Pese a la decisión de la empresa Pacific Blu de revertir el cierre de su planta en Coronel, el sector pesquero industrial está lejos de haber quedado contento con el proyecto de fraccionamiento pesquero que impulsa el gobierno. Tanto así, que varias firmas adelantan que, de aprobarse la iniciativa, habrá efectos en el empleo e incluso posibles paralizaciones de faenas. Así lo señalaron al menos desde tres firmas pesqueras, luego que la comisión mixta zanjara el proyecto este miércoles, el que aún debe ser votado por las salas de la Cámara de Diputados y del Senado.

La molestia de las empresas va más allá de los cambios en la distribución de los recursos pesqueros. El proyecto que sería votado la próxima semana, establece cambios en la principal pesquería en términos de recursos: el jurel. En ese caso, la nueva normativa establece que, para el norte grande -de Arica a Antofagasta- y la Región de Los Lagos, la cuota quedaría en un 85% para el sector industrial, y un 15% para el artesanal. Actualmente, este último sector sólo tiene el 5%. En tanto, desde Atacama a Los Ríos, la fórmula impulsada por el Ejecutivo permitió distribuir la cuota en un 70% para el sector industrial, y 30% para el artesanal, sector que actualmente tiene el 10%.

Al cambio de cómo se reparte este recurso, se suma la aprobación por parte de la comisión mixta de una patente especial, que significará un cobro de 1,3 UTM por tonelada por la autorización a las capturas realizadas en nuestra zona económica exclusiva, de cualquier titular que obtenga cuotas de jurel en instancias internacionales. Dicho cobro, es calificado como un “impuesto” por los sectores industriales, lo que agrava la pérdida del recurso y eleva los costos para las empresas.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca -pesquera ligada a la familia Fernández García, dijo que “los cambios derivados del nuevo fraccionamiento pesquero que no tendrán efectos en 2025, sí lo tendrán y de forma sustancial en 2026, afectando la producción de diferentes plantas”.

Y aunque explicitó que en la pesquera “no prevemos cierres de instalaciones, sí es muy posible que se afecte el empleo”.

Respecto a los próximos pasos que seguirán en la firma, dijo que “solo cuando la ley sea publicada, evaluaremos la mejor ruta judicial para exigir las compensaciones e indemnizaciones que esta ley causará a Camanchaca, acción legítima cuando el Estado quita derechos otorgados, sin mediar una compensación de por medio”.

García además tildó de “surrealista” la situación para la pesca industrial, “donde el sector perjudicado por la ley debe pagar los costos para beneficiar a un grupo de pescadores artesanales grande y financiar eventuales costos fiscales con más impuestos a los mismos perjudicados, que reciben un doble golpe”.

Para Andrés Fosk, gerente general de Landes -pesquera ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner-, el cobro de la patente por las transferencias de jurel “es un golpe directo y brutal al principal recurso pesquero del Biobío”, y afirmó que supone un riesgo para la operación de la compañía.

“El impuesto que se pretende imponer sobre el jurel es técnicamente injustificable, ignora la realidad económica del sector y pone en serio riesgo la continuidad operativa de Landes”, indicó, tildando de “sobrecosto arbitrario y desproporcionado” lo aprobado por la mixta.

Agregó que lo dispuesto en el proyecto puede traducirse “en despidos masivos, paralización de faenas y pérdida de competitividad frente a otros países”.

Fosk remarcó que “Talcahuano no merece este trato” y puntualizó que en la firma “no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante una medida que amenaza con asfixiar a toda una industria y condenar a cientos de familias a la incertidumbre, y apelaremos a todas las instancias posibles para revertir esta situación”.

Por su parte, Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, se mostró preocupado tanto por los cambios en la cuota como por el nuevo cobro al sector, que se traduce en “un nuevo impuesto de US$95 por tonelada a las cuotas internacionales que representan un quinto de nuestra operación”, indicó.

“Esta medida no solo vulnera el estado de derecho al modificar una ley vigente, sino que nos impone un sobrecosto del 30% frente a competidores internacionales, afectando directamente nuestra competitividad”, añadió.

En esa línea, planteó que “las consecuencias para la Región del Biobío y Chile serán severas, con menor producción orientada al consumo humano, reducción de puestos de trabajo y caída en las exportaciones”.

Balbontín, detalló que la firma está evaluando “todas las acciones legales necesarias para defender los derechos de nuestra empresa y la estabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad, esperando que este proyecto, que consideramos profundamente perjudicial para el desarrollo sostenible del sector pesquero nacional, no sea aprobado en las cámaras”.

Finalmente, la Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, se sumó a las críticas en contra del proyecto, asegurando que “la carga tributaria de la pesca industrial es proporcionalmente una de las más grandes del sector productivo chileno y una de las más altas del mundo”, añadiendo que es el “único sector productivo que trabaja sobre recursos naturales renovables afectos a un royalty, que se ocupa sólo para recursos no renovables y ahora se ha agregado un nuevo tributo particular”.

La dirigente lamentó que no fue posible convencer al gobierno y a los parlamentarios que no era necesario agregar un nuevo impuesto para la pesca industrial, pues “según nuestro análisis y el de reputados expertos, el solo crecimiento de la cuota global del jurel permitía financiar el proyecto”, criticando que “parlamentarios de otras regiones acogieron el llamado del ministro Nicolás Grau y terminaron colocando un impuesto exclusivo para la Región del Biobío, que ya enfrenta graves problemas de estancamiento económico y desindustrialización”.