.020 toneladas. En caso que la autorización anual de captura supere dicho monto, cada tonelada adicional será destinada al sector artesanal, hasta alcanzar un tope del 50%. Con ello, la cuota del recurso sería igualitaria, pero con un mecanismo dinámico que favorece al sector industrial.

Cabe recordar que actualmente la distribución de esta pesquería establece un 40% para el sector artesanal y un 60% para el industrial.

La indicación de los senadores también incorporó la distribución de una nueva pesquería: la del besugo. La propuesta -aprobada con 6 votos a favor, dos en contra y dos abstención- estableció un 95% del recurso para el sector industrial.

Si bien no estuvo presente hasta ahora en la discusión parlamentaria, la inclusión del besugo fue calificado como un factor “relevante en la conversación”, según explicó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya que se trata de un recurso de fauna marina que acompaña a la merluza común, pero que actualmente se encuentra en veda desde el año 2010.

“Lo que se está haciendo es que la ley pueda ponerse en el escenario futuro de que pueda abrirse esa pesquería”, dijo Salas, señalando como algo “relevante para generar flexibilidad en la pesquería de la merluza”.

Según detalló el Ejecutivo, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ya encargó los estudios necesarios para determinar si es posible reabrir dicha pesquería y los resultados de esos análisis estarían disponibles en noviembre. Ello permitirá que los comités científicos puedan usar esa información para tomar una decisión.

Adicionalmente, y a través de una indicación presentada por el Ejecutivo, la comisión mixta acordó medidas tendientes a asegurar la sustentabilidad en la captura de la merluza. Esto, a través de la obligación de certificación presencial a todas las naves que realicen desembarques de merluza. Dicha medida fue aprobada con nueve votos a favor, y uno en contra.

El ministro Nicolás Grau destacó que la solución alcanzada en la merluza común permitió alcanzar “acuerdos de consenso o amplias mayorías en todas las pesquerías que este proyecto se planteó analizar”.

“Hemos logrado una mejora en la distribución para el sector artesanal en todas las pesquerías y, además, nos hemos preocupado en esta última, en la merluza, donde había más debate, llegar a un acuerdo que finalmente nos permita no poner en riesgo a la industria que pescaba esa pesquería”, destacó.

Pacific Blu revierte cierre

A través de una declaración, y una vez concluida la sesión de la comisión mixta, Pacific Blu comunicó su decisión de revertir el cierre de sus operaciones.

“Desde Pacific Blu queremos comunicar que hemos decidido revertir la medida de cierre anunciada semanas atrás, al considerar que las decisiones tomadas permiten restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la Región del Biobío”, indicaron desde la compañía.

Según destacaron, el acuerdo alcanzado no se limita únicamente al fraccionamiento de la pesquería de la merluza común, también apunta a la recuperación real de una pesquería emblemática para el país, incorporando medidas concretas de conservación como la certificación presencial de todos los desembarques. “Además, se aprobó la posibilidad de la reapertura de la pesquería del besugo que lleva años cerrada”, remarcaron.

Marcel Moenne, gerente general de Pacific Blu dijo que “hoy sentimos alivio porque el acuerdo alcanzado respeta las condiciones mínimas que requiere nuestra empresa para mantener una operación viable. A pesar de que se aprobó una reducción del fraccionamiento industrial del 60% vigente a un 50%, esta reducción quedó condicionada a la recuperación de la pesquería y al aumento de la cuota global, así como a la reapertura de la pesquería del besugo. De esta forma el Parlamento y el Ejecutivo encontraron una forma de favorecer al sector artesanal sin perjudicar los empleos industriales, cosa que valoramos”.

Moenne agregó que “lo más importante de los acuerdos alcanzados es que se hayan incorporado medidas concretas destinadas a combatir la pesca ilegal y con esto lograr la recuperación de esta pesquería en el mediano plazo. Esto nos da esperanza para proyectar el futuro de la empresa y de ambos sectores, artesanal e industrial”.

En la previa a la votación que zanjó la nueva distribución de la merluza, el ministro de Economía, Nicolás Grau transparentó que “he tenido dos reuniones con la empresa y tengo la sensación que esta propuesta evita el cierre”.

Sonapesca lamenta aprobación

Según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), principal gremio de las pesqueras industriales del país, lo aprobado implica el traspaso de 489 mil toneladas de recursos marinos -valorizadas en cerca de US$160 millones anuales- desde el sector industrial al artesanal. A esto se suma el pago por las transferencias internacionales de casi US$23 millones anuales, que tendrá que costear la industria por las compras internacionales de jurel.

“El fraccionamiento aprobado modifica ese marco legal en forma anticipada y unilateral, sin entregar compensación a las empresas afectadas, generando un grave precedente para la inversión y el respeto de los contratos en Chile”, lamentó Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca.

“Desde el inicio de la discusión de este proyecto hemos advertido la falta de un análisis técnico, tanto en términos financieros como en relación con los efectos que tendrá sobre el empleo. Hasta la fecha el Ejecutivo no supo con certeza cuántas personas quedarían sin trabajo con esta reforma que está impulsando”, precisó Sandoval.

Financiamiento

El proyecto también consiguió sortear un punto que había quedado pendiente, respecto de las necesidades de financiamiento fiscal que genera la nueva distribución de los recursos. En esa línea, el Ejecutivo presentó una fórmula que consiste en establecer el pago de una patente especial para las transferencias de cuotas de jurel que empresas extranjeras realizan en favor de pesqueras nacionales. Para ello, se fijó como pago la cifra de 1,3 UTM por cada tonelada de jurel, con un mínimo a pagar de 250 UTM.

Según detalló la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, dicha propuesta generaría una recaudación anual de $18.212 millones, generando una merma en los ingresos fiscales para el Estado.

Según detalló en un informe financiero sustitutivo, el primer año se generan una menor recaudación neta por $7.948 millones, cifra que aumenta hasta los $21.042 millones desde el cuarto año en que el proyecto está en régimen.

Berner reconoció que el objetivo de la propuesta, inicialmente de 2 UTM por tonelada, “era compensar completamente” los menores ingresos fiscales que prevé el gobierno por los cambios que genera el fraccionamiento, pero que lo aprobado podría costear el mayor gasto fiscal asociado a las fiscalizaciones por concepto de certificaciones".